POR ARAM AHARONIAN | Obligar a Assange a declararse culpable de un solo cargo implica que el gobierno de EE.UU. mantendrá la amenaza de usar la Ley de Espionaje contra cualquier periodista que se atreva a reportar sobre asuntos de seguridad nacional.
POR WASHINGTON URANGA | El argumento siempre es el mismo: motosierra y licuadora para generar un ajuste que permita llegar al déficit cero. La explicación sirve para todos los rubros y se aplica a cualquier tipo de espacios. Desde el mismo día que asumió la presidencia Javier Milei inició su campaña contra la cultura, la comunicación y, en particular, los medios públicos. Primero fue Télam. Detrás siguieron el resto de los medios públicos en particular la Televisión Pública y radio Nacional. Nuevamente, argumentos económicos. Lo que sigue en pie es gracias a la resistencia organizada de trabajadoras y trabajadores.
POR ENRIQUE DANS | Las iniciativas para el fomento del pensamiento crítico y la lucha contra la desinformación tienen que estar a todos los niveles, porque limitarse a la escuela, aunque suponga sembrar a largo plazo, equivale a dejar el camino libre para que las campañas de desinformación manipulen a varias generaciones.
POR ALFREDO MORENO | El presidente disocia la realidad virtual de la realidad de la Argentina. Se expresa sin filtros, actúa por intermedio de su avatar conectado a la plataforma país donde cada día hay más pobres y más violencia. Metaverso es una plataforma donde converge la realidad virtual y la realidad aumentada que permite interacciones multisensoriales. Milei vive y se promociona diariamente en este contexto.
POR MIGUEL RODIGUEZ VILLAFAÑE | Como un coletazo de las medidas de ajuste del Gobierno nacional, Córdoba puede perder los servicios del multimedio de su Universidad. Las autoridades de la UNC adelantaron que se no harán cargo del financiamiento de Canal 10, radio Universidad, la página web de noticias Cba24N y sus redes sociales en Internet. La Constitución cordobesa habilita a las autoridades provinciales para que puedan tomar cartas en el asunto para proteger un bien social que pertenece a la vida y la personalidad propia del pueblo cordobés.
POR MARCELO VALENTE | Ante las limitaciones al derecho a la comunicación que impone la gestión del gobierno, se propone una construcción colectiva que haga posible la articulación de los actores comunicacionales con organizaciones populares, sindicales, académicas y sociales.
POR ALFREDO MORENO | El uso de la tecnología digital e internet, está impregnando y transformando todos los sistemas sociales, culturales, laborales y económicos; la educación de las personas está en su centro.
POR FERNANDO PEIRONE | Esta nota fue publicada por la revista Anfibia en enero de 2017 atendiendo al contexto de aquel entonces. Sin embargo, sigue vigente, ya que desde la política es frecuente justificar sus limitaciones como un problema de comunicación —un malentendido ciertamente riesgoso— o utilizar las redes sociales como si fueran versiones actualizadas de los «massmedias» sin considerar necesario repensar la adhesión acrítica a éstas.
POR ESFERA REDACCIÓN | Con el foco puesto en cómo defender la libertad de expresión y la pluralidad de voces en este nuevo contexto político, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual realizó la audiencia pública 2024 en tres jornadas (viernes 10, modalidad presencial, y lunes 13 y miércoles 15 de mayo en modalidad virtual). Participaron más de doscientas personas. Las jornadas se transmitieron por streaming de video desde el canal de YouTube del organismo con interpretación lengua de señas argentina y subtitulado simultáneo en la transmisión.
POR WASHINGTON URANGA | La comunicación de las políticas públicas, el cierre de dependencias. Las consecuencias para la comunicación popular y comunitaria.
POR MARIANA ALDERETE | Según estadísticas de ONU, los femicidios (es decir, asesinato producto de violencia de género) son un problema global. Pero la violencia de género también se demuestra en cómo son comunicados estos casos; un nuevo estudio encontró que el 86% de las coberturas mediáticas culpabilizan a las víctimas.
