Operación Olivos, la compulsión de chicana contra chicana y la ley de medios
La investigación periodística de El Destape, que revela que las visitas de magistrados del fuero federal a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada coinciden con resoluciones judiciales adoptadas en esas fechas, también desmonta el mito de la independencia periodística. La compulsión de los programas y páginas afines al oficialismo en publicar notas con las mentiras y chanchullos del expresidente Macri terminan desplazando de la agenda los temas que realmente importan. ¿Es posible restablecer la ley de medios?
Un pedido de información a la luz del día y una posterior investigación periodística conocida como Operación Olivos mostró que el lawfare no era una alucinación kirchnerista y que el gobierno anterior había montado un plan sistemático de persecución contra la expresidenta Cristina Fernández y funcionarios de su gestión.
En el contexto de dicha investigación, Martín Becerra escribe en El rancho mediático de la Quinta de Olivos que las visitas asiduas de accionistas y opinadores de los grandes medios comerciales al expresidente Macri desmontan el mito de la independencia periodística y correlacionan la concentración mediática con el poder. Interés económico, línea editorial y compromisos políticos quedan expuestos como pocas veces en la Operación Olivos. Todo un fresco del periodismo de los grandes medios comerciales de la Argentina contemporánea.
«Que los accionistas del principal conglomerado de medios y telecomunicaciones (Clarín-Cablevisión, en plena fusión con Telecom), y los de su socio La Nación y el influyente Grupo América, además de sus editores, conductores y columnistas estrella, fueran asiduos invitados del expresidente Mauricio Macri en la residencia oficial en su mandato, confirma la amalgama que une política, negocios, medios de comunicación y armado de la agenda pública en la Argentina. Quid pro quo: las visitas no se fueron de Olivos con las manos vacías y su anfitrión contó con un respaldo mediático inédito en la historia reciente del país», apunta Becerra.
Asimismo, el politólogo Edgardo Mocca valora esta investigación como una reivindicación del periodismo.
Chicana contra chicana, el Gobierno pierde
En ¡Basta con Macri!, Marco Mayer hace foco en la compulsión de los programas y páginas afines al oficialismo en publicar, hasta la saturación, notas con las mentiras y chanchullos del expresidente que terminan desplazando de la agenda los temas que realmente importan.
«Prenderse al juego de chicana contra chicana —observa Mayer—, en general propuesto desde la oposición, implica no solo resignar el manejo de la agenda sino de alguna manera gobernar frente a una pantalla o un micrófono, algo a lo que es demasiado afecto el presidente, como si desconociera aquello de que el poder tiene, por definición, algo de inaccesible. Tanta entrevista, tanta declaración, tanta disposición a cualquier requerimiento de los medios no solo implica postergar tareas más urgentes sino colaborar con las discusiones superestructurales como si no fueran temas urgentes la inflación y la pobreza.»
¿Es posible restablecer la LSCA?
El 8 de abril se cumplieron cinco años de la audiencia en la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por el decreto macrista que desguazó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Néstor Busso, integrante de la delegación que allí expuso las múltiples lesiones de derechos que implicó esa medida, señala la insensatez que siga vigente.[i]
Delegación que viajó a Washington en 2016 a exponer ante la CIDH en contra del decreto de Macri que desguazó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Con el título ¿Por qué mantener políticas de comunicación impuestas por decreto de Macri? Busso señala que el fomento tan declarado a los medios comunitarios sigue siendo declarado pero con seis meses de atraso en el pago de los desembolsos. «Es cierto que ahora hay una apertura en la pauta publicitaria oficial hacia los medios en las provincias, hacia los medios locales, pero son migajas frente a lo que reciben los medios concentrados favorecidos durante los cuatro años del macrismo», dice el expresidente y actual responsable de Políticas Públicas del Foro Argentino de Radio Comunitarias (Farco).
Busso también plantea que «si queremos un Gobierno que responda a las necesidades de los sectores populares, de los más pobres —como muchas veces ha dicho el presidente Alberto Fernández— son necesarias políticas de comunicación efectivas a favor de los sectores populares para que no sigan engordando y concentrando los grandes medios, y que los medios locales, comunitarios, de gestión social, sigan recibiendo, en el mejor de los casos, algunas migajas».
Por su parte, Juan Manuel Soria Acuña (actual juez del Tribunal Fiscal de la Nación) se pregunta en el Cohete a la Luna si es posible restablecer la ley de medios. En su nota, Soria Acuña recuerda que el lunes 4 de enero de 2016, con Buenos Aires desierta y los argentinos de vacaciones, el gobierno dio a luz el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/15. [ii]
Marcha en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en diciembre de 2015 (foto Télam).
Ciertamente, los 36 artículos de este DNU conformaban una verdadera nueva ley, que transmutaba las leyes 26522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27078 (Argentina Digital) en una nueva legislación para el mercado de medios, dictada sin intervención del Congreso.
Soria Acuña subraya que el DNU 267 era claramente inconstitucional: 1) de ningún modo se presentaban las circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes; 2) el Presidente legislaba, modificando por decreto dos leyes del Congreso, no existiendo ni urgencia, ni necesidad.
Y precisa luego que las consecuencias del DNU eran, por demás, tangibles. Bajo el régimen derogado, el Grupo Clarín tenía obligación de desinvertir, lo cual resistió por años, aun después del fallo adverso de la Corte. Con el decreto 267/15 ese deber quedó sin efectos prácticos. Desde 2016 no sólo no desinvirtió, sino que consolidó y amplió sus negocios. No era la única modificación que beneficiaba a Clarín, como bien detalló la Defensoría del Público.
En enero 2016, los catones y censores públicos sobre la separación de poderes, el rule of law y la república habían partido de vacaciones. Sólo la oposición, con muy escasa visibilidad, rompió el mayoritario silencio sobre este DNU. Los medios no le prestaron atención y, si tuvieron que hacerlo, omitieron toda crítica. El Grupo Clarín había ganado las elecciones y estaba facturando su victoria dentro de los quince días hábiles de obtenido el resultado. «Así, con un DNU inconstitucional y a medida de un grupo económico concreto, empezaba el período de la regeneración institucional republicana, perdida durante la larga noche populista».
Luego de un largo análisis, Soria Acuña concluye que, por un simple decreto, el PEN posee plena potestad para derogar íntegra o en parte a esta «criatura» y restaurar, total o parcialmente, la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual 26511.
[i] Para aquellos que quieran profundizar en este tema, la Agencia Farco publicó los audios de las exposiciones de los miembros de la delegación argentina que viajó a la audiencia de la CIDH en Washington para denunciar el desguace de la LSCA por parte del gobierno de Mauricio Macri.
[ii] Un decreto de necesidad y urgencia es un tipo de norma existente en la Argentina que, a pesar de ser sancionada solo por el Poder Ejecutivo, tiene validez de ley. Una vez promulgado el DNU, el Congreso debe analizarlo y determinar si continúa vigente o no.
