Democracia, mérito e inteligencia artificial: cómo recuperar el bien común antes de que sea tarde

La filosofía no ocurre en el vacío. Para Sandel, lejos de los sistemas cerrados o las abstracciones autosuficientes, pertenece a la vida pública: a la ciudad, al intercambio entre ciudadanos. En esa tradición que remite a Sócrates —más conversación que doctrina—, la filosofía política no impone principios, sino que provoca preguntas: ¿qué hace justa a una sociedad?, ¿qué debemos unos a otros?, ¿qué lugar deben ocupar los mercados?

Esa idea, que Acemoglu recoge y tensiona, introduce un matiz clave: no se trata de aplicar principios universales como recetas —al estilo de Kant o Rawls—, sino de sostener un diálogo que oscila entre dilemas concretos y valores generales. La filosofía, así entendida, no disciplina el debate democrático, lo abre.

Sobre ese terreno, la discusión se desplaza hacia uno de los núcleos del malestar contemporáneo: la meritocracia. En La tiranía del mérito, Sandel advierte que el problema no es solo la desigualdad material, sino la cultura que la legitima. El éxito, bajo esta lógica, se interpreta como mérito puro; el fracaso, como responsabilidad individual.

El resultado es doble: quienes ganan tienden a sobreestimar su propio esfuerzo y quienes quedan atrás cargan con una culpa silenciosa. Incluso en una meritocracia «perfecta», sostiene Sandel, el daño persistiría: se erosionaría el sentido de comunidad al olvidar el papel de la suerte, el contexto y las contribuciones colectivas.

Acemoglu profundiza ese argumento al introducir el factor contextual: lo que una sociedad valora —habilidades, talentos, profesiones— no es universal ni atemporal. Cambia con la estructura económica. Un programador puede ser hoy más valorado que un abogado, como antes lo fue la fuerza física o la destreza artesanal. El mérito, entonces, no es una medida pura de virtud, sino una construcción social.

De allí emerge una distinción central: no alcanza con discutir la distribución del ingreso (justicia distributiva); también importa cómo se distribuye el reconocimiento (justicia contributiva). Una sociedad puede reducir desigualdades económicas y, sin embargo, mantener jerarquías de prestigio que degradan trabajos esenciales.

Durante la pandemia, recuerda Sandel, se visibilizó el valor de tareas históricamente subestimadas —cuidadores, repartidores, personal de salud—. Pero ese reconocimiento fue efímero. El orden simbólico no cambió.

El problema, advierte Acemoglu, es que ese orden no se rediseña fácilmente: surge de procesos sociales complejos, donde el mercado funciona como referencia dominante. Sin embargo, Sandel insiste en que el mercado no es un árbitro moral fiable. Si lo fuera, habría que aceptar que actividades altamente rentables —desde la especulación financiera hasta el entretenimiento masivo— aportan más valor social que la educación o el cuidado.

Esa equivalencia, claramente, no se sostiene. La cuestión es cómo traducir ese desacuerdo moral en reglas concretas: impuestos, regulaciones, límites a ciertas prácticas. Porque los mercados no son naturales: son construcciones políticas.

En ese punto, la conversación se amplía hacia los límites del capitalismo. Más que rechazar los mercados, ambos coinciden en que el problema es su expansión hacia esferas donde desplazan otros valores. La diferencia entre «economía de mercado» y «sociedad de mercado» resulta clave: en la segunda, todo —salud, educación, vínculos— queda sujeto a la lógica de compra y venta.

El caso de las finanzas ilustra esa tensión. Si su función es asignar capital a actividades productivas, gran parte del sistema actual parece desviarse hacia la especulación. Pero Acemoglu introduce cautela: no hay una línea clara entre lo productivo y lo improductivo. Muchos instrumentos financieros son ambivalentes; su impacto depende de cómo se utilicen y regulen.

Lo que sí resulta evidente es la concentración de poder: finanzas y tecnología no solo generan riqueza, sino capacidad de influencia sobre decisiones sociales y políticas. Esa acumulación refuerza otra dimensión crítica de la desigualdad: la política.

Para Sandel, la desigualdad no solo distribuye mal recursos, sino que fragmenta la experiencia social. Ricos y pobres ya no comparten espacios, instituciones ni trayectorias. La consecuencia es una democracia debilitada, sin experiencias comunes que sostengan el diálogo. De allí la importancia de reconstruir infraestructuras cívicas —escuelas, transporte, espacios públicos— donde diferentes clases se encuentren.

Esa reconstrucción remite a un concepto más profundo de libertad. Frente a la visión dominante —libertad como elección individual en el mercado—, Sandel propone una concepción cívica: ser libre es participar en la configuración de la vida colectiva.

Pero ese ideal enfrenta tensiones. Acemoglu señala el riesgo de comunidades que, en nombre de la tradición, limiten derechos individuales. La pregunta es cómo equilibrar pertenencia y autonomía sin caer ni en el individualismo extremo ni en el comunitarismo opresivo.

La respuesta, aunque incompleta, apunta a un doble compromiso: comunidades abiertas al pluralismo y derechos individuales que no se justifiquen al margen del bien común, sino como condiciones para la deliberación democrática.

Ese equilibrio se vuelve aún más frágil ante el avance de la inteligencia artificial. Aquí la conversación adquiere urgencia. La IA amenaza con erosionar no solo empleos, sino también la dimensión cívica del trabajo: su capacidad de otorgar reconocimiento, dignidad y participación social.

Ni siquiera soluciones redistributivas —como la renta básica— resolverían ese problema si no se aborda la cuestión contributiva: qué significa aportar a la sociedad. Al mismo tiempo, las grandes empresas tecnológicas concentran un poder creciente sobre la esfera pública, redefiniendo cómo circula la información y cómo interactúan los ciudadanos.

Sin embargo, hay un punto de acuerdo decisivo: la dirección de la tecnología no es inevitable. Depende de decisiones políticas. Puede orientarse hacia la automatización que reemplaza trabajadores o hacia la innovación que amplifica sus capacidades.

La cuestión es quién decide. Hoy, en gran medida, lo hacen inversores y corporaciones. Recuperar ese control implica reabrir la deliberación democrática sobre el sentido de la innovación.

En ese horizonte, Sandel identifica una señal de esperanza: el deseo, aún latente, de un debate público más sustantivo, menos tecnocrático y menos polarizado. Acemoglu coincide, aunque introduce una advertencia decisiva: la democracia puede ser más resiliente de lo que parece, pero el tiempo no. La pregunta, entonces, no es solo si es posible revitalizarla, sino si se llegará a hacerlo antes de que el deterioro sea irreversible. Y aun con esa incertidumbre, la conclusión es menos una certeza que un imperativo: empezar.

Nota completa y video en Project Syndicate

PERFILES

Michael J. Sandel

Galardonado con el Premio Berggruen de Filosofía y Cultura,^[1]Distinción internacional otorgado por el Berggruen Institute (con sede en Los Ángeles, EE. UU.) a pensadores cuyas ideas han contribuido significativamente a la comprensión de la condición humana … Continue reading es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard. Autor de La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común? (Debate, 2020). En este texto Sandel analiza los límites de la meritocracia y cómo esta narrativa ha erosionado el sentido de comunidad.

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Daron Acemoglu

Premio Nobel de Economía 2024 y profesor del Instituto de Economía del MIT, es coautor (junto con James A. Robinson) de Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty  (Profile, 2019) y coautor (junto con Simon Johnson) de  Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity (PublicAffairs, 2023). 

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