El Gobierno nacional eliminó el Fomeca: El derecho a la comunicación en emergencia

Por medio de la Resolución 11/2026 el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) disolvió el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) y lo reemplazó por el Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (Foproa). La medida redefine el esquema de financiamiento estatal y coloca en un mismo plano a medios comunitarios, alternativos, populares y autogestivos con medios comerciales tradicionales, muchos de ellos grandes empresas del sector.
La norma publicada en el Boletín Oficial dispone: «derógase el Reglamento General del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca)», aprobado originalmente por la Resolución Enacom Nº 735/20. En su lugar, aprueba el Reglamento General del Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (Foproa), concebido «como un mecanismo destinado a la implementación de las políticas públicas para la promoción y desarrollo del sector audiovisual».
El texto de la resolución dice que la transformación normativa busca adaptarse a la «constante evolución tecnológica» y a la necesidad de «atraer inversiones en el sector» para generar contenidos «de calidad, capaces de atender las demandas de la audiencia local y de insertarse competitivamente en el mercado global».
El cambio implica, además, dejar sin efecto la Resolución Enacom N° 1436/20, que regularizaba el registro previo al concurso para acceder a los fondos de Fomeca, considerado una «exigencia burocrática».
El reemplazo del Fomeca por el Foproa muestra las prioridades del Estado en materia de comunicación, dado que la decisión impacta de lleno en el sostenimiento económico de medios comunitarios y alternativos, que históricamente han sostenido la diversidad informativa frente a un mercado concentrado.
Al redefinir las reglas de acceso a financiamiento estatal y abrir el juego a actores con fines de lucro, la resolución busca profundizar desigualdades estructurales en el ecosistema mediático argentino, debilitando espacios de expresión autónoma y limitando la pluralidad de voces, en momentos en que estos principios son centrales para la vigencia efectiva de la libertad de prensa y de expresión democrática.
Desde la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta) denuncian que es una estrategia para a «beneficiar medios afines», ya que «incorpora a los medios con fines de lucro, abriendo la puerta para que las empresas del sector reciban financiamiento estatal bajo una falsa “igualdad de condiciones»», que desconoce las asimetrías estructurales entre los proyectos sin fines de lucro y los conglomerados mediáticos concentrados, atentando contra la pluralidad de voces y favoreciendo la concentración mediática.
Conta también denuncia que el Gobierno nacional «se burla del espíritu de la Ley 26522, que buscaba democratizar la comunicación y fomentar la pluralidad de voces», señalando que los recursos retenidos —estimados en más de quince mil millones de pesos, que provienen del impuesto que pagan todos los medios audiovisuales— serán utilizados en medios alineados políticamente con la gestión.
«Con la falsa premisa de una “modernización de la industria”, así como planea aprobar una reforma laboral esclavista, el gobierno libertario da un paso más contra la comunicación como derecho humano, atacando al sector comunitario con la eliminación del Fomeca», consignan desde Conta.
«Sin medios comunitarios la libertad es un verso«, finaliza el comunicado de Conta.
Por su parte, el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) emitió un comunicado en el que repudia la eliminación del Fomeca y denuncia las políticas del Gobierno nacional contra los medios comunitarios y cooperativos que golpean su sostenimiento, lo que vulnera la pluralidad de voces y el derecho y el derecho a la comunicación de toda la sociedad».

Más allá del marco normativo, la Resolución 11/2026 se trata de una reconfiguración de la política comunicacional, que favorece una visión mercantil por sobre la definición de la comunicación como un derecho humano.
MJP/Con información de Anred
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