Periodismo en tiempos de Milei: Por qué defender el Estatuto del Periodista es defender el derecho a la información
En un contexto de hostilidad creciente hacia el pensamiento crítico, la derogación del Estatuto del Periodista Profesional no es solo un golpe laboral, sino un ataque directo a la calidad democrática. Este texto analiza la urgencia de proteger la independencia informativa frente a la avanzada de la Ley de Modernización Laboral y las conclusiones del reciente Congreso de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).
El gobierno de Javier Milei, en el marco de su política anarcocapitalista, ha centrado su ataque contra los derechos humanos a la educación y a la información bajo la premisa de que un pueblo educado e informado resulta más difícil de colonizar y de afectar en su juicio crítico.
En esta línea, el Poder Ejecutivo empobrece a la docencia en todos sus niveles con sueldos indignos y la desprestigia socialmente de forma constante, pese a ser agentes básicos del proceso educativo. Además, desfinancia la educación en general y afecta gravemente el pilar esencial de una formación integradora e igualitaria basada en la enseñanza pública, gratuita y de calidad.
Asimismo, quienes se dedican al noble oficio del periodismo son agredidos, mal remunerados y ninguneados constantemente por el presidente. A su vez, Milei tacha de «ensobrados» o comprados a quienes informan aspectos que no coinciden con su pensamiento; los degrada tratándolos de «cerdos» o «excrementos», amenaza con enviarlos a la hoguera y recrimina a la sociedad no «odiarlos lo suficiente». El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha denunciado 173 ataques al periodismo solo en el primer año de gestión.
Ley 12908: Un hito de dignidad
En 1938 se creó en la Argentina la Federación Argentina de Periodistas. Era un momento difícil en el que se necesitaban regulaciones que ayudaran a dignificar laboral y económicamente a las mujeres y hombres que ejercían la profesión. Esta normativa era, y sigue siendo, de particular importancia para garantizar que la información no se contamine con los intereses económicos del medio de difusión en su rol de patronal.
El 25 de marzo de 1944, mediante el Decreto 7618, nació el Estatuto del Periodista Profesional, ratificado en 1946 por la Ley 12908. La norma implicó una protección especial para estos trabajadores por encima de las leyes generales, ya que la tarea periodística, dada su particularidad, merece una tutela jurídica que supera lo meramente laboral.
Gracias a este estatuto, los y las periodistas lograron una estabilidad reforzada que les otorgó protección contra despidos por opiniones o publicaciones, el derecho a una indemnización agravada por despido sin causa, preavisos especiales y el reconocimiento de la especialidad de sus funciones. También se les garantizó una jornada limitada, salarios mínimos por categoría y la prohibición de la precarización mediante formas indirectas de contratación. Durante ochenta años, la Ley 12908 no buscó otorgar privilegios corporativos, sino «blindar» institucionalmente la función social del periodismo.
Ley de Modernización Laboral 27802
Actualmente, mediante la Ley 27802 del 6 de marzo de 2026 —mal llamada de modernización laboral—, se ha dispuesto la derogación de la Ley 12908 a partir del 1 de enero de 2027. Esta reforma afecta inconstitucionalmente numerosos derechos y vulnera el «principio de progresividad», que prohíbe al legislador adoptar medidas injustificadas que provoquen un retroceso en derechos fundamentales consagrados (según fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Si bien el Estatuto debe ser defendido, también puede perfeccionarse para contemplar los avances de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como internet, redes sociales, teletrabajo, inteligencia artificial y plataformas digitales. No obstante, esto no es solo un tema laboral: los cambios deben analizarse en profundidad con la participación de todos los sectores para resguardar el trabajo periodístico. De ninguna manera se puede retroceder en lo logrado. El Estatuto es una construcción histórica destinada a proteger la independencia del periodismo frente al poder político y económico.
En la actualidad, la nueva realidad de los derechos humanos permite enriquecer la perspectiva liberal clásica. Antes, las libertades de prensa y expresión se centraban solo en el individuo frente al Estado. Hoy, el concepto alcanza el derecho público subjetivo de las sociedades como un bien social que debe ser defendido colectivamente ante el Estado y ante otros grupos que puedan interferir en su goce.
Congreso de Fatpren
Entre los días 17 y 18 de abril de 2026, se llevó a cabo en Carlos Paz, Córdoba, el Congreso de la Fatpren. El encuentro contó con más de 150 representantes de diversos sectores, como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), Fopea y las facultades de Comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
En dicha ocasión, se eligió por unanimidad a Carla Gaudensi y a María Ana Mandakovic como secretaria general y secretaria adjunta de la Fatpren, respectivamente. Durante las jornadas se abrió un foro de debate sobre la actualización del Estatuto, donde se sostuvo que su eliminación precariza la actividad y atenta contra la libertad de expresión.
Función esencial de interés público institucional
En mi participación en el Congreso, pude plantear la función periodística integral desde la realidad actual. Propuse conceptualizar la tarea del profesional como premisa básica de la normativa, sugiriendo la inclusión del siguiente texto como artículo primero del Estatuto:
«El trabajo del periodismo profesional cumple una función esencial, no estatal, de interés público institucional, en tanto garantiza la dimensión social e individual de la libertad de expresión como derecho humano, posibilita el control democrático y asegura el derecho de la sociedad a recibir información adecuada. Su tarea, orientada a recolectar, verificar, interpretar y difundir información de relevancia social, contribuye al debate, colabora en la formación de la opinión pública y sostiene el funcionamiento del sistema democrático. Por estas razones, el periodismo cuenta con derechos y garantías específicas que permiten el ejercicio de una labor libre. La defensa de este trabajo es condición necesaria del sistema que tutela y se le otorga una protección especial frente a restricciones o responsabilidades ulteriores.»
Defensa del Estatuto
El Congreso ratificó la defensa del Estatuto del Periodista Profesional, rechazó su derogación en el marco de las reformas laborales del Gobierno nacional e impulsó la tarea de actualizar la normativa sin perder los derechos conquistados.
Miguel Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés, exjuez federal de Córdoba, especialista en cooperativas y mutuales y periodista de opinión.
SEGUIR LEYENDO
Las juventudes y los algoritmos
POR FERNANDO PEIRONE | A diferencia de los millennials, los Z no intentan conciliar su vida con el pasado; simplemente dieron vuelta la página. Arrojados a una sociedad informacional sin el tutelaje de los adultos, los más jóvenes crean sus propios protocolos de supervivencia ante un mercado implacable y la intervención de los algoritmos.
La guerra del hielo: cómo el oficialismo intenta construir sentido común para destruir la Ley de Glaciares
POR MARCELO VALENTE | Un documento de seis organizaciones ambientales analiza las narrativas y desmonta las falacias que el Gobierno nacional y las corporaciones mineras repiten en medios y declaraciones públicas para justificar una reforma que no tiene evidencia o sustento empírico en los datos, y que, según centenares de juristas, viola la Constitución nacional.
Democracia, mérito e inteligencia artificial: cómo recuperar el bien común antes de que sea tarde
POR ESFERA REDACCIÓN | En un diálogo que cruza economía y filosofía, Daron Acemoglu y Michael J. Sandel exploran las raíces del malestar democrático: desigualdad, meritocracia, mercados desbordados y el avance de la inteligencia artificial. La conversación propone una clave: reabrir el debate público sobre qué valoramos como sociedad.
Niñez, adolescencia y redes sociales: Prohibir o no prohibir, esa no es (la única) cuestión
POR MARÍA CAPURRO ROBLES | Un repaso del debate global sobre redes sociales y adolescencia: por qué limitar la edad de acceso puede ser una medida insuficiente si no se regulan también los algoritmos, el diseño de las plataformas y la explotación de datos.
