Por una democracia mediática

No hay diversidad de voces en el sistema de comunicación, no hay reflejo de la pluralidad de miradas y aportes que requiere la democracia. Esta realidad restringe la posibilidad efectiva del debate para el intercambio de ideas y la construcción política colectiva. Se trata de un asunto que también le compete abordar al oficialismo. 

La campaña electoral, pero también la derrota del Frente de Todos (FdT) en las PASO, volvió a replantear el papel del sistema corporativo de medios en el escenario político. Y ni siquiera porque quienes fueron candidatos en el oficialismo hayan denunciado abiertamente la situación, sino lisa y llanamente por la evidencia de que la comunicación, en todas sus aristas, es una arena en la que se dirimen muchas disputas vinculadas con la política. Tan cierto como que el escenario de la comunicación hoy es abiertamente contrario a lo que requiere el sistema democrático, aún más allá de posiciones partidarias. Porque cambiaron las formas de participación en la sociedad y porque se modificaron también los modos tradicionales de entender y practicar la política.

Aquí y en el mundo está reiteradamente visto y advertido lo pernicioso que resulta la concentración de la propiedad de medios en manos de grupos corporativos que solo reparan en sus propios intereses. Cada día más advertimos sobre la existencia de ecosistemas cerrados de comunicación que funcionan inspirados en visiones y estrategias estrictamente comerciales, al margen de cualquier interés ciudadano, que restringen el acceso de voces y personas que no coinciden con sus perspectivas. Aunque resulte redundante decirlo no hay diversidad de voces en el sistema de comunicación y, como consecuencia directa, no hay reflejo de la pluralidad de miradas y aportes que requiere la democracia.

Para salir al cruce de las objeciones a la afirmación anterior, es preciso señalar que no alcanza con enarbolar la bandera de la libertad de expresión en términos liberales, porque esa categoría se apoya en el principio de los derechos políticos individuales que parte de una supuesta igualdad de derechos y deberes de ciudadanos y ciudadanas en una sociedad que hoy tiene una constitución esencialmente desigual en casi todos los sentidos. También porque los Estados —aquí y en buena parte del mundo— ya no están en condiciones de actuar en representación legítima de las diversas manifestaciones ciudadanas debido a la influencia, la presión y el protagonismo que tienen los actores privados. Más allá de los mecanismos legales y formales que se instalen, los modelos mediáticos presentes son incapaces de garantizar plenamente el acceso de la ciudadanía al sistema de medios de comunicación y los gobiernos resultan inhábiles para revertir esta situación. Sin perder de vista que este es uno de los resultados lógicos y previsibles del largo proceso de la privatización de los servicios públicos, también los atinentes a la comunicación. Los servicios —que son públicos— se convirtieron en mercancías y de esta manera se profundiza el déficit democrático en relación a la producción y circulación de mensajes y de la información en la sociedad.

Hace ya muchos años, en 1976, la Unesco sostuvo en la llamada Declaración de San José de Costa Rica que «es un derecho humano el acceso a todos los bienes de la cultura y la participación libre y democrática en las varias manifestaciones del espíritu». Poco y nada hizo el sistema internacional y la legislación de nuestros países para garantizar esa perspectiva.

Por el contrario, los gobiernos que no son afines a los grupos corporativos de poder quedan muchas veces prisioneros de los discursos mediáticos. Es más. Es frecuente que las críticas de los gobiernos sobre los medios y su forma de actuar sea denunciada como supuestos avances sobre la libertad de expresión, cuando al mismo tiempo las corporaciones mediáticas tienen la libertad de determinar las agendas públicas escondiendo los intereses que defienden y que subyacen en sus estrategias y en sus mensajes. Pero a diferencia de las autoridades políticas, que surgen de procesos electorales y deben reunir detrás de sí consensos democráticos, los medios de comunicación parecen sólo sometidos a las leyes del mercado y, en la mayoría de los casos, pregonan actuar con «objetividad».

El sistema político democrático debería encontrar uno de sus principales soportes en la existencia de una sólida interlocución entre gobierno y sociedad, apoyada en una estructura de comunicación basada en principios de derecho a la comunicación y acceso a la información y en el compromiso de quienes ejercen el gobierno para actuar en consonancia con el deber de informar.

Vale decir que en el caso argentino y al margen de una protesta aislada, todo esto ocurre sin que haya una advertencia sistemática y una denuncia de esta situación. Mucho menos una estrategia política destinada a cambiar este escenario, garantizando la democratización de la palabra.

Las críticas que hasta el momento se escucharon sobre la comunicación gubernamental estuvieron más referidas a las formas que a las estrategias y a la adopción de medidas de fondo destinadas a modificar el sistema. Algo imprescindible si se tiene en cuenta que el debate y la problematización de la cuestión de la ciudadanía no es, hoy por hoy, meramente un problema teórico, sino un desafío concreto y tangible para todos aquellos que están comprometidos en la construcción de la vida social y política.

Se trata de asumir que la comunicación democrática es un reaseguro para la democracia. No hay política sin comunicación y no hay democracia política en sociedades que no sean comunicacionalmente democráticas. Así como se advirtieron otros cambios de rumbo en la política oficial este debería ser un aspecto para prestar atención. Ello incluye trabajar también en la construcción de una ciudadanía comunicacional en los términos que ya se ha venido señalando en distintos foros. Es importante advertirlo ya no solo por la comunicación, sino por la democracia misma.

Esta nota fue publicada originalmente por Página12 y se vuelve a publicar aquí con permiso del autor.

Washington Uranga

Periodista, docente e investigador de la comunicación. Doctorado en Comunicación por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP.

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