El Gobierno impulsa una reforma que elimina los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Gobierno busca tratar en el Senado el 6 de agosto, modifica aspectos centrales de la Ley de Tierras. Entre otros cambios, elimina restricciones a la compra de campos por capitales extranjeros y facilita desalojos de comunidades campesinas e indígenas.
El Gobierno impulsa el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en los hechos constituye una reforma de la Ley de Tierras. La iniciativa elimina restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y modifica normas que, según organizaciones sociales y especialistas, facilitarían los desalojos de comunidades indígenas y campesinas.
El tratamiento en el Senado está previsto para el jueves 6 de agosto. Para esa jornada, organizaciones políticas y sociales convocaron a una movilización frente al Congreso. El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, define la propuesta como «una contrarreforma a favor del capital».
Asimismo, la reforma forma parte de un paquete legislativo más amplio que incluye el denominado Super RIGI, un régimen de promoción para grandes centros de datos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, complejos que demandan enormes cantidades de energía y agua para refrigerar los equipos informáticos.
Qué cambia la reforma
Tras la crisis financiera global de 2008, la tierra pasó a ser un activo estratégico para los capitales especulativos internacionales. En ese contexto, la Ley de Tierras, sancionada en 2011, estableció límites a la extranjerización de las tierras rurales.
La normativa vigente dispone que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden adquirir más del 15 % de las tierras rurales del país. Ese límite también rige para cada provincia y municipio. Además, fija un máximo equivalente a mil hectáreas en la zona núcleo de la producción agropecuaria para un mismo titular extranjero.
La ley también consideró extranjeras a las empresas controladas en hasta un 25 % por personas físicas o jurídicas del exterior. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri modificó ese criterio mediante el Decreto 820/2016 y elevó ese umbral a más del 51 %.
Sobre esos antecedentes, el proyecto impulsado por La Libertad Avanza propone:
- Eliminar los límites para la compra de tierras rurales por parte de empresarios o compañías extranjeras;
- Suprimir la restricción que impide adquirir más de mil hectáreas en la zona núcleo de la producción agropecuaria;
- Dejar sin efecto la prohibición de comprar tierras ribereñas de cursos de agua permanentes o ubicadas en zonas de frontera;
- Eliminar el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, organismo encargado de regular la actividad y controlar el cumplimiento de los límites establecidos por la ley;
- Modificar el concepto de «titularidad extranjera» para permitir la compra de tierras por parte de personas físicas no residentes y de empresas con participación de capitales internacionales. De ese modo, fondos de inversión como los de Arabia Saudita, Vanguard, BlackRock u otras corporaciones transnacionales podrían adquirir tierras sin restricciones.
- Incorporar el juicio sumarísimo para habilitar desalojos en zonas urbanas y rurales, con posibilidad de recurrir a la fuerza pública»
- Mantener las prohibiciones vigentes únicamente para los Estados extranjeros y las empresas estatales extranjeras;
- Delegar en las provincias la decisión sobre qué tierras vender o la posibilidad de dictar normas específicas de protección, apelando al argumento del «dominio originario», utilizado anteriormente para modificar el alcance de la Ley de Glaciares;
- Derogar el artículo 4 del Decreto 15385 de 1944, que declara de conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos (entre esas zonas se incluyen, por ejemplo, las áreas de frontera);
- Limitar la capacidad del Estado para expropiar tierras por razones de utilidad pública, mediante modificaciones a las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial.
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego. La prohibición de cambiar el uso del suelo después de un incendio quedaría limitada exclusivamente a los bosques nativos definidos por ley, dejando sin protección a humedales, pastizales, matorrales y áreas agrícolas.
Un mapa de la concentración
Según el Observatorio de Tierras, la reforma profundizaría el proceso de extranjerización de la tierra rural en Argentina. Actualmente existen más de trece millones de hectáreas en manos extranjeras, concentradas principalmente en áreas consideradas estratégicas: zonas de frontera, la ribera del río Paraná, nodos logísticos, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y amplias superficies de bosques nativos.
Un relevamiento del mismo organismo señala que 36 municipios ubicados en esas áreas ya superan el límite del 15 % de extranjerización previsto por la legislación vigente. En cuatro de ellos el porcentaje supera el 50 %: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), todos emplazados en zonas cordilleranas o precordilleranas con recursos hídricos o minerales.
Los principales propietarios extranjeros de tierras en Argentina son ciudadanos estadounidenses, con 2,7 millones de hectáreas; italianos, con dos millones; y españoles, con 1,7 millones. A ello se suma la ocupación británica de 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas y otras 246 mil hectáreas en el territorio continental. Además, unos 2,2 millones de hectáreas están controladas por empresas radicadas en paraísos fiscales o países con regímenes especiales.
Entre las compañías con mayor presencia territorial en el país figuran Arauco (Chile), Benetton Group (Italia) y Cresud, controlada por el empresario argentino Eduardo Elsztain.
Según el último Censo Nacional Agropecuario (2018), la distribución de la tierra continúa altamente concentrada: el uno por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36 % de la superficie, mientras que el 55 % de los establecimientos más pequeños dispone apenas del dos por ciento de la tierra.
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