Senador del FdT impulsa un proyecto para declarar servicio público esencial a Internet
Se trata de una iniciativa impulsada por Alfredo Luenzo en la que replica el contenido del DNU 690 dictado hace un año atrás por el presidente Alberto Fernández, hoy judicializado a instancias de Telecom, a la que luego se sumaron Telecentro y DirecTV.
El senador nacional Alfredo Luenzo, senador del Frente de Todos por la provincia de Chubut, presentó el pasado miércoles un proyecto de ley para declarar a internet como servicio público, luego del mensaje que dio desde Tecnópolis el presidente Alberto Fernández en el marco de la presentación del nuevo plan Argentina Programa, iniciativa que busca capacitar sesenta mil argentinos. En su discurso Fernández dijo que hoy «es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos» y garantizó que «esa prestación será catalogada como servicio público». Además, indicó que el planteo de considerar Internet como servicio público no es exclusivo de Argentina sino que está en sintonía con decisiones que han tomado en otros países de la región
En agosto del año pasado, el Gobierno dispuso por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que las empresas prestadoras de servicios de telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias y aquellas quedaban obligadas, en caso de falta de pago, a mantener un servicio reducido.
Sin embargo, la medida fue duramente cuestionada por los grandes operadores que llevaron el tema a la justicia. El primero en hacerlo fue Telecom (Grupo Clarín) que en abril de este año logró que la Cámara Contencioso Administrativo Federal hiciera lugar a la medida cautelar solicitada (regiría por seis meses, hasta octubre). Luego, se otorgó la cautelar a Telecentro y DirecTV que hicieron la solicitud en forma conjunta. El Poder Ejecutivo y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) apelaron la decisión solicitando que fuera la Corte Suprema la que resolviera.
«Quería desde la presidencia de la comisión acompañar y apoyar públicamente la decisión que ha tomado el presidente de avanzar en declarar a Internet como un servicio esencial público», anunció Luenzo durante una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que preside (ver video al final de la esta nota). La movida de Luenzo sorprendió a propios y ajenos y hasta fue considerada en una nota publicada en El Cohete a la Luna como «una jugada extraña».
El legislador consideró que este es «un tema central» y que el DNU 690/21 —frenado en la Justicia— fue «un gran paso» pero «lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema».
«La conectividad es el eje central de nuestras vidas», expresó, y señaló: «Tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su realidad con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior, donde el mercado no lo puede resolver», dijo el senador en una entrevista con el Parlamentario.
En esa línea, el chubutense enfatizó que «la brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante. Hay provincias como el caso de Formosa, que apenas el 30 % tiene acceso a la conectividad. Provincias como las nuestras, en la Patagonia argentina, donde rondamos el 40 % y 50 %. Y esto significa lisa y llanamente, en un marco de pandemia como estamos viviendo, ser excluidos del sistema educativo, de salud, del trabajo y economía del conocimiento».
Por eso, el senador aseguró que este «acompañamiento firme» a la intención del Presidente «se va a ver traducido en el día de hoy con la presentación de un proyecto de ley. Esto implica un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el Presidente de ir por un marco normativo legal, firme, robusto, y que realmente el acceso a Internet sea una realidad, no solamente en Capital, sino en todos los rincones de la Argentina».
Qué busca el proyecto
El proyecto ingresó el miércoles 11 de agosto al Senado y ratifica la declaración de «de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes». Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo relativo de provincias y regiones.
Así lo expresa el texto, que recuerda que «sí como el gas, la electricidad y el agua fueron los servicios públicos tradicionales, los servicios de tecnologías de la información y la comunicación son los nuevos servicios públicos del siglo XXI».
«El Poder Ejecutivo Nacional ha tomado las medidas urgentes y necesarias que la situación exige. Le corresponde ahora al Parlamento asumir su rol y sancionar la legislación de fondo que materialice políticas públicas en materia de tecnologías de la información y la comunicación diferenciadas, que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El ideal igualitario es el elemento sustantivo de este proyecto de ley, que trata de plasmar legalmente el mandato constitucional expresado en el artículo 75, inciso 19 de nuestro texto fundamental», destaca Luenzo.
Al respecto, el legislador sostuvo que «tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su relación con internet pero esta no es la realidad que tiene el interior del país donde el mercado no lo puede resolver” y remarcó que “la brecha digital que tenemos en la Argentina es alarmante».
En ese orden de ideas, el proyecto modifica el programa de servicio universal que tiene como objetivo «asegurar el acceso de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas, localización geográfica o limitaciones físicas». Este servicio universal será actualizado con periodicidad y en un plazo no mayor a dos años en función de «las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la política de las TIC, las que promoverán medidas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones». Por otro lado, declara a la telefonía móvil un servicio público, esencial, estratégico en competencia.
En relación con el esquema tarifario, el proyecto de ley ratifica el criterio establecido en el DNU 690/20.
En síntesis, el proyecto de ley se propone «continuar y fortalecer el camino iniciado por el Gobierno Nacional a través de los DNU 297/20, 311/20 y especialmente el DNU 690/20. En este contexto, la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital; el desafío central de estos tiempos».
