La compra de Telefónica por el Grupo Clarín perjudica la competencia y amenaza el acceso a la información

Un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) sobre la adquisición del control exclusivo sobre la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. y sus subsidiarias por parte de la firma Telecom Argentina S.A. objeta la operación y advierte que «puede resultar un perjuicio para el interés económico general, en relación con varios mercados del sector de las telecomunicaciones, tanto por los efectos horizontales —unilaterales como coordinados— y verticales detallados, como así también por los efectos de conglomerado o cartera».

La operación —que corona el proceso de concentración de los mercados de la comunicación luego de la fusión Cablevisión/Multicanal y Cablevisión/Telecom— tiene consecuencias económicas que afectan la competencia y los derechos a elegir por parte de los usuarios en numerosas ciudades del país, pero también efectos culturales y políticos derivados de la funcionalidad de la estructura empresarial a la narrativa y los contenidos del dispositivo editorial de Clarín, socio activo de la Asociación Empresarial Argentina (AEA).

Telefónica Móviles Argentina S.A. presta servicios de telefonía móvil y fija, banda ancha fija y video a escala nacional en el país, los que opera bajo las marcas Movistar y Tuenti. Por su parte Telecom Argentina S.A. es también una compañía de telecomunicaciones que participa, por cuenta propia y a través de subsidiarias, en los segmentos de negocio de telefonía fija y móvil (con su marca Personal), acceso a internet de alta velocidad y televisión por cable (con la marca Flow).

Según la CNDC, la operación de concentración tendría «efectos horizontales significativos en nuestro país, en los mercados minoristas residenciales de telefonía fija, telefonía móvil, internet por banda ancha, televisión paga y servicios corporativos y en los mercados de servicios mayoristas (tránsito IP, transporte de datos y red de acceso de telefonía móvil)”. Las áreas más afectadas considerando los distintos mercados residenciales con efectos horizontales locales (internet, telefonía fija y TV) serían CABA, y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, y San Juan en el caso de TV paga.

Al eliminarse la competencia entre los principales jugadores en el mercado de telefonía móvil nacional, uno de los sectores más dinámicos de la economía y con profundas derivaciones en los consumos culturales, sociales y políticos, el mercado quedaría altamente concentrado, repartido en solo dos grandes jugadores: Telecom con una participación estimada del 58% y AMX (Claro) con el 42%, lo que podría reducir significativamente el vigor competitivo del mercado.

Otra consecuencia negativa de la operación es la violación de los máximos regulatorios establecidos oportunamente por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en materia de acumulación de espectro que, en algunos casos, casi duplica el tope (140 Mhz), sin que se hayan registrado propuestas para devolver los excedentes. Esta situación «generaría serias preocupaciones desde el punto de vista de la competencia, dada la importancia que tiene el espectro como recurso indispensable para la prestación de servicios» móviles, según la CNDC. Cabe acotar que el mismo informe deja constancia de la imposibilidad de Starlink (Elon Musk) —única empresa autorizada a prestar servicios de Internet mediante satélites de órbita baja— para ofrecer servicio a nuevos clientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que su capacidad de ancho de banda llegó al máximo.

El informe también advierte que la operación «aumenta la probabilidad de que la compradora abuse de la posición dominante resultante en los mercados analizados, restringiendo la oferta de servicios mediante el incremento unilateral de precios, el deterioro de la calidad, y/o mediante prácticas exclusorias». La megaempresa podría negar la interconexión a la infraestructura de red en ciertos mercados o poner tarifas leoninas que condicionen a los competidores. También apunta que «una vez efectivizada la operación, Telecom podría tener incentivos a degradar la calidad del servicio prestado a sus competidores con el objetivo de perjudicar su desempeño competitivo en los mercados aguas abajo».

Al objetar la operación, la CNDC argumenta que «no hay elementos que permitan descartar que la compradora no pueda abusar de la posición dominante derivada de la operación, toda vez que la estructura del mercado resultante y los competidores no tendrían la capacidad de impedir o limitar la estrategia potencialmente abusiva de la adquirente».

La fusión de Telecom y Telefónica bajo la égida de Clarín deja a la vista una posición dominante en el mercado de la comunicación, que pone en riesgo tanto la competencia con otros prestadores —comerciales o comunitarios— como el derecho social mediante trabas —económicas, sociales, geográficas o de mercado— que condicionen el acceso a redes y a Internet.

El dictamen pone en blanco sobre negro lo que ya se sabía: el mercado de la comunicación está hoy, de facto, bajo una hegemonía que desnaturaliza la competencia y condiciona la deliberación pública. Los actores democráticos tienen el desafío de poner límites a una hegemonía que podría convertirse en una mordaza para el conflicto social y el discurso político.