Rechazan las críticas de la oposición sobre las asignaciones específicas para cultura y Defensoría del Público

Personalidades de la cultura y la política firmaron una solicitada para rechazar las expresiones desde la oposición acerca de la ley 26522 además de criticar la gestión cultural y de medios del gobierno de Mauricio Macri.

En sociedades que atravesamos la barbarie de dictaduras y genocidios y que hoy nos vemos enfrentadas a los efectos y la acción de la hidra de un modelo económico de timba financiera, desposesión y de vigilancia big data de un capitalismo de plataformas, los discursos agitados por la derecha conservadora en todas sus manifestaciones (Juntos por el Cambio, UCR, Coalición Cívica, conservadores) con motivo del debate sobre asignaciones específicas son muestras del fanatismo que pretende reducir todo problema político a «cuestiones de mercado», como si el mercado no fuera político.

Pero se equivocan y mienten.

Se equivocan porque el fomento de la cultura es crear producción y trabajo. Y porque la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (que fue cambalachezcamente confundida con la Defensoría del Pueblo o una inexistente Defensoría Audiovisual por varios diputadxs cambiemitas) surge de la Ley 26522, que fue el resultado de un proceso democrático y federal de debates de periodistas, organizaciones sociales, empresas, universidades, medios comunitarios, sindicatos, movimientos sociales, especialistas y organismos internacionales. Su creación se enmarca en un movimiento continental de constitucionalismo social que promueve la participación ciudadana y popular, lo que implica considerar a las audiencias no como meros espectadores pasivos, sino como sujetos activos y peticionantes en procesos de participación, decisión y veeduría social. Las funciones de la Defensoría son específicas e irremplazables: generar audiencias activas frente a la comunicación masiva concentrada promoviendo la democracia infocomunicacional, reparar derechos vulnerados a través de espacios de debate y formación y velar por el pluralismo audiovisual. Para esto la Defensoría del Público trabaja, desde sus inicios, en alianza con organismos supranacionales (Fondo de Población de Naciones Unidas, Unesco y Unicef) con carreras de comunicación de todas las universidades nacionales en la articulación de acciones, con sindicatos y organizaciones sociales en programas de calidad académica con reconocimiento internacional para la protección de los derechos de sectores vulnerados de la población (niñez y adolescencia, mujeres y LGTBIQ+, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza); para la promoción de la comunicación diversa e inclusiva, comunitaria y de pueblos originarios y para la alfabetización mediática informacional necesaria en tiempos de culturas digitales.

Su tarea acaba de ser reconocida en el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la OEA, valoró la promoción de acciones orientadas al «tratamiento mediático responsable» de los derechos humanos. El informe de la CIDH, difundido días atrás y que analiza la situación en materia de libertad de expresión en 35 países de América, resaltó un convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Público que fija «un marco institucional para implementar acciones, proyectos y programas que promuevan los derechos humanos, en particular desde su tratamiento mediático». En el capítulo dedicado a la Argentina, la Relatoría sobre Libertad de Expresión pondera tres ejes de la gestión del organismo «el trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, el Pacto Ético contra la Desinformación y el acceso a la información pública». En este sentido el accionar de la Defensoría garantiza el cumplimiento de convenciones internacionales que incluyen referencia a representaciones de grupos vulnerados en prácticas comunicacionales (Pacto de San José de Costa Rica, CEDAW, entre otros)

Mienten porque cuando la oposición conservadora es gobierno despilfarra recursos públicos. Valgan como ejemplos situaciones hoy judicializadas como el robo de equipamiento del Ministerio de Cultura. O casos como en el que la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Hernán Lombardi, quien encabezaba el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante la Presidencia de Mauricio Macri, por manejos sospechosos de fondos para la promoción cultural. Por supuesto, no somos como ellxs: para nosotrxs no hay sentencia mediática ni culpabilización automática. Aún con los niveles degradados de algunas instancias judiciales, esperamos a que se sustancien los procesos y que la Justicia decida en última instancia. Creemos en la Justicia aun cuando una parte de la Justicia no haga nada para que se la respete.

La disparidad en el modo de votar de la oposición fue también síntoma de su falta de coherencia: pasar del rechazo verbal a la abstención en la votación en general y luego a la dispersión entre abstención, voto no positivo en la particular, sumado a los llamativos faltazos varios a la sesión, dan cuenta de que el Interbloque neoconservador es un rejunte peligroso y falto de compromiso democrático.

Por eso, volvemos a reafirmar que la comunicación no es un negocio. Que la comunicación no puede seguir siendo el medio de los sectores políticos concentrados que, sabemos, tienen en el manejo de la comunicación una de las herramientas principales del lawfare. Que los decretos macristas que cercenaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual deben ser suprimidos y que se debe avanzar en un política nacional de comunicación que no puede reducirse a una regulación de defensa de la competencia sino al establecimiento democrático, ciudadano, comunitario, diverso y federal de reglas sancionadas por el Congreso de la Nación como fueron las dos únicas leyes regulatorias de los servicios de comunicación que fueron aprobadas durante períodos democráticos como las Leyes 14241 del año 1953 y la Ley 26522 del 2009.

Por todo esto  rechazamos todo intento de desarticulación de una institución de la democracia como es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como nos proponemos actualizar y ampliar  su campo de intervención en el marco de la convergencia infocomunicacional con nuevas políticas que aseguren la ciudadanía comunicacional que constituye en la actualidad el modo de existencia política en tanto las tecnologías de este paradigma atraviesan nuestra existencia de manera cotidiana.

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Buenos Aires, junio 2022