Gobierno de Uruguay pretende derogar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Según Observacom, web especializada en regulación y políticas públicas relacionadas con los medios de comunicación, la propuesta revive leyes aprobadas en la dictadura que autorizan al gobierno a cerrar medios por afectar «la moral y las buenas costumbres» o el «prestigio de la República».

El gobierno uruguayo manifestó en varias ocasiones la intención de derogar la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, (popularmente conocida como Ley de Medios) Nº 19.307, promulgada en 2014. En este sentido, a principios de 2020 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de nueva Ley de Medios, que no ha tenido avances por diferencias dentro de la coalición de gobierno. Al encontrarse ante un eventual empantanamiento de la iniciativa, el 30 de junio de este año el Poder Ejecutivo incluyó un artículo que deroga la totalidad de la actual Ley de Medios en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que será tratado por el Parlamento uruguayo durante los próximos 3 meses.

De aprobarse la derogación de la ley vigente, el Poder Ejecutivo eliminaría varias disposiciones anti-concentración mediática, así como derechos que protegen a niños, niñas y adolescentes, a la vez que derechos reconocidos a periodistas como el derecho a objeción de conciencia. A su vez, se dejarían sin efecto los mecanismos actuales de asignación de frecuencias de radio y televisión —donde si bien el Poder Ejecutivo mantenía la decisión final, se debían realizar concursos públicos y procedimientos transparentes—, para volver a mecanismos de absoluta discrecionalidad.

Hacia atrás

En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas se deroga la Ley de Medios, y se agrega un artículo donde, en su lugar, se restituirán dos normas aprobadas en dictadura: la Ley de Radiodifusión Nº 14.670 del 23 de junio de 1977 y el Decreto-Ley Nº 15.671 del 8 de noviembre de 1984.

Estas leyes habilitarían al gobierno a cerrar medios por «perturbar la tranquilidad pública, menoscabar la moral y las buenas costumbres» o por «afectar la imagen y el prestigio de la República».

Según afirmó Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, los medios públicos también sufrirán un enorme retroceso si derogan la Ley, ya que «perderán la autonomía reconocida actualmente, puesto que el SECAN (Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional) pasa de servicio descentralizado a Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura».

Por su parte, Julieta Núñez Tomas, Licenciada en Comunicación y periodista, afirmó que si se deroga la Ley de Medios, quedarían desprotegidos «derechos comunicacionales fundamentales que se crearon fruto de un profundo debate, de la adecuación a normas internacionales y en el entendido de que cuando no se regula los que pierden son los más vulnerables».

Lo que se mantiene

Lo único de la normativa vigente que se mantendría son los artículos que disponen la obligación de la transmisión televisiva de forma abierta, directa y gratuita de partidos de selecciones de fútbol y básquetbol durante instancias definitorias.

También se pretende mantener el reconocimiento a los derechos para las personas con discapacidad auditiva y visual.

Argumentos

El argumento del gobierno para llevar a cabo la derogación total, es que existen varias inconstitucionalidades en la Ley de Medios, como por ejemplo el artículo 56, que impide que prestadores de servicios de comunicación audiovisual puedan prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos, y viceversa.

Según Gómez, la afirmación de que se deroga toda la Ley De Medios porque es inconstitucional es falso, ya que la Ley tiene 200 artículos de los cuales, aunque muchos fueron recurridos ante la Suprema Corte de Justicia, solamente 8 fueron declarados inconstitucionales, pero no el resto.

Sin consenso

El diputado del Partido Colorado —integrante de la coalición oficialista—, Martín Melazzi, afirmó que está de acuerdo en que se derogue el artículo 56 de la actual ley, pero se encuentra en contra de que se derogue la actual ley de medios completamente. Según Melazzi, el mejor camino era «votar un nuevo proyecto de ley de medios y derogar la actual ley, pero con una ley abarcativa», algo consensuado en su momento entre los partidos de la coalición.

En otra línea, el diputado del Frente Amplio —oposición—, Gustavo Olmos, mostró su disconformidad con la propuesta del gobierno, ya que «es una ley que tuvo todo un proceso de discusión, que puede ser mejorable en múltiples aspectos, pero que la coalición ha intentado modificar y durante dos años y pico no ha logrado ponerse de acuerdo, y entonces optan por la peor solución, que es derogarla».

Con información de Observacom