Bloqueo a X en Brasil: ¿medida legítima o desproporcionada?
Expertos de la región debatieron sobre la decisión de la Justicia brasileña de suspender de manera temporal el acceso a la plataforma X, y conversaron en torno al dilema de si es una medida que los Estados pueden adoptar en última instancia, o si nunca sería legítima por ser una sanción desproporcionada.
El pasado 4 de septiembre, con la participación de diversos/as especialistas de la región, se realizó el conversatorio organizado por Observacom, Bloquear a X en Brasil ¿Inaceptable siempre, o sanción legítima en ciertos casos?
Además de tratarse puntualmente la decisión que tomó la Justicia de Brasil de suspender de manera temporal el acceso a X, también se profundizó en si este tipo de medidas tomadas por parte de un Estado democrático son legítimas para proteger derechos o ante el desacato a órdenes judiciales —en caso de que sean ejecutadas como última instancia y cumpliendo con el test tripartito—, o si configura per se una acción desproporcionada que restringe ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión.
La actividad contó con la participación de Javier Pallero, activista por los derechos digitales; Agneris Sampieri de Access Now; Luca Belli de la Fundación Getulio Vargas; Vladimir Cortés de Digital Action; Carolina de la Fundación Karisma; Flávia Lefèvre de la Coalición Derechos en la Red; Paulo Lara de Artículo 19 Brasil; y Damián Loreti y Gustavo Gómez de Observacom.
Luca Belli destacó que la medida adoptada por la Justicia no fue inmediata, sino que se enmarcó en un camino proporcional y aplicada en el marco de una ley adoptada legítima y democráticamente, que expresamente reconoce esta potestad de suspensión temporal (el Marco Civil de Internet) luego que varias solicitudes con orden judicial fueran ignoradas.
Por su parte, Agneris Sampieri señaló que es un caso particular, ya que el dueño de una de las plataformas principales «decidió no dar contestación a través de mecanismos judiciales y bajó la discusión a un intercambio de tweets en contra de autoridades jurisdiccionales de un Estado democrático». Sin embargo, consideró que la medida «podría no parecer necesaria ni proporcional debido a que se estaría afectando a más de diez millones de usuarios activos», situación que se agrava cuando se determina que los usuarios que intenten acceder a la plataforma mediante VPN serían sancionados.
Flávia Lefèvre sostuvo que es importante tomar en cuenta que Brasil enfrenta una fase avanzada del uso de las plataformas para desestabilizar las instituciones democráticas. Y destacó el caso de X como especial, ya que la plataforma permite contenidos ilegales y abusivos, al mismo tiempo que «reduce el contenido con el cual no concuerda».
En la misma línea, Paulo Lara, manifestó que desde 2016 las grandes plataformas digitales han tenido un abuso de su poder contra los procesos democráticos y contras las democracias, especialmente sobre proyectos de ley que apuntaban a controlar su poder.
Carolina Botero manifestó que se están enfrentando a grandes mercados donde hay un gran componente económico, y que «la manera en que los países pueden enfrentarlo es con reflexiones y articulaciones regionales», añadiendo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos «quizá pudiera ayudar».
Vladimir Cortés enfatizó que es necesario seguir construyendo normativas a partir de los estándares existentes que no solamente dependan de la actuación de un juez o de cualquier otra entidad judicial, y que den legalidad y fuerza para mantener el ejercicio de los derechos en línea de los usuarios y controlar el poder de las plataformas.
Por su parte, Gustavo Gómez destacó que el caso trajo dos cuestiones a considerar, una es el riesgo de que los Estados puedan tomar decisiones desproporcionadas que obviamente afecten la libertad de expresión (coincidiendo que en este caso multar a los usuarios es un despropósito). La otra, que también hay desafíos de cómo los Estados democráticos «pueden establecer el cumplimiento de sus leyes, por ejemplo para proteger de los derechos de las personas de sus ciudadanos en Internet, frente a estrategias de líderes de empresarios poderosos que están dispuestos a desafiar esos Estados y esa legislación».
