Sostén mediático al supremo asalto al poder
La implacable sucesión de acciones con las que la Corte Suprema afianza su ofensiva institucional y política, apropiándose de potestades del Ejecutivo y del Congreso, está perfectamente coordinada con los despliegues de los medios opositores, que hacen posible que los supremos usurpen una centralidad que reconfigura el poder en la Argentina.
Después de haber abatido una ley que tenía quince años en vigencia y repuesto otra que había sido derogada por el Congreso para asaltar así el Consejo de la Magistratura, la mafia judicial multiplicó decisiones contrarias a Cristina Kirchner, tomó otras para favorecer a uno de sus padrinos, Mauricio Macri, y además pretende ponerse al frente de «los temas que importan a la gente», como el narcotráfico. Todas estas operaciones son anticipadas, publicitadas y luego alabadas con entusiasmo por Clarín, La Nación e Infobae como cabezas del relato sin el cual nada de esto sería posible.
Por supuesto, la disputa abierta en el Frente de Todos es presentada día a día en titulares apocalípticos y descripta como un internismo irresponsable en el que el campo es dividido en una parte maligna y peligrosa, el kirchnerismo, y otra algo tonta, algo torpe, débil, indecisa, pero más cercana al rumbo «correcto»: apoyarse en el embajador Stanley, ahora aparente sostén del ministro Guzmán, y en los empresarios más poderosos del país, para ajustar.
Todos los «análisis» y notas se dirigen por lo tanto a desacreditar las propuestas económicas «cristicamporistas», al extremo de constituir, según tipeó Pagni en La Nación, una «agenda propia de gobierno» que lleva a la existencia de «dos gestiones».
El sábado, Suppo escribió en La Nación que «Ella» pierde poder, es «el fin de un mito», se termina la «sugestión» sobre su liderazgo político. Infobae publicó una nota gemela, sobre «la irrelevancia de la vicepresidenta», con unas analogías grotescas con la historia política estadounidense. De manual: el día anterior Bonelli también había escrito en Clarín que «Ella» pierde poder y que su palabra ya no repercute, aunque toda la nota fue dedicada a esa repercusión.
El goce mediático con la crisis del FDT, con infaltable colaboración de los «off» que relatan cómo el presidente exclamaba y movía los brazos durante el vuelo hacia Europa, con tapas casi siempre idénticas en los últimos diez días, convive con la exaltación a la Corte y su activismo. Clarín parece haber olvidado títulos y notas sobre tropelías en Rafaela con las que acosaba a Lorenzetti, tan alineado con la escalada institucional que se convirtió en portavoz: se hizo cargo del trabajo indigno de reivindicar a la Corte y combate el derecho del legislador a proponer leyes.
Que esta Corte y el amplio sector del Poder Judicial que controla sean presentados por estos medios como preocupados por el narcotráfico busca ocultar que la magnitud del drama con epicentro en Rosario fue alcanzada gracias a la ineficacia, cuando no la aberrante complicidad, del aparato judicial, el mismo que ahora se luce en diarios, radios y canales de TV afines.
Se vende en esta campaña un poder impoluto, un grupo de ciudadanos de «mensaje transparente», como tipeó Van der Kooy en Clarín, para contrastarlo con políticos ineficientes que solo se ocupan de sus internas.
Rosatti, en cuyo palmarés republicano luce haber aceptado sumarse a la Corte por decreto, igual que el ¿ex? defensor del Grupo Clarín, Rosenkrantz, emite mensajes en los que atribuye el desastroso accionar de la justicia a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Además, dicta políticas para las fuerzas federales. Es más tranquilizador encargar la seguridad a Jack el Destripador.
El domingo Clarín y La Nación apuntalaron aún más la instalación el tema elegido por la Corte para su ataque: publicaron notas voluminosas sobre narcotráfico en Bolivia y Paraguay como peligro —obvio— para Argentina.
Rosatti también echó culpas, que antes habían sido publicadas por la fuerza de tareas judiciales de Clarín, al Servicio Penitenciario Federal, por las acciones que según dijo dirigen desde allí los presos. El ataque en este caso es a la interventora Garrigós de Rébori, para quien este dispositivo de poder siempre tiene munición gruesa por haber sido dirigente de Justicia Legítima.
Es que, como le pasó al juez de Paraná en el caso del Consejo de la Magistratura, todo magistrado que no se ponga en fila con la mafia suprema morderá el polvo: por caso, se multiplican títulos para acusar de corrupción al juez Villena, de Lomas de Zamora, quien osó investigar el espionaje macrista.
Esta banda que se juntó en Rosario hizo un «fuerte gesto» (Infobae), dio una «fuerte señal» (La Nación), dio un «histórico mensaje al gobierno» (Clarín). Fue una acción de «alto impacto», escribió Lanata el sábado, quien acaso por pura torpeza o por soberbia dio a conocer el guión que sigue: la Corte tendrá que hacer «horas extras»: tiene en sus manos cincuenta recursos en causas contra Cristina Kirchner y el conflicto por la coparticipación con Larreta, entre otras oportunidades para «señales de poder», como las llama La Nación.
