El fomento a la cultura no debe tener caducidad

En las últimas semanas, una gran cantidad de organizaciones sociales, de artistas y de trabajadores se están movilizando para garantizar que el fomento de numerosas actividades de la cultura y la comunicación no tenga fecha de caducidad, ya que desde hace décadas constituye una política de Estado en la Argentina.

Nuestra identidad, además de los símbolos patrios, dispone de costumbres, manifestaciones artísticas y prácticas culturales en la que nos gusta reconocernos y que nos reconozcan. Esto, en tiempos de medios masivos, redes sociales y plataformas digitales, también se ve reflejado en una economía muy especial: la de las industrias culturales y la economía del conocimiento.

Hoy tenemos urgencias económicas, pero eso no debe hacernos perder de vista que las actividades audiovisuales y culturales, además del valor simbólico, constituyen cadenas de valor y producción de contenidos que involucran a casi setecientos mil puestos de trabajo directos e indirectos y más del tres por ciento del valor bruto de producción agregado en nuestra sociedad.

Fomentar a las actividades culturales, a la comunicación diversa y plural y a las bibliotecas populares con recursos específicos, es también desplegar nuestra soberanía, dinamizar la creatividad de nuestra gente, exportar arte y atraer más turismo.

En Argentina, el quiebre de las políticas de fomento ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. A fines de 2017, en medio de las discusiones del pacto fiscal y reforma jubilatoria, con trámite exprés y un criterio fiscal ortodoxo, pusieron una fecha de vencimiento al giro automático de fondos determinados por Ley de Cine, Servicios de Comunicación Audiovisual e Impuesto a los Juegos de Azar, para diciembre de 2022.

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Ahora, tras la pandemia, no es muy difícil reconocer que las industrias culturales necesitan más que nunca el apoyo del Estado nacional. El aporte público y privado a dichas industrias tiene un efecto multiplicador inmediato en las economías de cada región del país.

Pensemos en cuántas producciones, cuántos recitales y actividades teatrales no habrían sido posibles sin estos fondos por los que hoy estamos luchando. O imaginemos que las bibliotecas populares ya no puedan seguir funcionando: sólo miradas mezquinas o ignorantes impedirían que tantos niños, niñas y adolescentes no sólo usen sus libros sino también cuenten con acceso a internet, material audiovisual e incluso con apoyo escolar en las bibliotecas de ciudades, pueblos y parajes del país.

Presenté un proyecto junto a otros diputados del Frente de Todos para prorrogar por cincuenta años las asignaciones específicas a industrias e instituciones culturales. Días pasados logramos que avance el dictamen favorable promovido por el FdT y acompañado por un amplio arco político: el Interbloque Federal, el Interbloque Provincias Unidas, y el Interbloque Frente de Izquierda y de Trabajadores.

Miles y miles de personas están tomando conciencia y activando el reclamo: garantizar los programas de fomento de los Institutos Nacionales de Cine y Artes Audiovisuales, de la Música, del Teatro, las bibliotecas populares mediante la Conabip, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el Enacom y el Fomeca para medios comunitarios, así como el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Esperamos que en los próximos días, debatamos en el recinto y aprobemos el proyecto que garantiza la llegada de estos recursos a todos los territorios provinciales a través de esos institutos, y que promueven —además— proyectos de pequeñas y medianas empresas y miles de artistas y artesanos locales.

Se trata de una cuestión en la que no puede haber grieta. Defender los miles de puestos de trabajo que estos sectores generan y proteger nuestra soberanía cultural es una tarea que nos debemos todas y todos como sociedad.

¡Digamos sí a la soberanía cultural!

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Pablo Carro

Diputado nacional por el Frente de Todos (Córdoba), presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Docente en la cátedra de Política y Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la UNC.

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