Milei: mentiras, corrupción, perversión y represión
Frente a la brutal represión contra los jubilados e hinchas de fútbol que protestaban en el espacio público, las medidas de la ministra Patricia Bullrich tomadas a través de la Resolución 943/23, que regula el Protocolo de Actuación de las Fuerzas Armadas y la Seguridad del Estado, son ilegales e inconstitucionales.
Javier Milei predicó que su credo libertario es: «respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada».
Lo único que cumplió es con la protección de la propiedad de los poderosos y de los intereses financieros, porque no lo hizo con la propiedad del valor de las jubilaciones, ni la de los salarios, ni la de los pueblos originarios y tantas otras propiedades violadas por él, como la propiedad intelectual, no respetada en sus libros, por lo que ha sido acusado de plagio, reiteradamente.
En lo que hace al respecto irrestricto del proyecto de vida, basado en la no agresión, es un presidente agresivo y amenazante con quienes tienen otros proyectos de vida. Se opone, particularmente, a garantizar una vida digna para todos y todas. Repudia que se diga, por ejemplo, que «detrás de una necesidad hay un derecho».
En lo que respecta a la libertad, de ninguna manera acepta que se contradiga al gobierno e insulta a los que discrepan con él, atacando, esencialmente, a la libertad de expresión y al periodismo libre. A su vez, se propone hacer desaparecer el Estado como ente equilibrador de la sociedad y considera que la justicia social es una aberración, que le saca injustamente el dinero a los que más tienen. La libertad que él predica es salvaje, sin acciones que equilibren los desequilibrios sociales, para dar igualdad de oportunidades.
Corrompiendo la corrupción
Milei se presentó como un referente central de la lucha contra la corrupción política, pero como otro credo propio sostuvo que «entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente». La Real Academia Española define a la mafia como «cualquier organización clandestina de criminales». O sea, quien dice que viene a combatir la corrupción, entiende que las organizaciones delictivas corruptas son su modelo. Sin embargo, en los hechos, incluso, ha logrado, nada menos, que «corromper a la corrupción». Tan es así que se afirma que en su entorno se cobra para tener una entrevista con él, pero los que pagaron se quejan que se les mintió y no se cumplió con lo pactado. Corrompió el código de la mafia que elogia.
Aún más, luego el delito de la criptomoneda $Libra, trata de tapar el hecho, cuando la revista estadounidense Forbes, especializada en finanzas, tituló El robo de cripto monedas más grande la historia y acompañó su afirmación con una foto de Milei.
La falacia de cumplir con la ley
Milei dijo que su gobierno hará que se cumpla la ley. Al respecto sostuvo: «Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley». Sin embargo, sustenta su accionar en el incumplimiento de la Constitución nacional, la ley suprema que debe regirnos y a la que juró respetar. Milei gobierna inconstitucionalmente por decretos de necesidad y urgencia; designa jueces de la Corte Suprema de la Nación en comisión y asume facultades que le están vedadas. Así, las consecuencias de este accionar, como el asunto de la criptomoneda, la podemos terminar pagando todos los argentinos, ya que actuó usando la figura de presidente.
Del terrorismo de Estado al Estado perverso
Después de sufrir el terrorismo de Estado, Milei niega los treinta mil desaparecidos y considera que los derechos humanos es una creación de sectores contrarios a la libertad. Ahora también ha instaurado el Estado perverso. Con particular insensibilidad, lleva adelante un verdadero genocidio por goteo, en especial con los mayores adultos, los discapacitados y los niños. A ellos se los somete a no poder acceder a la comida, a los medicamentos necesarios o a tratamientos médicos adecuados. El presidente nunca responde sobre ello, ni por el millón de niños que se acuestan sin cenar. Eso sí, pretende que nos alegremos, cuando aumenta nuestra deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, cuando destina todo el esfuerzo argentino a pagar intereses de deudas ilegítimas y usurarias, cuando cierra organismos estatales fundamentales o cuando se jacta al dejar desempleado a más cuarenta mil personas en el Estado. Nunca se siente deudor del pueblo al que gobierna y siempre busca una excusa para viajar al exterior, mientras no ha visitado a gran parte del país.
La represión primero
Conscientes del tipo de gobierno que inauguraban, lo primero que se hizo fue regular la represión estatal. Así, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dictó a cuatro días de asumir —de manera inconstitucional y por su sola voluntad— la Resolución 943 (14/12/23) que regula el Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales y de Seguridad del Estado ante manifestaciones públicas.
Al dictar ese Protocolo, Bullrich violó gravemente los artículos 14 y 28 de la Constitución nacional, ya que el derecho a la libertad de expresión sólo lo puede regular el Poder Legislativo; o sea, mediante una ley.
El ilegal Protocolo llega a sostener que una marcha en uso de la libertad de expresión puede entendérsela como un delito “in fraganti», que habilita a actuar a la policía directamente y recién luego, comunicarle al juez o fiscal competente la situación, (art. 2). Esto también es totalmente ilegal, considerar delito el solo hecho de peticionar a las autoridades, como lo dejó sentado la jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, que liberó a los detenidos en la marcha de los jubilados del 12/03/25, sin expresar las situaciones que justificaban la detención.
También la Resolución 943 establece ilegalmente graves sanciones de pretender cobrarles a los organizadores de las marchas los costos del operativo de seguridad.
Las manifestaciones públicas implican una desesperada necesidad de ganar visibilidad en la problemática que se expresa y en una sociedad democrática, el espacio urbano es un espacio de participación y no debe tomárselo como que es sólo un ámbito de circulación.
Ahora Bullrich, no conforme con la ilegalidad mentirosa con la que se maneja, justifica el inaceptable ataque a la jubilada de 81 años Beatriz Blanco por parte de un efectivo de la Policía Federal y la situación del fotógrafo Pablo Grillo herido gravemente por una granada de gas disparada a la cabeza por las fuerzas de seguridad y las demás irregularidades en el accionar represivo en la marcha de los jubilados. Asimismo, todo lo actuado por las fuerzas del Estado ha sido elogiado por Milei, en su discurso en el cierre de Expoagro 2025.
En uno más de los excesos, Bullrich ha llegado a decir ilegalmente, que comunicará a los clubes de futbol sobre hinchas que acompañaron la marcha de los jubilados para que los expulsen del club y, además, dice que les prohibirá el ingreso a las canchas de fútbol.
Ojalá todos y todas nos pongamos la camiseta de hinchas de fútbol, los que entendieron que debía darse un grito de «basta de atacar a los jubilados», a lo que debemos sumar nuestro grito, «basta de atacar perversamente a nuestro pueblo».
MIGUEL RODRÍGUEZ VILLAFAÑE
Abogado constitucionalista cordobés, exjuez federal de Córdoba, especialista en Derecho de la Información y periodista de opinión.
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