A cincuenta años del golpe de Estado una encuesta ratifica el rechazo a la dictadura
A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, la memoria sobre la última dictadura sigue siendo un punto de referencia central para comprender la relación de la sociedad argentina con su pasado reciente y con la democracia. Esta investigación, realizada por el observatorio Pulsar.UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explora cómo se recuerda hoy ese período, qué interpretaciones predominan y qué acuerdos persisten en la opinión pública.
A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la memoria sobre la última dictadura argentina sigue vigente en la sociedad, pero no es homogénea. Así lo revela la primera entrega del estudio Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después, elaborado por Pulsar.UBA y el CELS, que combina metodología cualitativa y cuantitativa para retratar cómo los argentinos recuerdan, interpretan y evalúan hoy aquel período.
El estudio se llevó a cabo en dos etapas: una fase cualitativa, mediante la realización de ocho grupos de focales realizados entre el 25 de agosto y el 11 de septiembre de 2025 en distintas regiones del país con personas menores de 50 años; y una cuantitativa, mediante una encuesta nacional de 1136 casos relevada entre el 15 y el 27 de octubre de 2025, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95 %. Los grupos focales se segmentaron según la postura de los participantes frente a la dictadura, permitiendo captar tanto los consensos como las tensiones que atraviesan la memoria colectiva.
Una memoria viva, pero con fisuras
El 71 % de los encuestados afirmó conocer «mucho» o «algo» sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983. El dato refleja décadas de política educativa, trabajo de organismos de derechos humanos y producción cultural en torno al tema. Sin embargo, el nivel de conocimiento no implica unanimidad en la interpretación.
El estudio identifica una fractura central en la lectura del período: una parte de la sociedad entiende que la dictadura llevó adelante un plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos, mientras otra lo caracteriza como un gobierno que enfrentó al terrorismo en el que «pudo haber habido excesos» —formulación que remite a la histórica «teoría de los dos demonios». La postura del plan sistemático es más frecuente entre mujeres (+12%), personas con nivel educativo medio y alto (+6 a +8%) y residentes del AMBA (+8%).
Pese a esa división interpretativa, el estudio subraya un punto de partida común: tanto quienes se identifican con la postura del plan sistemático como quienes hablan de excesos expresaron, en los grupos focales, sentimientos iniciales muy negativos frente a la dictadura: dolor, temor y condena total. Las diferencias emergen al profundizar en el análisis de las causas, las responsabilidades y el contexto histórico.
El golpe, sin justificación social
Uno de los datos más contundentes del estudio es la evaluación sobre las causas del golpe. El 63 % de los consultados sostuvo que no hubo motivos que justificaran el golpe de Estado de 1976, mientras que el 27 % consideró que existían muchos o bastantes motivos para llevarlo a cabo. Quienes rechazan cualquier justificación son principalmente universitarios y residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En los grupos focales, varios participantes cuestionaron incluso la caracterización del período como una «guerra». Una participante de entre veinte y veintinueve años del AMBA señaló que no fue una guerra porque las víctimas no podían defenderse, ya que una guerra implica que ambas partes tienen esa posibilidad. Otros testimonios apuntaron a que la violencia, aunque inicialmente circunscripta a ciertos sectores, terminó extendiéndose al conjunto de la sociedad.
En cuanto a los responsables, la Junta Militar encabezada por Videla, Massera y Agosti concentra la primera mención de responsabilidad. En menor medida, aparecen Montoneros y grupos guerrilleros, el gobierno de Isabel Perón, la situación social y económica, y la influencia de Estados Unidos.
Justicia: una demanda que no cede
El 70 % de los encuestados se mostró muy de acuerdo o bastante de acuerdo con que el Estado continúe juzgando a los militares responsables de crímenes durante la dictadura. Solo el 26 % expresó poco o ningún acuerdo con esa afirmación. La cifra habla de una demanda de justicia que, lejos de haberse agotado con los juicios de las últimas décadas, mantiene respaldo social amplio.
El estudio también indaga en la experiencia personal de los encuestados. La mayoría no tiene un conocido, familiar o amigo que haya sido desaparecido, detenido o perseguido por la dictadura, lo que refleja que la experiencia directa con el terror estatal es más limitada en la sociedad actual. Pero esa distancia no es neutral: quienes sí tienen un vínculo personal con víctimas de la represión muestran una imagen significativamente más negativa de las Fuerzas Armadas y más positiva de los organismos de derechos humanos y de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La experiencia personal, concluye el informe, opera como un ancla moral que condiciona la lectura del pasado.
Cómo se transmite la memoria
La escuela y la universidad, junto con las conversaciones con familiares y amigos, son los principales canales por medio de los cuales la población se informó sobre el período dictatorial, por encima de los medios de comunicación tradicionales, el cine, los libros y las redes sociales. El dato pone de relieve el peso de los ámbitos de socialización primaria —la familia y la educación formal— en la construcción de la memoria colectiva.
En los grupos focales, un participante de entre treinta y 39 años describió ese proceso como «oleadas de memoria y desmemoria», una imagen que sintetiza la tensión entre los momentos de activación del recuerdo colectivo —como los aniversarios o los juicios— y los períodos de relativo silencio o distancia afectiva con el tema.
«Eso no va a volver a pasar»: convicción firme, pero con contradicciones
Frente a la pregunta de si podría repetirse una dictadura en Argentina, la respuesta es casi unánime en la negativa. El 83 % de los encuestados consideró poco o nada probable que vuelva a haber un régimen dictatorial en el país, frente a apenas el 13 % que lo ve como bastante o muy probable.
Sin embargo, el estudio pone el foco en una contradicción relevante: esa convicción no siempre se traduce en disposición a la acción. Muchas de las personas que afirman que «la gente» no lo permitiría reconocen, al mismo tiempo, que nunca han asistido a una marcha ni han publicado en redes sociales en apoyo a causas relacionadas con los derechos humanos.
A eso se suma que, al imaginar concretamente qué pasaría frente a un golpe, los participantes tienden a proyectar consecuencias individuales: no poder chatear libremente, perder la libertad de expresión o sufrir restricciones en redes sociales, antes que dimensionar el impacto colectivo e institucional de un quiebre democrático. Algunos confían en que acuerdos internacionales o países vecinos intervendrían para restablecer el orden; otros simplemente expresan que «no lo ven factible», sin explicar por qué.
Esa combinación de certeza y pasividad, de memoria activa y participación limitada, es quizás uno de los hallazgos más sugerentes de este estudio, que en próximas entregas continuará desarrollando la mirada de los argentinos sobre uno de los períodos más oscuros de su historia reciente.
En síntesis, los resultados del estudio muestran que:
- La condena social a la dictadura continúa siendo ampliamente mayoritaria.
- El recuerdo colectivo del período se organiza principalmente en torno a los desaparecidos, la represión y la violencia estatal;
- La escuela y la universidad siguen funcionando como los principales espacios de transmisión de esa memoria.
- Existe un respaldo extendido a la continuidad de los juicios por los crímenes de la dictadura y un fuerte consenso en torno a la democracia como forma de gobierno.
Ver la encuesta completa acá
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