Hay que reconstruir el sujeto de la comunicación popular

¿Qué estrategias hay que impulsar para cambiar las reglas del juego de la comunicación pública y fortalecer a los medios autogestivos? 

Durante la campaña electoral de 2019 no abundaron definiciones taxativas relacionadas con las políticas de comunicación, salvo algunas declaraciones polémicas del entonces candidato a presidente del Frente de Todos, en las que consideraba que los medios de comunicación son un sector reservado a la práctica de los negocios.

Sin embargo, se descontaba que un gobierno nacional y popular debía encontrar un sustento de ida y vuelta en la comunicación popular y construir con ésta una alianza que tomara en cuenta mecanismos de financiamiento, capacitación, capacidad tecnológica, etcétera. Vale decir, existía un consenso tácito acerca de la necesidad de políticas públicas inclusivas para desandar las regresiones dispuestas a golpes de decreto por el expresidente Mauricio Macri.[i]

Esta era la expectativa que se abrió con el triunfo del Frente de Todos en octubre de 2019 entre los actores de la comunicación autogestiva (medios populares, comunitarios, pueblos originarios, pyme de arraigo local y cooperativas), que aspiraban a materializar los postulados centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26511, ya que el desguace de Macri no alcanzó el capítulo relacionado con el fortalecimiento de los medios sin fines de lucro. Tal circunstancia ofrecía al Gobierno nacional la posibilidad de promover el pluralismo y articular comunicación y territorio desde las mediatizaciones locales.

Transcurridos dos años desde que el FDT asumió la conducción del país, un repaso de la gestión de gobierno en materia comunicacional muestra que la política orientada a fortalecer la comunicación autogestiva como estrategia para efectivizar el derecho humano a la comunicación sigue pendiente. En otras palabras, que la cuestión de la sostenibilidad de los medios sin fines de lucro sigue ausente en la agenda del Ejecutivo nacional.

Realmente, llama la atención —además de generar interrogantes y dudas— que un gobierno que tiene a los sectores populares como su principal interlocutor no priorice el empoderamiento de la comunicación autogestiva, espacio estratégico para que la acción comunicacional oficial alcance a quienes constituyen su base social sin las distorsiones del sentido común instalados por los medios hegemónicos, quienes siguen recibiendo la parte del león de la pauta publicitaria oficial.

La pregunta del millón es cómo revertir esta situación para que, como protagonista del espacio público, la comunicación autogestiva pueda construir canales que contrarresten el agudo desequilibrio en la circulación de discursos que, producto del alto nivel de concentración de medios, hace de nuestra democracia una democracia limitada. En otras palabras, qué hacer para que el Gobierno planifique las políticas de comunicación públicas inspiradas en los principios del derecho humano a la comunicación; un derecho, además, habilitante de otros derechos.

La posibilidad para hacer realidad un escenario comunicacional que construya la representación social desde una efectiva pluralidad de voces depende de la existencia de un actor social dispuesto a asumir el desafío de articular entre las distintas organizaciones sociales para generar las condiciones de posibilidad que permitan incidir en la definición de las políticas públicas sobre el campo mediático; es decir, colocar en la agenda gubernamental la comunicación autogestiva y articular desde la sociedad con el Estado la gestión de aquellas políticas que hagan realidad la pluralidad desde las mediaciones locales.

Esto requiere recrear el sujeto de la comunicación popular, como en su momento sucedió con la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que dio sustento social y formuló las bases de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde luego, como todo proceso organizativo, social y político se trata de una construcción compleja. Con un horizonte federal, esta iniciativa debería surgir desde las redes de medios autogestivos existentes y contar con el acompañamiento, entre otros, de sindicatos, facultades de Comunicación, organizaciones libres del pueblo y de derechos humanos. ¿Por qué las redes? Porque funcionan inspiradas en valores como la cooperación y el asociativismo, están arraigadas en el territorio y tienen capacidad para accionar de manera transversal.

La finalidad de este sujeto de la comunicación popular es que el Gobierno nacional asuma las propuestas de la comunicación autogestiva para generar acciones que fortalezcan las redes sociales existentes y promover el surgimiento de otras que disputen sentido desde parámetros de calidad, con lenguajes y formatos que refuercen lazos identitarios locales, nacionales y latinoamericanos que amplíen audiencias. En tal sentido, habrá que organizar instancias de capacitación y asistencia técnica que hagan sostenible la producción de contenidos que convoquen a la participación popular sobre los temas de la agenda pública, como así también estrategias de comercialización, administración, etcétera. Es decir, la capacidad de este nuevo sujeto de la comunicación de alcanzar su finalidad estratégica (colocar en la agenda gubernamental la comunicación autogestiva) está estrechamente ligada a la tarea de fortalecer el funcionamiento de la comunicación popular existente.

Desde luego, es necesario acompañar estas acciones con la promoción de un intenso debate colectivo que genere consenso social acerca de que el fortalecimiento de la comunicación autogestiva es un asunto de primer orden, ya que los medios inciden sobre las formas en que pensamos, conocemos y construimos nuestra sociedad.

Finalmente, y a modo de resumen, la construcción de relatos que reflejen a nuestra sociedad en su complejidad y diferencias, acuerdos y desacuerdos resulta inviable bajo los términos del mercado. En cambio, sí habrá ampliación de derechos y se podrá liberar la palabra del discurso hegemónico de una minoría con políticas públicas que profundicen la sinergia entre el Estado y los actores de la comunicación como constructores del poder que sostiene los cambios.

Desde luego, nadie dice que sea fácil. Los procesos de democratización son complejos y pueden concretarse cuando hay actores genuinos de la sociedad civil con capacidad de construcción transversal para impulsar una comunicación que expresa a todos los sectores, objetivo que está en la raíz misma de la democracia.


[i] El gobierno de Cambiemos disolvió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aftic). Ambos organismos fueron reemplazados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). También modificó varios artículos y derogó dos fundamentales de esta ley: el 48 y el 161, los cuales ponían límites a la concentración de licencias. Gracias a esos cambios, los límites que la ley imponía a la concentración de licencias fueron ampliados y el Enacom se convirtió en el nuevo encargado de autorizar la transferencia de licencias haciéndolo, obviamente, en favor de los intereses de grupos hegemónicos. Estas reformas hicieron posible que Telecom Argentina (Fintech) y Cablevisión Holding (Grupo Clarín), afines al Gobierno de Cambiemos, tuvieron vía libre para fusionarse en una sola empresa.

Marcelo Valente

Comunicador. y periodista. Coordinador General de Comunicación Institucional del Senasa (2004-2013), jefe de Prensa de la Secretaría de Ambiente de la Nación (2003-2004), director provincial de Prensa del Ministerio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires (1996-1998)

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