Convergencia tecnológica y libertad condicionada
La convergencia entre plataformas digitales, poder económico y decisión política está redefiniendo los límites de la democracia contemporánea. Un reducido grupo de milmillonarios controla hoy infraestructuras tecnológicas que no solo generan negocios extraordinarios, sino que condicionan gobiernos, erosionan derechos y habilitan nuevas formas de vigilancia y control social. El caso de Palantir, su expansión en Estados Unidos y la habilitación de marcos legales compatibles en la Argentina, exponen hasta dónde puede llegar esta nueva arquitectura del poder.
Las plataformas tecnológicas basadas en software y datos, desarrolladas para la vigilancia poblacional, la difusión de desinformación, la intimidación y persecución de críticos, el debilitamiento del sistema democrático y la preservación de privilegios, están hoy controladas por un reducido grupo de milmillonarios.
No se trata solo de negocios. Estas plataformas se han convertido en agentes políticos con capacidad efectiva para reprimir, censurar y distorsionar el debate público y las libertades democráticas. Los milmillonarios no solo acumulan riqueza: condicionan gobiernos, modelan dispositivos de control social y concentran un poder que debilita derechos políticos y civiles, configurando sociedades cada vez más obedientes y alejadas de una ciudadanía crítica.
La convergencia entre tecnología, poder económico y decisión política ya no es una hipótesis. Un puñado de corporaciones controla infraestructuras digitales que hoy definen qué se vigila, a quién se persigue y qué derechos se vuelven negociables.»
Desde el regreso de Donald Trump al poder, la corporación Palantir ha firmado más de un centenar de contratos con unas quince agencias federales y ministerios de los Estados Unidos por un monto cercano a los seiscientos millones de dólares. Al proveer plataformas de gestión de datos de inteligencia al Ejército, al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) y a la agencia de control migratorio (ICE), la empresa cofundada por Peter Thiel amplía de manera sostenida su control sobre la infraestructura digital del Estado.
Del control migratorio al laboratorio global
Una de esas plataformas es ImmigrationOS, un sistema que permite al ICE focalizar y priorizar medidas coercitivas, realizar seguimientos casi en tiempo real de las llamadas «autoexpulsiones» de migrantes y racionalizar la identificación y expulsión de personas extranjeras bajo el argumento de la eficiencia administrativa.
En el documento que justifica la contratación del software de Palantir, el ICE cita como fundamento los decretos presidenciales 14159 (20 de enero) y 13773 (febrero de 2017), que establecen el imperativo de «garantizar la expulsión eficaz y rápida de los extranjeros de Estados Unidos».
Durante los primeros siete meses del segundo mandato de Trump, el ICE deportó a más de doscientas mil personas, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional registró 17.500 autoexpulsiones fomentadas activamente por la administración.
ImmigrationOS ofrece a los agentes una plataforma única para autorizar allanamientos domiciliarios, registrar detenciones, generar documentación legal y trasladar personas detenidas a centros de detención o directamente a vuelos de expulsión. Para ello, los algoritmos de Palantir cruzan bases de datos que tradicionalmente no se utilizaban para operaciones migratorias: registros financieros, información fiscal, datos del Departamento del Tesoro y de otras agencias federales.
Lo que se presenta como eficiencia administrativa es, en realidad, un sistema integral de vigilancia, clasificación y expulsión. La tecnología no solo ejecuta políticas: las vuelve posibles, masivas y opacas.»
Esta infraestructura también ha sido utilizada para vigilar y potencialmente detener a grupos calificados como de «extrema izquierda», especialmente tras el asesinato del dirigente conservador Charlie Kirk.
Tres acontecimientos recientes tienen a Palantir como telón de fondo: el ingreso ilegítimo de Estados Unidos en Venezuela y el posterior secuestro de Nicolás Maduro; la modificación de la Ley de Inteligencia argentina mediante el DNU 941/2025 impulsado por Javier Milei; y la ola de detenciones y el asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis a manos del ICE.
Peter Thiel y Alex Karp forman parte de la tecnooligarquía global, junto con figuras como Mark Zuckerberg y Elon Musk. Palantir, valuada en unos cuatrocientos mil millones de dólares —más que el PBI de varios países—, opera a escala planetaria y está asociada a dispositivos de vigilancia, represión y violencia, desde Estados Unidos hasta los territorios ocupados en Medio Oriente. Además, son los responsables de las matanzas en la Franja de Gaza y ahora también Cisjordaniay de las detenciones del ICE, la Gestapo de Trump en EE. UU.
Argentina como terreno de prueba
En la Argentina, los principales obstáculos para la implementación de un esquema de este tipo han sido históricamente la protección de la privacidad y la separación de poderes. El DNU 941/2025 desplaza estas garantías y otorga superpoderes a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), modificando la Ley de Inteligencia para crear una estructura legal compatible con un aparato de vigilancia digital masiva.
El decreto elimina las barreras entre inteligencia, seguridad y defensa, y concede facultades policiales a agentes de inteligencia sin supervisión judicial efectiva. En su artículo 15 crea la llamada Comunidad Informativa Nacional, que integra de forma obligatoria a más de una docena de organismos públicos con acceso a datos personales, centralizando información sensible bajo la dirección de la SIDE sin mecanismos claros de control.
El modelo ya no es lejano ni ajeno. Las mismas plataformas y lógicas que operan en Estados Unidos encuentran hoy en la Argentina un marco legal dispuesto a habilitar la vigilancia total.»
Entre los organismos involucrados se encuentran el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Aduana, el Registro Nacional de Armas (Renar)y el Centro Nacional de Ciberseguridad, con la posibilidad de incorporar cualquier otro ente público que posea datos considerados de interés.
En julio de 2024, Patricia Bullrich había creado una Unidad de Inteligencia Artificial en el ámbito del Ministerio de Seguridad, con funciones que incluyen el patrullaje de redes sociales, el análisis de cámaras de seguridad en tiempo real, el reconocimiento facial, la predicción de delitos mediante algoritmos y el uso de drones para vigilancia aérea. Estas capacidades encuentran hoy un marco legal explícito con el DNU de Milei.
La lógica es clara: construcción de perfiles exhaustivos mediante la integración de todas las bases de datos disponibles; mapeo en tiempo real de redes sociales; rastreo de movimientos a través de geolocalización, teléfonos, reconocimiento facial y patentes; minería de datos y predicción de comportamientos.
El aspecto más alarmante es que, mientras jueces y fiscales requieren una causa probable para investigar a un ciudadano, la SIDE podrá operar con un circuito paralelo basado en la simple sospecha de amenazas latentes o riesgos estratégicos. Todas las operaciones serán secretas y las personas vigiladas no tendrán forma de saberlo.
En la práctica, la sociedad entera queda bajo la vigilancia permanente del Ojo de Sauron digital, símbolo icónico de control y poder del Señor Oscuro de Tolkien.
La mesa chica de la oligarquía tecnológica
Según un informe de Oxfam publicado el 19 de enero de 2025 durante el Foro Económico Mundial, seis milmillonarios —Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page y Sergey Brin— controlan nueve de las diez plataformas de redes sociales más grandes del planeta. Este poder digital concentrado no solo genera ganancias extraordinarias, sino que se utiliza para vigilar, restringir libertades y manipular el debate público.
El informe advierte que la riqueza conjunta de los milmillonarios aumentó en 2,5 billones de dólares en un solo año, una cifra comparable a la riqueza total de las 4.100.000.000 de personas más pobres del mundo. Además, señala que los milmillonarios tienen cuatro mil veces más probabilidades de ocupar cargos políticos que la ciudadanía común.
Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam, sostiene que esta brecha económica produce una brecha política «enormemente peligrosa e insostenible» y que los países con altos niveles de desigualdad tienen muchas más probabilidades de sufrir retrocesos democráticos.
La concentración se extiende también a la inteligencia artificial: tres billonarios controlan cerca del 90 % del mercado global de chatbots. Este poder opera con escasa regulación, fuerte impacto ambiental y enorme capacidad para moldear el imaginario colectivo.
Mientras en Davos se habla de «espíritu de diálogo», el avance del poder digital concentrado continúa en silencio. En la Argentina, frenar el DNU 941/2025 es una responsabilidad democrática urgente del Congreso y de la Comisión Bicameral de Inteligencia, antes de que el país vuelva a recorrer caminos de persecución ya conocidos.
Alfredo Moreno
Computador Científico. Director de Sistemas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) y Profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Placts).
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