Plataformas audiovisuales: el botín verde que se va en plena sequía de dólares

Balanza deficitaria y puja por las ganancias. Cuánto podría recaudar el Gobierno para políticas de fomento. La discusión: ¿impuestos o inversiones?

En 2020, el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más importaciones) representó el 3,79% del comercio total de servicios de la economía nacional, el valor más alto desde 2004, según datos del Informe sobre Comercio de Bienes y Servicios Culturales de octubre de 2021 elaborado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (Sinca) del Ministerio de Cultura. La balanza comercial de servicios culturales exhibe, no obstante, un histórico comportamiento deficitario: en 2020, el  saldo negativo fue de u$s 316.000.000.

Especialmente dinámica es la importación de servicios audiovisuales digitales, que creció 6.846% en los últimos diez años. A 2020, la importación de este tipo de servicios, entre los que se cuentan los abonos a plataformas como Netflix o Spotify, representó el cincuenta por ciento de las importaciones audiovisuales totales. Recién en 2018, luego de ser alcanzados por el IVA, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pudo, con datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), estimar su volumen en dólares.

Mariana Kunst, Coordinadora del Sinca, reconoce la dificultad para identificar la totalidad de los establecimientos productivos que conforman el rubro Servicios digitales. Más ampliamente, entiende Kunst, “hay muchas limitaciones para estimar datos del comercio exterior de servicios culturales”. La AFIP, por su parte, publica un extenso listado de más de novecientos prestadores que tributan en la categoría de servicios digitales, pero una porción menor son plataformas audiovisuales. El Indec estimaba que, en 2021, eran 164 las empresas del rubro servicios digitales, aunque el número incluía empresas de videojuegos, redes sociales y motores de búsqueda. Con datos de la consultora Business Bureau, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) ubicaba en 98 el número de plataformas de streaming de video consumidas en el país.

Según datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del Indec, al primer trimestre de 2019, el rubro Servicios audiovisuales y conexos (la transmisión o distribución digital de contenido multimedia a través de internet) representó la salida del país de u$s 86.889.027, un estimado anual de más de US$ 350 millones. Tomando en cuenta el país de destino de las divisas, el Sinca estimaba que el 65% de ese total correspondía a abonos de Netflix (Estados Unidos) y un dieciocho por ciento a Spotify (Suecia).

El crecimiento de los servicios digitales en la balanza comercial de bienes y servicios culturales genera preocupación entre distintos actores del sector cultural local sobre la necesidad de retener en el país parte de la renta que estas empresas remiten a sus casas matrices. Una de las propuestas más extendidas refiere a alcanzar a las plataformas OTT audiovisuales con el Impuesto Cine del 10% previsto en la “Ley de Cine”. Por el Congreso han circulado varios proyectos en esta dirección, el último de 2019, del entonces diputado nacional Daniel Lipovetzky (PRO).

Una interpretación apegada al espíritu original de la Ley de Cine indica que el paso no sería necesario porque el impuesto grava al intangible videograma, no al medio de exhibición, por lo que las operaciones de las OTT ya están alcanzadas de hecho. La dificultad técnica para cobrarlo radicaría, principalmente, en que muchas de las más grandes plataformas no tienen domicilio legal en el país y realizan el cobro desde el extranjero.

El Observatorio Audiovisual Icaa, a cargo de Guillermo Saura y Julio Bertolotti, realiza una estimación de los ingresos que percibiría el Fondo de Fomento que administra el Instituto de aprobarse una norma que incluyera a las plataformas de streaming bajo el Impuesto Cine previsto en la legislación  vigente, es decir, si el diez por iento de la facturación anual de las plataformas en concepto de abonos se destinara al Fondo de Fomento.

El último cálculo del Observatorio Incaa, de octubre de 2021, toma como referencia los abonados a Netflix en Argentina (5.100.000) y los hogares que cuentan con este u otros servicios de streaming de video (1.800.000 y 7.100.000 millones, respectivamente) y los pone en relación con el precio del abono, tipo de cambio y esquema impositivo vigente al momento de la estimación. El resultado muestra que el monto destinado al fomento de contenidos audiovisuales oscilaría entre u$s 48.000.00 y u$s 67.000.00 por año.

La manta corta

Sin embargo, el Instituto de Cine no es el único actor que espera hacerse de una parte de la renta que generan las plataformas de streaming de contenidos audiovisuales. Sectores de la radiofonía privada e incluso el Instituto Nacional de la Música ven allí la posibilidad de incrementar sus fondos. En la misma lista puede inscribirse a RTA S.E y los demás entes beneficiarios de los gravámenes que crea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El proyecto de ley de fomento de la pluralidad y diversidad informativa que acompañan medios en su mayoría del sector sin fines de lucro, sindicatos y federaciones de prensa también demanda «establecer un fondo de fomento al pluralismo con parte de los impuestos recaudados sobre el consumo de servicios digitales importados».

El novel Espacio Nacional Audiovisual, un desprendimiento de la Multisectorial Audiovisual, tiene en construcción un proyecto que por el momento genera más dudas que adhesiones, en el que plantea, entre otras cosas, la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Cine y de las Artes que se integraría por un impuesto del 10% sobre el precio básico de los servicios de plataformas audiovisuales. Sería deducible del IVA en su totalidad, por lo que ingresaría en el fangoso terreno de la negociación con las provincias, ya que en los hechos implicaría licuar un impuesto coparticipable.

Ezequiel Rivero

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