Derechos comunicacionales en Argentina. Desigualdades, obstáculos y políticas (2019-2023)

Este informe de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos (Raicced) identifica y analiza, con base en fuentes de información públicamente disponibles, las desigualdades existentes en el ejercicio de los derechos comunicacionales, los obstáculos para ejercerlos y las políticas tendientes a favorecerlos o restringirlos en las seis regiones del país entre 2019 y 2023; esto es, antes, durante y después de la pandemia de covid-19 y la vigencia de las medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento obligatorios.

El trabajo se enmarca en el proyecto «Derechos a la comunicación, la cultura y digitales en Argentina. Cambios y desigualdades, durante y después de la pandemia, el aislamiento y el distanciamiento obligatorios», llevado adelante por Raicced y financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La perspectiva teórica y política del informe —que dirigió María Soledad Segura— concibe la comunicación como un derecho humano que se funda en los principios de acceso, participación social, universalidad, diversidad y equidad. Com arreglo a este enfoque, el análisis y sistematización de información públicamente disponible permitió corroborar la hipótesis del trabajo de que las desigualdades en materia comunicacional se profundizaron en el período 2019 y 2023. A continuación, el resumen ejecutivo de la investigación.

Desde marzo de 2019 a junio de 2023, entre el avance de la pandemia de covid-19 y el levantamiento de la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se observó en la Argentina una profundización de las desigualdades en el ejercicio de los derechos comunicacionales en todas las regiones del país.

Antes, durante y después de la pandemia, se registra la continuidad, tanto a nivel nacional como regional, de sistemas de medios de comunicación de masas con escasa diversidad en la propiedad, bajos niveles de pluralismo en la producción de contenidos, alta inequidad en la circulación de contenidos entre regiones y bajos niveles de participación en la producción y gestión de los medios.

Persisten altísimos niveles de concentración de la propiedad, la preeminencia de las empresas mediáticas con ánimo de lucro y de capitales extranjeros, y la centralización de la producción de contenidos en Ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, en las capitales de provincias.

El sector de radios y televisoras sin fines de lucro —comunitarias, populares y alternativas, y cooperativas—, que es el que más permite la participación social en la producción y gestión del medio, siguió más desarrollado en las regiones Metropolitana y Centro; y menos, en las regiones NEA y Cuyo. En tanto, las radios de comunidades de pueblos originarios se concentran en la región NOA. A pesar de estas tendencias estructurales, estos dos tipos de medios han cumplido un rol fundamental durante la pandemia, tanto para acompañar la continuidad pedagógica mientras no había asistencia presencial a las escuelas, como para articular las necesidades y demandas de las comunidades locales.

Se constata la continuidad, cobertura, penetración y presencia en todo el territorio nacional de los medios públicos, tanto del sistema nacional de medios públicos (televisión, radio AM, FM, repetidoras, agencias, plataformas de contenidos y streaming), como también provinciales, municipales y educativos. Los medios público-estatales nacionales también cumplieron un papel crucial en apoyar la educación mediada por tecnologías en el período en que no hubo presencialidad física en las escuelas.

La mayoría de los medios gráficos son parte de multimedios nacionales o provinciales. La mayoría de los diarios impresos tienen su sede central en las capitales provinciales o en las ciudades de mayor densidad poblacional. Varios diarios de tirada nacional o provincial utilizan la suscripción como forma de acceso a la información.

En términos de acceso, se constata el aumento del consumo de la televisión paga: la modalidad prevalente sigue siendo la suscripción, una tradición que en la Argentina se había inaugurado con la televisión por cable y que se extiende hoy a las plataformas de streaming, aunque el consumo de la televisión por aire no disminuye.

Los Obstáculos para el ejercicio de derechos comunicacionales entre 2019 y 2023 en Argentina son múltiples.

Los principales obstáculos están asociados, de forma significativa y constante, a la concentración de la propiedad de los medios que se sostiene y reproduce en Argentina desde los años 90 y, lejos de atenuarse, durante el período estudiado muestra claras continuidades. En muchas provincias, además, aparecen algunos o todos estos elementos: multimedios familiares con una lógica comercial y lucrativa; funcionarios/as/es o dirigentes político-partidarios invierten en medios privados como dueños, accionistas, publicidad y/u otras formas de financiamiento; y, finalmente, proveedores del Estado también participan de este sistema con publicidad y otros modos de financiamiento e incidencia en los medios.

A nivel subnacional, se presenta un tipo de concentración de medios que se da en mercados muchos más pequeños, donde los/as/es dueños/as/es de los medios suelen ser también dueños/as/es de empresas en sectores que concentran también el movimiento económico de los negocios locales; y esta concentración suele estar asociada a la concentración del poder político estatal.

Se registra un aumento de casos de precarización laboral, con salarios por debajo de la línea de la pobreza, especialmente durante la vigencia de las medidas de ASPO y DISPO. Los/as/es trabajadores/as de televisión estuvieron altamente expuestos/as/es al contagio de covid-19, ya que tuvieron que trabajar de manera presencial durante la vigencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento obligatorios. En particular, en todo el territorio nacional se registra que la presencia de mujeres escasea en ramas con mejores condiciones laborales en el sistema comunicacional.

La presión que se ejerce desde el ámbito público y privado a través de la distribución de pauta publicitaria es otro obstáculo para el ejercicio de derechos comunicacionales, que se agrava con la baja información pública al respecto. Muchos medios de ciudades pequeñas subsisten por pauta local o regional, lo que los hace aún más vulnerables a esas presiones.

Un obstaculizador que aparece en forma recurrente son las restricciones al acceso a la información pública: no solo con el incumplimiento de la obligación de dar acceso a la información requerida, sino también en el modo en que se otorga esa información. Además, se registran durante el período estudiado, y más aún en pandemia, la difusión de información falsa y campañas de desinformación.

Otra forma de restringir el derecho a la comunicación es la exclusión de televisoras comunitarias, canales universitarios y/o locales de las grillas de cableoperadores.

Además, en el período estudiado, se registra un aumento de agresiones físicas a los/as/es periodistas. Buenos Aires aglutina la mayor cantidad de denuncias de agresiones, seguida por las provincias del norte argentino, y, en el último tiempo, por Santa Fe.

Los gobiernos nacional y provinciales desarrollaron políticas de comunicación específicas para el período de vigencia de las medidas preventivas y otras de más largo plazo. Además, se conformaron y movilizaron antiguas y nuevas redes de medios.

Entre las políticas de comunicación que respondieron a la coyuntura de avance de la pandemia, resaltan la puesta en marcha del Programa «Seguimos estudiando» (2020) y la declaración de los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos como servicios esenciales (2020). En tanto, entre las regulaciones de más largo aliento, se destaca la sanción de la Ley de Equidad de Géneros en los Servicios de Comunicación Audiovisual (2021). Por otra parte, la regulación de la comunicación audiovisual no tuvo mayores cambios en el período.

No se redujeron líneas de financiamiento a medios, como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), antes bien entre 2020 y 2022 la cantidad de beneficiarios creció seis veces, con respecto a la anterior gestión.

La mayor cantidad de autorizaciones y licencias otorgadas entre 2019 y 2023 fueron para las radios FM, principalmente lucrativas, en menor medida sin fines de lucro y por último las de interés público. Se registra un crecimiento del ordenamiento del espectro radioeléctrico y concesión de licencias a medios audiovisuales sin fines de lucro, especialmente en el período en estudio y durante la pandemia y la vigencia de las medidas sanitarias. En este sentido, se realizaron llamados a concurso para medios con y sin fines de lucro de pequeña escala especialmente en las regiones NOA, NEA, Centro y Patagonia.

En el sector público-estatal, se constata el avance en el proceso de reserva del espectro y de autorizaciones para las radios municipales, y para emisoras de radio y televisión del sistema universitario nacional.

En cambio, en los últimos cincos años, se observa una tendencia descendente en las autorizaciones a emisoras de pueblos originarios.

La distribución de los recursos provenientes de la pauta oficial nacional muestra una enorme desigualdad territorial. La región Metropolitana concentra casi el 60 % de la pauta del estado nacional, mientras que las otras cinco regiones se reparten el 40 % restante. La relación es aún más desigual ya que la televisión concentra la mayor parte de ese porcentaje, especialmente en seis canales de alcance nacional ubicados en AMBA. En el NOA se invierte más en medios gráficos. Se registra una tendencia en ascenso en la asignación de pauta en medios digitales. Por otra parte, se resalta la admisibilidad otorgada a los medios sin licencias y/o en condiciones de informalidad para que puedan percibir aportes del Estado nacional en concepto de publicidad.

Durante la pandemia y la vigencia de las medidas sanitarias preventivas, se emitieron regulaciones para preservar derechos laborales, entre las que se destacan: la ley de teletrabajo, prohibiciones de despidos y la aplicación de subsidios a trabajadores y empresas, lo que también protegió a periodistas y trabajadores de medios frente a la creciente precarización laboral registrada en el período.

Desde 2020 los medios digitales del país se organizaron y movilizaron de manera creciente. Se nuclearon en la Red de Medios Digitales y la Federación de Cooperativas de Medios Digitales. Además, a fines de 2021, se creó la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, cuyo objetivo principal es llevar adelante acciones de democratización, federalización, sindicalización y gestión colectiva, en diálogo con sectores políticos, sindicales y académicos.

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