El mandato electoral y las telecomunicaciones, soberanía política o corporación judicial

Las políticas de emergencia y los recursos económicos asignados por el Gobierno nacional a través del Enacom muestran que, con políticas de integración social, el Estado es el garante del acceso a los servicios esenciales de las telecomunicaciones. Pero estas políticas no alcanzaron. El Gobierno tiene que mostrar a la justicia la representación política que el pueblo le otorgó con el voto.
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La Cámara Nacional en lo Contencioso y Administrativo Federal desestimó la apelación formulada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el Estado contra la prórroga de la cautelar que suspende la aplicación del DNU 690, decreto que desde noviembre de 2020 se encuentra judicializado por lo cual el Estado no ha podido regular los incrementos de las empresas de telecomunicaciones.

El fallo del pasado 17 de septiembre, se interpone en medio de las negociaciones, con miras al espectro 5G, entre el organismo, liderado por Claudio Ambrosini, y el sector privado. La expectativa del gobierno es desjudicializar la paliación del 690 de modo de poder avanzar en la próxima licitación para el 5G que, por lo visto, continúa al compás de la música de las telcos y sus aliados judiciales.

La extensión de la cautelar aplica a la empresa Movistar (Telefónica), anteriormente a la empresa personal (Telecom), cuyo amparo venció tras el último pronunciamiento del 10 de junio pasado. Luego de la determinación de la Justicia, el Enacom insistirá en presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

El gobierno busca consensuar los incrementos manteniendo a las operadoras como prestadoras de servicios públicos, en tanto las empresas de telecomunicaciones (Telecom, Telefónica y Claro) abogan por la derogación del DNU 690 y la implementación de una tarifa social.

Hasta agosto de este año, el Enacom autorizó solo los siguientes incrementos: para empresas de más de cien mil accesos, 9,5 % para el servicio de telefonía móvil, telefonía fija e Internet al hogar. Para los operadores más chicos, un 19,3 % para los tres servicios. Y los mismos porcentajes para el servicio de televisión por cable y satelital.

Avalada por la justicia, Movistar aplicó en agosto un aumento del 18,9 % en telefonía fija, celular e Internet. Con esta suba, la empresa acumula aumentos en el año del 55,3 %.

Desde Juntos por el Cambio, Agustín Garzón, exdirector del Enacom durante la gestión macrista, considera que «es un error declarar servicio público para intervenir en precios en un contexto de inflación y un mercado que está en competencia. En este caso, por ser un servicio público en competencia, no tendría sentido que el Estado se meta a regular porque de algún modo rompe las ecuaciones económicas y a las empresas les genera incertidumbre. Eso generó en el caso argentino bastante falta de inversión. Se puede llegar a un acuerdo voluntario que cubran la inflación está bien, pero no se puede pretender que el Estado imponga un precio porque no puede hacer análisis de costos y saber exactamente cuánto se debe cobrar. La regla básica de la economía es regir por el mercado lo que se pone en competencia. No solo la pandemia y lo que pudo haber pasado con la economía en general desincentivó las inversiones, sino también la falta de seguridad jurídica o de falta de reglas claras. Eso sin duda afecta y lentificó las inversiones en fibra óptica”.

A veintidós meses del decreto 690/20, el Estado nacional se encuentra sin poder ejercer lo dispuesto por éste. El pasado 22 de junio, un tribunal federal de Argentina resolvió por mayoría denegar los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado contra la sentencia que favoreció a Telecom Argentina, mediante la cual la empresa no se ajustará a los controles de precios acordados por el regulador estatal.

El argumento principal que exponen los grandes grupos económicos, como Cablevisión Holding (Grupo Clarín) —dueños de las firmas que monopolizan los mercados de Internet, telefonía móvil y TV paga— es que los aumentos autorizados por el ente regular producen «daños irreparables a la economía de la empresa», por lo cual buscan la suspensión del decreto 690/20 que declaro los servicios mencionados como «esenciales» y que regula el precio de los mismos desde diciembre de 2020.

El Grupo Clarín repartió a fines de agosto de 2021 u$s 556.000.000 en dividendos entre sus accionistas. Mientras judicializó y logró frenar el decreto que limitaba sus aumentos de tarifas reparte las ganancias en dólares. Con este monto, en lo que va de la pandemia Héctor Magnetto y sus socios se repartieron u$s 1.153.000.000

El dato de este reparto lo informó Telecom a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por medio de una nota fechada el 12 de agosto en la que detalla que va a distribuir dividendos en títulos. Es decir: Bonos Globales 2030 por u$s 370.000.000 y Bonos Globales 2035 por u$s186.000.000

El otro dato relevante es que la utilidad neta de Telecom Argentina subió 70 % en el primer trimestre del corriente año, respecto a igual período de 2021, según informó la controlante de la empresa, Cablevisión Holding, a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor de los clientes de sus servicios. La justicia federal en su fallo favor de Telecom Argentina S.A. suspendió los artículos principales del DNU 690, que en 2020 declaró como servicio esencial de las telecomunicaciones las prestaciones de internet, telefonía celular y el cable

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El 22 de febrero de 2020, la Corte Suprema convalidó una estafa millonaria del Grupo Clarín a la Anses al dejar firme un fallo judicial que le impide al Estado controlar la fusión Cablevisión-Telecom. Los operadores privados del mercado local de servicios de telecomunicaciones, amparados por la justicia y Juntos por el Cambio, no permiten la aplicación de políticas públicas en beneficios del pueblo.

5G para febrero del 2023

La actual gestión del Enacom espera que en febrero se realice la licitación del espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G). La inversión destinada a la última tecnología móvil podría llegar en 2023 y se estima en u$s 1400.000.000. La intención es poner a disposición tres bloques de 300 MHz de la banda de 3,5 GHz, considerada la puerta de entrada al 5G por las recomendaciones internacionales.

Desde la gestión de Ambrosini, aseguran que la licitación de espectro para 5G «no tiene nada que ver con el conflicto atravesado por el DNU 690». ¿Pero quiénes serán los oferentes? ¿Acaso hay empresas alternativas a las telcos conocidas desde la privatización de Entel? ¿Se va a permitir que ganen las mismas empresas que judicializaron el 690/20? Es decir, las mismas que no cumplieron con el pliego del 2014 /2015 sobre la instalación del 4G y 3G.

Las privatizaciones de la empresa públicas de servicios esenciales a la población, como la de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), llevada a cabo en la década de los noventa del siglo pasado en beneficio de Telecom y Telefónica, fueron decisivas para asegurar que el Estado nacional no tuviera control sobre las tecnologías claves que permitirían la reconversión industrial del sistema capitalista que se está llevando a cabo desde el principio del siglo XXI.

La provisión de infraestructura 4G y 5G, las empresas líderes en Argentina son Huawei, Nokia y Ericsson. China instaló cerca de un millón de antenas 5G, casi el 80 % del total mundial, y proyecta que a finales de 2023 espera superar los 560.000.000 de usuarios, para entonces el 35 % a escala global. La provisión del servicio ultima milla son Telecom, Telefónica y Claro, los conocidos de siempre.

La puesta en marcha de esta tecnología en el país requiere de asignaciones de bandas del espectro radioeléctrico tanto en las frecuencias más altas como en las bajas, así como fuertes inversiones en redes de fibra óptica, ya que es la tecnología para complementar los servicios de las antenas de 5G que requiere cinco veces más fibra óptica que la desplegada para 4G.

Antes de reorganizar el espectro para un nuevo plan de asignación para servicios de 5G, es necesario que Enacom haga cumplir las condiciones establecidas en la licitación del 2014. Las limitaciones en el uso de Internet experimentadas en tiempo de pandemia tienen su fundamento en el modelo de mercado impulsado por las empresas.

La estimación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es que con tecnología 5G se pueden conectar y traficar datos de un millón de dispositivos por 1,5 km cuadrados. Las ciudades inteligentes, las cirugías remotas, los vehículos autoconducidos, los procesos de manufactura industrial, son algunas de las actividades que podrán realizarse en tiempo real con esta plataforma que tiene milisegundos de latencia.

Si bien, la quinta generación (5G) es el presente y futuro para la transformación digital de nuestro país, la realidad sobre los servicios de 4G para todo el territorio nacional es una deuda pendiente. Los déficits de los servicios actuales, como la falta de cobertura y el alto costo de los servicios limitan el acceso a más del 26 % de la población argentina.

Las políticas de emergencia y los recursos económicos asignados por el Gobierno nacional a través del Enacom muestran que, con políticas de integración social, el Estado es el garante del acceso a los servicios esenciales de las telecomunicaciones. Solo que estas políticas no alcanzaron. El gobierno actual tiene que mostrar a la justicia la representación política que el pueblo le otorgo con el voto.

La cuestión electoral es determinante, las telcos sostienen que «si a la actual gestión le queda poco tiempo, entonces debemos seguir así hasta un eventual cambio de gobierno, estirando la cautelar. Si el gobierno continúa con amparos y tiempos judiciales repetirá las elecciones pasadas, ya que el pago desmesurado de estos servicios sigue a costa del pueblo.

Hoy, los operadores privados locales presionan al gobierno para que licite frecuencias sobre las cuales puedan implementar servicios 5G de telecomunicaciones. No permiten la regulación del Estado sobre los precios y la calidad de sus servicios. Solo les interesa seguir extrayendo sus ganancias, riqueza que, desde la privatización de Entel, solamente es comparable al oro y plata que saquearon en el Cerro Rico de Potosí.

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Alfredo Moreno

Ingeniero TIC en Agentina satelital. (Arsat). Profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno

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