Lawfare, el fin de la verdad

En este texto, publicado originalmente por la revista Socompa, Silveyra plantea que desde la institucionalización democrática en la Grecia antigua a nuestros días la manipulación de la información con fines proscriptivos ha cambiado sus herramientas según los avances tecnológicos, pero su esencia se replica en el tiempo.

Historia

La eliminación de adversarios políticos por medios espurios no es nada nueva, se puede avizorar su presencia en la democracia ateniense del siglo VI anterior a la era cristiana de la cual somos tributarios. En esa institucionalidad pululaban los sofistas —escribas a sueldo de políticos poderosos—, quienes dueños de un oficio retorico engalanado de formulismos gramaticales y recurrencias silogísticas mostraban como verdad aquello que no lo era.

Esta discursiva tenía fines precisos, entre ellos el convencimiento los de ciudadanos con propósitos electorales, pero también el descrédito de los enemigos políticos, quienes eran condenados al ostracismo, una práctica por la cual una vez al año un número de ciudadanos elegidos escribía en una tablilla de cerámica el nombre de una persona que se suponía perjudicial para el funcionamiento democrático. El elegido debía abandonar la polis en un plazo de diez días y por el término de diez años.

En su comienzo, la práctica se aplicaba para frenar prácticas abusivas y tiránicas de quienes gobernaban. Sin embargo, con el paso de los años se convirtió en una herramienta para eliminar adversarios políticos. Las reformulaciones de dicha práctica llegan hasta nuestros días con actores que la replican. En ese sentido, se puede decir que el papel de los sofistas es el mismo que desarrollan hoy los grandes medios hegemónicos, encargado de verter información parcializada y consumida por enjambres de infómatas —tal la definición de Byung Chul Han— con el objetivo de crear sentido común y sustentar a través del mismo la judicialización, con su posterior condena y proscripción de aquellos enemigos políticos que amenacen sus intereses.

Más acá en el tiempo, a mediados del siglo XVIII y en los primeros años de la consolidación del Estado nacional, los vencedores de la batalla de Caseros, es decir la huestes de Mitre y Sarmiento, entraban en la disputa por el poder y ponían en funcionamiento -de un modo un tanto rudimentario, pero preciso- la misma práctica. El propio Bartolomé Mitre funda en 1850 en Montevideo —doce años antes de fundar La Nación— un pasquín llamado Los Debates, en el cual se dedicaba a una predica de difamación del gobierno rosista. Práctica que continuó en La Nación, cuando entró en disputa con Sarmiento, a quien acusó con artículos publicados en sus páginas de corrupto por gastos excesivos, «un despilfarro», en la compra del mobiliario con el cual se amobló la Casa de Gobierno.

La imparcialidad crítica con que se publicitaba La Nación debería esperar varios años —si es que alguna vez existió—, y en 1874, sustentado por las campañas de desprestigio hacia sus adversarios, se lo puede encontrar a Mitre al mando de un intento de golpe de Estado contra el nuevo presidente electo, Nicolás Avellaneda, quien entre otras medidas estaba abocado a la revisión de la Ley de Enfiteusis aprobada por Rivadavia y por la cual algunos enfiteustas habían acumulado tantas parcelas que se habían convertido en latifundistas.

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Yrigoyen

El lawfare, es una construcción sostenida por cuatro poderes; es decir: el Poder Judicial, el mediático, el corporativo y el internacional. En tiempos de Yrigoyen no todos estos poderes estaban constituidos en un entramado que permitiera la condena judicial de un enemigo político. Bastaba con las campañas de desprestigio en la prensa, lo cual permitía un consenso aprobatorio en la sociedad para que las fuerzas armadas derrocaran un gobierno elegido democráticamente.

Las campañas eran llevadas adelante por La Nación, La Prensa y Crítica. En las notas y artículos publicados por estos medios se hablaba de un enriquecimiento ilícito por parte de Yrigoyen, que adquiría ribetes fantásticos, propios de mentes afiebradas, en los que se daba cuenta de que las paredes de la casa del presidente radical no estaban construidas con ladrillos sino con lingotes de oro, un hecho realmente absurdo que iba en sintonía con la lectura de un diario apócrifo por parte del mandatario, en el que solo se leían noticias de los actos del gobierno. Una duplicación inexistente, pero cuyo rumor se propagaba en las notas escritas, para acreditar el estado de senilidad del caudillo.

Lo cierto es, que el mito corrió hasta nuestros días, aunque su existencia absurda choca incluso con las técnicas de impresión de la época. Yrigoyen, disponía de dos medios de escaza circulación para hacer frente a los embates de la prensa opositora, el Sarmiento y La Gazeta, que resultaban bastante paupérrimos como para enfrentar a los de las poderosas familias Gainza Paz y Mitre, a los cuales se unían Crítica de Natalio Botana, cuya tirada masiva llegaba a sectores populares.

Las relaciones con la prensa por parte del caudillo radical, no eran buenas —varias veces clausuró la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno— y los llamaba despectivamente «los corresponsales». Una salida extrema que no modifico en absoluto la situación fue la de publicar las acciones gubernamentales en el Diario Oficial, que por su escasa circulación era ineficaz para contrarrestar los efectos de la circulación de información falsa que creaba el consenso social. En las vísperas del golpe de Uriburu, La Prensa titulaba en su portada: «El gobierno del Sr. Yrigoyen está muerto, solo falta su entierro». Las tapas del día siguiente al golpe hablaban de «júbilo» y «algarabía popular en las calles», provocada por el derrocamiento de «el tirano».

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Perón

Si La Prensa con su reducido número de lectores elitistas, La Nación con artículos con cierto enfoque crítico y Crítica que justificaba las acciones antidemocráticas, habían realizado su aporte en el derrocamiento de Yrigoyen, con la llegada del peronismo al poder, o a la disputa del mismo, la pelea por el control de los medios de comunicación se volvió más encarnizada y permite ver en su desarrollo el accionar de otros actores, anteriormente desapercibidos, que hoy sin dudas se los identificaría como la pata internacional, en la persona del embajador norteamericano Spruille Braden con sus injerencias en la política interna y a la misma embajada británica, como operadores desestabilizadores.

Parte de ese aparato de propaganda antiperonista era controlado y funcionaba en la sede diplomática de Montevideo, donde acudían opositores radicales, conservadores, comunistas y socialistas y otros opositores al gobierno. El material gráfico estaba compuesto por la edición masiva de libros, en los cuales se relataban los supuestos crímenes del peronismo, centrados en su mayoría en las figuras de Eva y Perón. Uno de los libros que más difusión tuvo fue escrito por la autora de origen inglés, pero nacida en Argentina, Mary Main. El libro se publicitaba con una leyenda en la que se decía que la obra había los 600.000 ejemplares vendidos y su título no admitía ambigüedades: Eva Perón, la mujer del látigo.

El libro fue publicado días después de la muerte de Evita en 1952, pero para evitarse problemas, las primeras ediciones fueron firmadas por una ignota María Flores, cosa que cambió a partir de 1955. Más allá de esas operaciones, al acceder al gobierno en 1945, Perón lo hizo con toda la prensa en contra. Solo un diario, La Época, tenía un contenido favorable al gobierno. El gobierno, para detener la andanada opositora, sancionó una ley por la cual el Estado pasaba a manejar la distribución del papel y, en un hecho que generó críticas incluso hacia el interior del oficialismo, expropió el diario La Prensa y puso su dirección en manos de la CGT. Una decisión que, sin embargo, no modificó sustancialmente la situación.

Aunque algunas cosas cambiaron a partir del 18 de diciembre de 1946, día en que se sancionó la Ley 12908 —conocida como el Estatuto del Periodista Profesional—, la cual ratificaba el Decreto-Ley 7618/46 del 25 de marzo de 1944. La norma otorgaba derechos antes desconocidos por las patronales, las cuales ubicaban al periodista en el lugar del bohemio despreocupado, al cual se le podía pagar sueldos exiguos, deslegitimando cualquier reclamo.

Sin embargo, el apoyo al gobierno generado por el decreto que fijó el Estatuto no fue del todo uniforme ni duradero. Muchos de los periodistas que alabaron la política social de Perón en 1944 guardaron un silencio relativo durante la polarización política de mediados de 1945, como si la disputa entre el peronismo y la Unión Democrática les fuera ajena. Otros, como el socialista Leandro Reynés, presidente de la Federación Argentina de Periodistas al momento de decretarse el Estatuto, tomaron partido por el movimiento peronista en construcción. El mismo Reynés declaraba: «Fue el peronismo, entonces, el que tuvo no sólo la capacidad institucional, sino también la legitimidad ideológica suficiente para insertarse con habilidad en las importantes fisuras existentes entre periodistas y propietarios, entre diarios débiles y económicamente poderosos y entre la prensa tradicional y el público peronista».

Esta disputa lejana en el tiempo, pero que guarda sus roces y replicas con el papel de los medios hegemónicos en su rol desestabilizador y formador de opinión y sentido común, guarda sus misterios irresolutos. Es el mismo Perón quien revela que en 1946 ganó las elecciones con todos los diarios en contra y en 1955 con todos a su favor fue derrocado. En efecto, sólo La Época había acompañado su ascenso, mientras que los matutinos El Mundo, Clarín, La Nación, La Prensa y los vespertinos La Razón, Noticias Gráficas y Crítica, como la abrumadora mayoría de los medios regionales, habían apoyado a la Unión Democrática.

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Caverna

La era de la digitalización y las redes sociales han modificado los modos de comunicar e informar, pero la esencia continua siendo la misma cuando el cometido es político y está dirigido con su práctica a un fin preciso. En tiempos de la democracia ateniense, Platón ejemplificaba la distorsión de la realidad con la alegoría de la caverna, en la cual seres encadenados veían como realidad las sombras proyectadas a través de una hoguera, creyendo que esas sombras eran en sí la verdadera realidad.

Es imposible no acordar con el filosofo sur coreano Byung Chul Han, quien traza un paralelismo por el cual la caverna platónica se ha convertido en la caverna digital, donde los usuarios o infómatas creen que es real o verdadera toda la información consumida en Facebook, Twiter o Instagram, plataformas cuyos algoritmos determinan en qué enjambre de consumidores derramar sus contenidos. Con el aura de una democratización inexistente, lo falso se disemina como un líquido corrosivo, en una batalla donde el poder siembra información pero no verdades.

Un ejército de trolls y los llamados influencers lanzan premisas o consignas elementales que son instaladas en el inconsciente colectivo a modo de verdades inalterables y germinadas desde los lugares del poder hegemónico. Los trolls del ex jefe de gabinete del gobierno macrista, son un ejemplo perfecto de tal operatoria: «Son mis ojos, mis oídos y soy yo», declaró al comenzar su gestión Mauricio Macri al referirse sin inmutarse a Marcos Peña.

Parte de la tarea del funcionario residía en la construcción de un aparato comunicacional de índole hitleriana, supervisado por sus dos adláteres: Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Desde ese lugar se propagaba información falsa, incluida la del robo de tres PBI por parte de Cristina Fernández y enterrados en la Patagonia. Los medios hegemónicos mostraban las imágenes de una excavadora en la llanura rala, rodeada por funcionarios policiales y judiciales como para darle credibilidad a una escena absurda, comparable solo con la ficción de Breaking Bad, en la que Walter White entierra en el desierto barriles repletos de millones de dólares.

Lo verdaderamente real allí era la presencia reveladora de los medios hegemónicos y corporativos, funcionarios del aparato judicial y de las fuerzas represivas, cada uno representando su papel en la construcción de un lawfare, que lapida y proscribe a una figura política, o estigmatiza a los movimientos sociales. Viendo las operaciones mediáticas y judiciales que llevaron a la judicializar, encarcelar y proscribir a líderes populares como Lula, Correa y Evo Morales, se puede coincidir con la formulación de la legisladora Gisella Marziotta, quien en una entrevista a Página12, no dudo en definir al lawfare, como el Plan Cóndor de nuestro siglo.

En sintonía con esa definición, para nada descabellada, la pata internacional, o parte de ella, se manifiesta en las palabras y en la acción del senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, el cual presentó una misiva al secretario de Estado, Antony Blinken, pidiendo sanciones a la actual vicepresidenta, por llevar adelante durante décadas actos que «convulsionaron sus instituciones políticas» y «socavaron los intereses estadounidenses en el país y, de hecho, en la región». Ted Cruz, no es un loquito cualquiera, es miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Vale preguntarse entonces, qué acciones políticas se deben realizar y qué herramientas emplear para que la verdad —al decir de Han— no se desintegre en el polvo informativo y se convierta con su manipulación, en el germen del odio político y social. Un odio instalado por el poder mediático, que da piedra libre a cualquier tipo de violencia, que va, desde un trabajador precarizado de Rappi, arremetiendo con una llave inglesa contra un grupo de simpatizantes de Cristina a un lobo solitario que gatilla dos veces un arma —cobijado por el tumulto— en la cabeza de la vicepresidenta.

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Eduardo Silveyra

Revista Socompa (http://socompa.info/)

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