Gustavo López: «Está en riesgo toda la producción cultural de nuestro país»

El vicepresidente del Enacom alerta sobre la ley que vence este año. Según el funcionario, «no se trata exclusivamente de una cuestión de industria y de trabajo, de por sí importante ya que afectaría a cientos de miles de trabajadores, sino que tiene que ver con una cuestión identitaria, que es constitutiva de una Nación».

Como se sabe, si de acá a diciembre los diputados no se inspiran, el cine, el teatro, la música argentina y las bibliotecas públicas, entre otras actividades culturales, perderán el apoyo directo del Estado, que hasta ahora les corresponde por ley. Un artilugio «metido» en 2017 por el gobierno de Macri entre gallos y medianoche quita los fondos directos para todas esas actividades a partir del 31 de diciembre próximo. Después de una larga lucha de los trabajadores del cine y la cultura, el 3 de mayo pasado la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de mayoría para llevar al recinto un proyecto presentado por el diputado Pablo Carro, del Frente de Todos. Ese proyecto determina la prórroga en la provisión de esos fondos por cincuenta años más. Pero el bloque de Juntos por el Cambio se opone, seguramente por considerar a la cultura de una nación tan valiosa como un paquete de salchichas de producción argentina. Conclusión: el proyecto de Carro no tiene fecha de tratamiento, y diciembre está cada día más cerca.

Para hablar del tema, Página/12 entrevistó a Gustavo López, que fue presidente del Sistema de Medios Públicos (2007-2008) e Interventor del Comfer (1999-2001), y desde diciembre del año pasado es vicepresidente del Enacom, el organismo que recauda y distribuye los fondos en cuestión.

—¿Cuál es la historia de fomento a las distintas actividades culturales en la Argentina?

—Desde el año 1972 existen los gravámenes a la radiodifusión, hoy audiovisual. Estos gravámenes los pagan los licenciatarios de canales de TV abierta, por cable, satelital y los titulares de las radios. El Ente recaudador era el Comfer, hoy Enacom, por lo que nosotros somos el organismo recaudador y distribuidor de los recursos de acuerdo a la Ley 26.522 actualmente vigente. Ya en el año 1994, con la Ley de Cine, se asignó el 25% de los recursos recaudados para la producción audiovisual a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). En 1997, con la Ley de teatro, se ampliaron las asignaciones específicas al teatro a través del Instituto Nacional del Teatro (INT), asignándose un diez por ciento del total y con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, se reafirmó lo anterior, agregándose asignación específica de recursos para Radio y Televisión Argentina (RTA), el Enacom, la Defensoría del Público, el Fomeca (fondo para la comunicación comunitaria) y para la música independiente a través del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

—¿Cuál es la política del Estado en otros países en relación con los bienes culturales?

—Todos estos recursos son generados por la propia actividad y tienen asignación específica para la producción cultural y comunicacional. Leyes similares tienen la mayoría de los países del mundo, fundamentalmente toda Europa, buena parte de Asia y África, toda América Latina y Canadá. Sería imposible la producción audiovisual en un mundo globalizado, sin leyes de fomento y promoción de la cultura. En Europa, además de la promoción del audiovisual, adicionan cuota de pantalla y cuotas de producción. Canadá, por ejemplo, no sólo fomenta el audiovisual, sino a la industria editorial y fonográfica en su totalidad. En la Argentina, la industria cultural y la producción cultural crecieron y se desarrollaron en los últimos treinta años al calor de las leyes de fomento y promoción.

—¿Qué piensa de esta modificación de la ley por parte del gobierno anterior?

—Cuando el gobierno de Macri envió el proyecto de ley al Congreso prorrogando el vencimiento de algunas asignaciones específicas de impuestos que nada tenían que ver con el tema, agregó subrepticiamente el vencimiento de estas asignaciones que en realidad no tenían plazo alguno y pasaron a vencer en diciembre de este año. De operarse el vencimiento de la asignación específica de estos recursos caería más del 80 % de la producción audiovisual. Terminaría el teatro independiente en nuestro país, desaparecerían algunos organismos que deberían ser financiados exclusivamente por el Estado, no se produciría música de manera independiente y las bibliotecas populares serían puestas en crisis. Es decir que de no modificarse este vencimiento se pondría en riesgo toda la producción cultural de nuestro país.

—¿Por qué piensa que hasta ahora la Cámara de Diputados no tomó cartas en el asunto, a pesar de los incesantes reclamos de todos los representantes del medio cinematográfico en particular y de la cultura en general?

—Hacia final del año pasado la Cámara de Diputados comenzó a elaborar un proyecto de prórroga del vencimiento de la asignación específica, del que fui firmante en mi paso como Diputado. El presidente de la Cámara asumió el compromiso de impulsar el tratamiento que ya cuenta con despacho de comisión y esperamos que se pueda tratar en la primera sesión.

—¿La modificación no puede derogarse, en lugar de posponerse por el período que sea?

—Sólo se va a discutir el plazo de vencimiento de la asignación específica. El proyecto del frente de Todos prevé un plazo de cincuenta años. Si bien en las leyes anteriores no hay un plazo de caducidad, los tributaristas sostienen que debe tenerlo, por ser recursos de asignación específica. Por eso se estableció en el proyecto un plazo prolongado para generar certidumbre en la actividad. Hoy un proyecto cinematográfico demanda varios años de preparación, lo mismo que los documentales, los realizadores y productores necesitan certidumbre para poder trabajar.

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