Vigilancia con inteligencia artificial: Amnistía advierte sobre una infraestructura de control en la Argentina
Un informe de Amnistía Internacional advierte que, durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, la Argentina amplió de manera acelerada sus capacidades de vigilancia e inteligencia mediante reformas institucionales y la incorporación de tecnologías como reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y drones. El organismo alerta asimismo sobre el despliegue incontrolado de la vigilancia basada en la IA, que refuerza una infraestructura tecnoautoritaria de control social.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el Gobierno nacional avanzó en una transformación silenciosa pero profunda de su aparato de seguridad e inteligencia. Según el informe Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, elaborado por Amnistía Internacional, buena parte de esos cambios se realizó mediante decretos y resoluciones, sin debate parlamentario, mientras se incorporaban nuevas herramientas tecnológicas capaces de ampliar la capacidad estatal de recopilar, procesar y cruzar información.
El problema, advierte el organismo, no reside solamente en la tecnología utilizada, sino en la combinación entre herramientas cada vez más sofisticadas, ampliación de facultades estatales y ausencia de controles suficientes. El resultado es una infraestructura de vigilancia que puede afectar derechos fundamentales y producir un efecto disuasorio sobre quienes participan de protestas, ejercen el periodismo o expresan posiciones críticas.
De acuerdo con los datos publicados por Amnistía, entre 2024 y 2025 el Gobierno adquirió tecnologías de vigilancia por al menos 1,2 millones de dólares. Entre ellas figuran plataformas capaces de recopilar y analizar grandes volúmenes de información procedente de redes sociales, sitios web, bases de datos públicas y la dark web; software de reconocimiento facial y sistemas de vigilancia aérea mediante drones equipados con cámaras térmicas, rastreo automatizado y transmisión de imágenes en tiempo real.
El informe se apoya en entrevistas a veintiún personas —entre periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos—, documentación sobre contrataciones estatales e información obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública. A partir de esos testimonios, el análisis señala que la vigilancia no constituye una amenaza abstracta: algunas personas comenzaron a autocensurarse en redes sociales, redujeron su participación en manifestaciones o extremaron precauciones al organizar actividades públicas por temor a ser identificadas.
Uno de los escenarios observados son las movilizaciones de jubilados frente al Congreso. Ana Tapia, integrante de Jubilados Insurgentes, describe la presencia cercana de drones durante las protestas y la sensación de estar permanentemente identificados. Esa percepción resulta central para comprender uno de los efectos menos visibles de la vigilancia: no hace falta que exista una sanción concreta para modificar conductas. La posibilidad de estar siendo observado puede bastar para desalentar la participación.
Para Amnistía Internacional, esta expansión debe leerse además en un contexto internacional más amplio. El organismo identifica una tendencia global hacia el uso creciente de tecnologías basadas en inteligencia artificial para vigilar a defensores de derechos humanos, migrantes, jóvenes, grupos marginados y voces disidentes. La disponibilidad de estas herramientas alimenta, a su vez, un mercado privado de vigilancia cada vez más poderoso y difícil de someter a controles democráticos.
Es allí donde la discusión tecnológica se convierte en una discusión política. La capacidad de identificar rostros, seguir movimientos, reconstruir vínculos o analizar conversaciones públicas puede ser presentada como un instrumento de seguridad. Pero cuando esas facultades crecen sin mecanismos adecuados de transparencia, supervisión y rendición de cuentas, la frontera entre prevención y control social se vuelve cada vez más tenue.
Amnistía reclama por eso que la Argentina prohíba las tecnologías de reconocimiento biométrico remoto cuando sean utilizadas para vigilancia masiva o discriminatoria y establezca regulaciones estrictas para la adquisición, producción, importación, exportación y utilización de sistemas de vigilancia. También exige mecanismos que permitan investigar abusos y determinar responsabilidades.
La advertencia del informe trasciende, en definitiva, la incorporación de una u otra herramienta. Lo que está en juego es qué límites democráticos se establecen frente a una capacidad tecnológica del Estado que crece mucho más rápido que los controles destinados a contenerla. En ese desequilibrio, la inteligencia artificial deja de ser solamente una innovación técnica: puede convertirse en una infraestructura permanente de poder.
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