Un decreto y un proyecto de ley buscan reducir espacios de participación y control ciudadano en asuntos de interés público
El 22 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. Esta iniciativa, como el reciente decreto que elimina controles ciudadanos en la designación de jueces de la Corte, promueven la reducción de espacios de participación y control ciudadano en asuntos de interés público y vuelven a colocar en el centro del debate una pregunta fundamental para la democracia: qué espacio conserva la sociedad civil para participar, incidir y controlar las decisiones públicas.
A raíz de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, un conjunto de organizaciones difundió un comunicado en el que advierte sobre los posibles efectos de la propuesta sobre la participación ciudadana, la autonomía de las organizaciones y el control democrático de las políticas públicas. A continuación, reproducimos el texto completo, en el que expresan su preocupación por los alcances del proyecto.
La transparencia en los procesos de toma de decisiones públicas es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer la democracia. Sin embargo, el proyecto propuesto por el Ejecutivo nacional no va en esa dirección. El texto incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad.
Las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil son de naturaleza diferente y no pueden regularse como si fueran equivalentes. El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder. Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias.
Las organizaciones de la sociedad civil ya tienen obligaciones de transparencia. Rinden cuentas periódicamente ante los organismos de registro correspondientes, informando sus ingresos, egresos y proyectos. Lejos de ampliar la transparencia, el efecto de una iniciativa de este tipo puede ser el contrario: desalentar la participación de organizaciones pequeñas, reducir la pluralidad de voces presentes en el debate público y fortalecer las desigualdades existentes entre quienes cuentan con mayores recursos y quienes representan intereses colectivos o comunitarios, grupos afectados y sus familias, espacios como centros de estudiantes, iglesias y movimientos sociales.
El proyecto genera alertas porque, de avanzar, va a limitar las tareas cotidianas de la sociedad civil. El trabajo sobre los problemas públicos implica que las organizaciones que trabajan en derechos humanos o transparencia, que inciden para controlar los poderes, que buscan mejores políticas públicas en educación o salud, o las que se preocupan por el ambiente, entre muchas otras, necesitan reunirse, enviar correos o realizar llamadas con legisladores, con partidos políticos de oposición, o con funcionarios públicos de cualquier orden. Esa posibilidad no es un privilegio: es una condición indispensable para que el control ciudadano y la incidencia en las políticas públicas sean efectivos.
En el proyecto propuesto, las organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional corren con la posibilidad de que el Estado les exija información extraordinaria invocando conceptos amplios como «seguridad interior» o «interés público». El proyecto las equipara de manera indebida con representantes de intereses extranjeros, lo que reproduce además una lógica que históricamente ha sido utilizada para estigmatizar y restringir el trabajo de la sociedad civil. La experiencia de países que adoptaron leyes de agente extranjero, en Hungría o Paraguay en nuestra región, muestra cómo estas normas terminan operando como herramientas de control que limitan la capacidad de las organizaciones de actuar con libertad.
Sin límites precisos en la ley y con sanciones penales de hasta seis años de prisión para incumplimientos formales, el margen para un uso arbitrario de esta nueva normativa es considerable. Esa asimetría se agudiza cuando se compara con lo que el proyecto prevé para los funcionarios que incumplan el régimen: apenas una «falta grave».
Tan grave como el punitivismo, se suma el efecto disuasorio. Si participar en el debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad o dejar de interactuar con el Estado. No es un escenario hipotético: en distintos países y regiones del mundo se ha observado cómo normas presentadas como herramientas de transparencia terminaron siendo un mecanismo de presión y vigilancia sobre la sociedad civil. Es un patrón que conocemos y que no queremos ver reproducido en nuestro país.
Este proyecto restringe la participación y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, concentra los controles en una autoridad sin independencia y criminaliza errores formales. No fortalece la democracia: la erosiona precisamente donde más importa.
Organizaciones firmantes : Amnistía Internacional · Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) · CELS · Democracia en Red · Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) · Fundación Huésped · Fundación Protestante Hora de Obrar · Fundar · Poder Ciudadano · Abogadas y Abogados del NOA en DDHH y Estudios Sociales (Andhes) · Abuelas de Plaza de Mayo · Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora · Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas · APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) · Caref (Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes) · Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) · Civicus: Alianza Global para la Participación Ciudadana · Curas Opción por los Pobres · Foro de Periodismo Argentino (Fopea) · Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) · Fundación Vía Libre · Fundeps · Greenpeace Argentina · Inecip · Techo · Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST) · Fundación 5 sentidos · Abogados por los Pibes · Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (Aedros) · Agenda de las Mujeres · Amuyen Colectiva Feminista · Asociación de padres y amigos de personas con discapacidad de Eldorado (Apadeil) · APDH Regional Tuyu Sur · APDH La Matanza · APDH Mendoza · Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas · The Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center · Tierra Violeta Asociación Civil · Unión de Productores y Productoras Caprinos (Uproc)…
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Otro retroceso institucional: el Gobierno elimina controles ciudadanos en la designación de jueces de la Corte
Según informó La Política Online, el gobierno de Javier Milei modificó mediante decreto el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema y eliminó mecanismos de participación y control que permitían la intervención de organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Entre los cambios, se suprimen artículos que garantizaban instancias de observación pública sobre los candidatos, se reducen plazos administrativos y se elimina la obligación de publicar información en medios de circulación nacional.
La decisión fue impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y se conoció en medio de la creciente crisis política que atraviesa el oficialismo por el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación patrimonial y judicial ha generado cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores aliados al Gobierno.
Más allá de la coyuntura política, la medida representa un nuevo retroceso en materia de transparencia institucional. Los mecanismos ahora eliminados habían sido incorporados para garantizar mayor publicidad de los antecedentes de los postulantes y facilitar la presentación de observaciones por parte de organizaciones especializadas y de la ciudadanía. La reducción de esos controles concentra aún más las decisiones en el Poder Ejecutivo y debilita instancias de escrutinio público sobre la integración del máximo tribunal del país.
La modificación se suma a otras controversias recientes vinculadas al funcionamiento del sistema judicial y al vínculo del Gobierno con organismos de control, alimentando las críticas de quienes advierten sobre un proceso sostenido de erosión de los mecanismos institucionales de rendición de cuentas.
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