Cambios normativos en el Cono Sur favorecen a la concentración mediática
Brasil cuenta con una nueva ley que aumentó los límites de las concesiones de radio y televisión que se pueden tener a nivel nacional, mientras que en Argentina se derogó la legislación vigente y se eliminaron estos topes. En Uruguay, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de nueva Ley de Medios que aumenta los límites de la cantidad de licencias para radio y TV que se pueden acumular.
Los gobiernos de Argentina y Brasil aumentaron los límites a la concentración mediática —por medio de una decisión gubernamental en el primer caso y mediante una ley en el segundo— algo que el oficialismo en Uruguay también busca, a través de un proyecto de ley que ya fue aprobado en una de las cámaras parlamentarias.
A mediados de enero, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio sanción definitiva a la Ley Nº 14812 aprobada por el Congreso —la cual efectúa modificaciones sobre el Decreto 236 de 1967—, aumentando sustancialmente el límite de concesiones de estaciones de radio y TV que «sociedades nacionales de cualquier naturaleza jurídica, incluidas las unipersonales» pueden poseer a nivel nacional.
La nueva normativa, presentada en su discusión a iniciativa de la bancada evangélica y aprobada con un Congreso de mayoría compuesta por los partidos de derecha, duplica de diez a veinte las concesiones permitidas para brindar servicios de TV en todo el territorio y aumenta el límite de las concesiones de las estaciones de radio de seis a veinte.
Según denuncia el presidente de la Asociación Brasileña de Radios Comunitarias (Abraço Brasil), Geremias dos Santos, la ley fue tramitada de manera sorpresiva y apresurada, «sin ningún diálogo con la sociedad». «El resultado será un sistema de medios aún más concentrado y verticalizado», sostuvo.
Sin límites
En el caso de Argentina cambió el mecanismo, pero no el resultado. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) —llamado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina— el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei efectuó cambios sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –Ley N° 26522 y la Ley de Telecomunicaciones y TIC.
La decisión gubernamental suprimió los límites a la concentración de radio y TV a escala nacional —antes eran de quince licencias—, manteniendo solo algunos topes a nivel local. Esto fue calificado por el experto e investigador Martín Becerra como «inédito en comparación con la regulación vigente en EE. UU, Europa y en la historia argentina».
Por otro lado, también se eliminaron restricciones en términos de propiedad cruzada, habilitando a empresas de televisión satelital a tener canales de TV abierta y radios.
El investigador Agustín Espada sostuvo que estas decisiones parecen dirigirse hacia un proceso de «concentración del mercado». «El gobierno beneficia en distinta medida a casi todas las principales empresas participantes del mercado y deja en una situación endeble a los actores medianos y pequeños», afirmó.
Una nueva Ley de Medios
En Uruguay la coalición de gobierno impulsa un proyecto de nueva Ley de Medios” (Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual), el cual ya obtuvo la aprobación en la Cámara de Diputados a fines de 2023.
La iniciativa deroga la actual normativa y, entre otros puntos, busca duplicar el límite de la cantidad de licencias para radio y TV que una persona física, jurídica o grupo económico puede ostentar de tres a seis, a nivel nacional —y hasta 4 en la zona metropolitana—. En el caso de licencias de TV paga, la iniciativa busca aumentar el límite dispuesto actualmente de tres a ocho.
Por otro lado, el proyecto busca eliminar un tope que solo permite que las empresas de TV cable puedan vender el 49 % de sus acciones a grupos extranjeros lo cual, junto con la flexibilización de los límites a la concentración, podría implicar una mayor extranjerización de sistema mediático nacional
Cabe destacar que frente a la intención de derogar la vigente Ley de Medios —la cual ha sido calificada como una referencia de regulación democrática de medios por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Human Right Watch (HRW)— la Universidad de la República (Udelar) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) manifestaron su «preocupación» y calificaron el nuevo proyecto como un “retroceso”.
Fuente: Observacom
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