La neutralidad tecnológica no existe

La soberanía digital no es un concepto abstracto o un derecho que se resuelve con aplicación de sanciones económicas multimillonarias. Así parece entenderlo Europa desde algunas acciones concretas de gobierno. En tal sentido, Francia ha marcado un punto de inflexión al anunciar que dos millones y medio de funcionarias y funcionarios dejarán de usar Zoom, Microsoft Teams, Webex y GoTo Meeting antes de 2027. El Gobierno francés sustituirá esas plataformas por Visio, un sistema de videoconferencia de desarrollo propio. El mensaje es explícito. No se puede construir un Estado dependiente de infraestructuras privadas extranjeras capaces de apagar el interruptor cuando Washington lo ordene.

La decisión toma lugar en un contexto de creciente hostilidad diplomática, con tensiones abiertas entre Estados Unidos y Europa y un precedente que lo cambió todo: las sanciones impuestas en 2025 por la Casa Blanca contra el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional tras la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu. Este episodio demostró algo que hasta entonces se consideraba una hipótesis teórica. Microsoft canceló el correo institucional del fiscal sancionado. El gesto fue legal, pero el mensaje político fue contundente. Si una empresa privada puede cortar servicios esenciales a una institución internacional por orden de un gobierno extranjero, la soberanía digital europea es una ficción.

Soberanía digital o dependencia política

La decisión francesa tiene sus antecedentes. Emmanuel Macron lleva años insistiendo en la necesidad de reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y China. Pero ahora el clima ha cambiado. Ya no se trata solo de competitividad o privacidad. Se trata de seguridad, autonomía política y capacidad de decisión.

El propio Ejecutivo francés fue claro al anunciar la medida. El objetivo es «poner fin al uso de soluciones no europeas y garantizar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones públicas». David Amiel, ministro de Función Pública, advirtió que los intercambios científicos, los datos sensibles y las innovaciones estratégicas no pueden quedar expuestos a actores no europeos.

El problema no es nuevo. Desde las revelaciones de Edward Snowden en 2013, Europa sabe que sus datos circulan por infraestructuras sujetas a leyes estadounidenses. El Cloud Act^[1]La Ley Cloud modifica principalmente la Ley de Comunicaciones Almacenadas (SCA) de 1986 para permitir que las autoridades federales obliguen a las empresas de tecnología con sede en Estados Unidos, … Continue reading permite a Washington exigir información a empresas norteamericanas, aunque los servidores estén en territorio europeo. Las llamadas nubes soberanas prometidas por las big tech no han disipado ese riesgo. El control último sigue estando fuera de Europa.

A este escenario se suma el giro agresivo de la administración Trump, que ha normalizado el uso de sanciones económicas y tecnológicas como arma política. La Comisión Europea ya no oculta su preocupación. En el Foro de Davos de enero de 2026, la comisaria Henna Virkkunen lo dijo sin rodeos: la dependencia tecnológica puede ser utilizada como arma contra Europa.

El efecto dominó en Europa

Francia no está sola. La ruptura con las plataformas estadounidenses forma parte de un movimiento más amplio. En Alemania, el estado de Schleswig-Holstein migró en 2025 44.000 cuentas de correo desde Microsoft a software libre y sustituyó SharePoint por Nextcloud. El siguiente paso podría ser abandonar Windows y apostar por Linux en toda la administración regional.

En Austria, el ejército ya redacta informes con LibreOffice, una suite de código abierto desarrollada en Europa. La razón no es solo económica. Microsoft está empujando a las administraciones hacia el almacenamiento obligatorio en la nube, lo que implica perder control sobre documentos sensibles. LibreOffice, al no depender de servicios en la nube, devuelve ese control a las instituciones.

También Dinamarca ha iniciado pruebas de software libre en su administración central y en ciudades como Copenhague y Aarhus. En Lyon, el Ayuntamiento reemplaza progresivamente las licencias de Microsoft por alternativas abiertas. Italia lleva años con experiencias similares en municipios y regiones, aunque ahora el motivo ya no es ahorrar licencias, sino evitar el encierro tecnológico.

El patrón es claro. Europa empieza a entender que la neutralidad tecnológica no existe. Cada contrato con una big tech estadounidense implica aceptar un marco legal, político y geoestratégico ajeno.

Las propias empresas lo saben. Microsoft insiste en su compromiso con Europa y en su interés por mantener la «confianza transatlántica»”. Pero la confianza no se construye con comunicados. Se construye con garantías estructurales, y esas garantías hoy no existen.

Lo que Francia ha hecho no es un gesto simbólico. Es una advertencia. Si la tecnología se usa como arma, Europa tiene derecho a construir sus propias herramientas. Cuando la soberanía se delega en servidores extranjeros, la democracia se convierte en un servicio bajo licencia revocable.

Los dueños de las grandes tecnológicas no están solos en esta batalla, tienen el impulso del presidente Donald Trump. La alianza quedó al descubierto el primer día de su segundo mandato. Varios tecnooligarcas como Musk, Zuckerberg y Bezos ocuparon un lugar protagonista en la toma de posesión del líder republicano. Al parecer, el acuerdo entre la administración estadounidense y las big tech para mantener una posición dominante en los mercados es total y absoluto.

Para Mariluz Congosto, profesora honoraria de comunicación audiovisual y publicidad en la Universidad de Málaga. «Las tecnológicas —apunta— se pusieron a disposición del turmpismo durante la última campaña electoral y al mismo tiempo, consiguieron su protección. Trump utiliza el mantra de la libertad de expresión para promover un discurso antirregulatorio y amenaza con aranceles cuando los países europeos proponen algún tipo de medida o sanción». Y desde el Proyecto UNA —un colectivo centrado en investigar la cultura digital y nuestra relación con la tecnología, dos cuestiones que abordan en el ensayo muy recomendable La viralidad del Mal— recuerdan que «las pequeñas multas que les han podido caer y regulaciones como la Ley de Servicios Digitales -que España aplica mal y tarde- son de todos modos un paso tímido e ineficiente, para lo único que han valido es para que los líderes de las principales empresas mostraran su verdadero rostro y se alinearan fervientemente con Doland Trump».

La presión de las multinacionales que controlan el mercado tecnológico responde fundamentalmente a motivos económicos, poco les importan cuestiones como la «censura» o los «derechos» de los usuarios. El catedrático Antonio Cabrales lo resume de manera simple: «Estamos hablando de tres o cuatro empresas que ganan muchísimo dinero a base de comprar y vender nuestros perfiles de consumidor, nuestros gustos. Esta información es extremadamente valiosa para los anunciantes. Europa y España quieren limitar ese control de los datos. Y si lo hacen, limitan en parte sus beneficios, por eso no están contentas».

Desde el proyecto UNA sostienen que «las tecnológicas llevan años haciendo lo que quieren en una espiral de crecimiento financiero y manipulación mediática sin igual». Esto negocios milmillonarios podrían verse frustrados por medidas como las que anunció España.

El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, está decidido a combatir la «tecnocasta» de las redes sociales y ha avanzado en una ofensiva con medidas que incluyen «responsabilidades penales» para combatir «contenidos ilícitos». «Nuestra determinación —dijo— es más fuerte que sus bolsillos».

En un vídeo de casi dos minutos en su perfil de X, Sánchez ha lamentado que «las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido», ya que hay aplicaciones que «dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia».

Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido y cuando las democracias empezamos a poner orden, sus dueños se ponen nerviosos.

Seguiremos adelante pese a sus amenazas. pic.twitter.com/IgFn6Ra1VT

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 6, 2026

Sánchez considera que transitamos un momento definitorio de cara a las generaciones venideras y plantea la urgente necesidad de recuperar el control de la gobernanza digital y de las redes sociales para que sean un espacio sano y democrático.

Elon Musk no ha dudado en ridiculizar al primer ministro británico con una foto suya en bikini, generada con inteligencia artificial. Y llamarle «sucio» a Pedro Sánchez.

El éxito de esta estrategia de insultos y ataques sería de todos modos «relativo». Al menos, genera dudas entre los expertos consultados por Público. «Los tecnobros tienen una autopercepción de sí mismos bastante mesiánica, tienen mucho poder y herramientas de influencia social, llegan a verse como mesías. Esto no es más que una prueba de hasta qué punto se creen su propio relato. Los insultos y las advertencias no van a tener ningún efecto desde el punto de vista político ni van a afectar a la popularidad de los dirigentes a los que señalan», vaticina Guillermo López García, catedrático de periodismo en la Universidad de València.

La «autopercepción», en cualquier caso, «no legitima a los empresarios tecnobros, para irrumpir en la política de ningún país y tratar de condicionarla más allá de los sesgos algorítmico» de cada una de las plataformas.  Entonces, ¿por qué siguen utilizando este tono? «El bravuconeo y la provocación son parte de la comunicación de los tecnooligarcas para llamar la atención. Y lo consiguen porque son ellos mismos los que controlan los canales por los que circula esa comunicación», según entienden desde Proyecto UNA. 

El hecho de avivar las polémicas también tiene que ver con el dinero. Y no solo por el miedo a ganar menos, sino también por la posibilidad de ganar un poco más. La actividad de los usuarios en las redes sociales aumenta cuando aparecen peleas o riñas. Les interesa generar conflictos porque los monetizan es decir lo convierten en dinero.

A modo de conclusión

La innovación constante también juega un papel en la resistencia y protección contra la dominación tecnológica. Pensar más allá del mercado es algo que las naciones desarrolladas ya están haciendo. Para los países de bajos y medianos ingresos que todavía siguen luchando para captar el potencial de las nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, evitar las violaciones de los derechos de sus ciudadanos hay alternativas que deben empezar a ser desplegadas con urgencia.

La mayoría de estas opciones existe en la forma de compromiso nacional y regional de mediano a largo plazo en múltiples niveles e implicando una colaboración fluida entre gobiernos, ciudadanos y compañías nacionales.

En lo constitucional, los países deben asegurar que mantendrán la capacidad de legislar y regular las nuevas tecnologías y su impacto en los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Las constituciones deben garantizar también que el Estado ejerza autonomía y control sobre las infraestructuras de tecnología cruciales y sobre las posiciones clave en importantes activos e industrias.

Paralelamente, también es necesario desarrollar una estrategia fundada en el Estado para la soberanía digital. Esta debe cubrir todos los aspectos, entre ellos la modificación de los planes de estudios a fin de desarrollar los recursos humanos capaces de desarrollar y pensar infraestructuras locales y regionales que reemplacen la dependencia existente; la inversión en fondos como sostenimiento a los organismo de ciencia y técnica  y otras iniciativas de investigación y desarrollo para que los experimentos locales sean llevados a buen puerto; tener en cuenta las necesidades específicas, capacidades y visión de cada país; inversión proactiva de recursos en aplicaciones sociales de la tecnología.

Se podrían fomentar y financiar asimismo el intercambio de capacidades, información e investigación entre los países del sur global. Aprovechar las capacidades propias instaladas en Uruguay, Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia.

El camino a la soberanía digital comienza a marcarse, Algunos líderes globales toman conciencia de los peligros representados por la rápida mercantilización digital para sus sociedades y los pueblos vulnerables del mundo y sus impactos sobre la perdida de democracia y de dignidad.

Las desigualdades digitales son muy fuertes en el sur global. Abrazar un futuro que tenga a la autonomía digital, la dignidad humana y la innovación social como centro de su devenir, debe ser alentada e institucionalizada desde los Estados democráticos que consideren el bienestar de los ciudadanos y de la comunidad, para asegurar su permanencia y reproducción en escala.

Comunidades lingüísticas y autónomas deben ser fomentadas a desarrollar su propia tecnología y contenido digital y a preservar y exportar sus culturas al ambiente digital. Deben establecerse políticas públicas que garanticen que la adopción de nuevas tecnologías digitales en escala masiva no cree más desigualdad, exclusión o la imposición de prácticas y valores extranjeros a las comunidades receptoras. Es una oportunidad para rescatar y desarrollar más conocimiento local.

Haciendo raíces en lo local, en la descentralización y en la lógica del patrimonio digital común, comenzaremos a accionar políticas que van a derrotar al colonialismo digital.