La mentira o desinformación desde el poder además de confundir erosiona los pilares de la democracia

En Minneapolis, Estados Unidos, dos recientes enfrentamientos mortales con agentes federales de inmigración han provocado no solo dolor e ira, sino también una lucha inusualmente clara sobre lo que está en juego.

Tras el asesinato de Alex Pretti el 24 de enero, los funcionarios federales afirmaron que los agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon al menos diez veces actuaron en defensa propia.

Sin embargo, los análisis hechos por medios independientes mostraron que la víctima sostuvo un teléfono, no un arma, durante todo el enfrentamiento. De manera similar, los informes contradictorios sobre la muerte de Renée Good unas semanas antes han intensificado los llamamientos a una revisión independiente y a la transparencia. Las autoridades estatales y locales de Minnesota han descrito enfrentamientos con las agencias federales por el acceso a las pruebas y la autoridad investigadora.

Este patrón es importante porque, en crisis que evolucionan rápidamente, las primeras declaraciones oficiales a menudo se convierten en el andamiaje sobre el que se construye el juicio público. A veces, esas declaraciones resultan ser precisas. Pero otras veces no lo son.

Cuando el público experimenta repetidamente la misma secuencia –afirmaciones seguras, revelaciones parciales, explicaciones cambiantes, pruebas retrasadas, mentiras– el daño puede durar más que cualquier incidente aislado. Esto enseña a la gente que “los hechos” son simplemente un instrumento más del poder, distribuido estratégicamente. Y una vez que esa lección cala, incluso las declaraciones veraces se reciben con recelo.

Y cuando las versiones del Gobierno cambian constantemente, la democracia paga el precio.

La mentira en la política

No se trata de un problema nuevo. Durante la guerra de Secesión estadounidense (1861-1865), por ejemplo, el presidente Abraham Lincoln gestionó la cobertura hostil de la prensa con una mezcla contundente de represión y moderación. Su administración cerró cientos de periódicos, arrestó a editores y censuró las líneas telegráficas, incluso cuando el propio Lincoln era a menudo objeto de burlas personales y maliciosas.

El escándalo Irán-Contra de la década de 1980 trajo consigo intentos igualmente falsos por parte de la administración Reagan de controlar la percepción pública, al igual que las afirmaciones engañosas del presidente sobre las armas de destrucción masiva en el período previo a la guerra de Irak de 2003.

Durante la era de Vietnam, la brecha entre lo que los funcionarios decían en público y lo que sabían en privado era especialmente marcada.

Tanto la administración Johnson como la de Nixon insistieron repetidamente en que la guerra estaba dando un giro y que la victoria estaba cerca. Sin embargo, las evaluaciones internas describían un agotador estancamiento.

Esas contradicciones salieron a la luz en 1971, cuando The New York Times y The Washington Post publicaron los llamados Papeles del Pentágono, un informe clasificado del Departamento de Defensa sobre la toma de decisiones de Estados Unidos en Vietnam. La administración Nixon se opuso ferozmente a la publicación del documento.

Varios meses después, la filósofa política Hannah Arendt publicó un ensayo en la revista New York Review of Books titulado La mentira en la política. También se reimprimió en una colección de ensayos titulada Crisis de la República.

Arendt, una refugiada judía que huyó de Alemania en 1933 para escapar de la persecución nazi y del riesgo muy real de ser deportada a un campo de concentración, argumentó que cuando los gobiernos tratan de controlar la realidad en lugar de informar sobre ella, el público deja de creer y se vuelve cínico. La gente «pierde el rumbo en el mundo», escribió.

«Ya nadie cree en nada»

Arendt articuló por primera vez este argumento en 1951 con la publicación de Los orígenes del totalitarismo, en el que examinaba el nazismo y el estalinismo. Lo perfeccionó aún más en sus reportajes para The New Yorker sobre el juicio de Adolf Eichmann en 1961, uno de los principales coordinadores del Holocausto.

Arendt no se preguntaba por qué mienten los funcionarios. En cambio, le preocupaba lo que le sucedía al público cuando la vida política entrenaba a los ciudadanos para que dejaran de insistir en un mundo compartido y factual.

Arendt consideraba que los Papeles del Pentágono eran más que una historia sobre Vietnam, la evidencia de un cambio más amplio hacia lo que ella denominó «creación de imagen», un estilo de gobierno en el que gestionar la audiencia se vuelve al menos tan importante como cumplir la ley. Cuando la política se convierte en espectáculo, los hechos reales no son una limitación, sino un accesorio que se puede manipular.

El mayor peligro de la mentira organizada y oficial, advirtió Arendt, no es que la gente crea algo que es falso; es que las distorsiones repetidas y estratégicas hacen imposible que los ciudadanos se orienten en la realidad.

«El resultado de una sustitución constante y total de la verdad factual por mentiras no es que la mentira sea ahora aceptada como verdad y la verdad difamada como mentira», escribió, «sino que el sentido con el que nos orientamos en el mundo real… [se] destruye».

La filósofa reforzó aún más este punto con una frase que resulta especialmente conmovedora en el entorno informativo fragmentado, rápido y conflictivo de hoy en día. «Si todo el mundo te miente constantemente, la consecuencia no es que creas las mentiras, sino que ya nadie cree en nada», advirtió. «Un gobierno mentiroso tiene que reescribir constantemente su propia historia… dependiendo de cómo sople el viento político. Y un pueblo que ya no puede creer en nada no puede tomar una decisión. Se ve privado no solo de su capacidad de actuar, sino también de su capacidad de pensar y juzgar».

Cuando los funcionarios mienten una y otra vez, la cuestión no es que una sola mentira se convierta en una verdad aceptada, sino que la historia sigue cambiando hasta que la gente no sabe en qué confiar. Y cuando esto ocurre, los ciudadanos no pueden deliberar, aprobar o disentir de forma coherente, porque ya no existe un mundo compartido.

Mantener la legitimidad

Arendt ayuda a aclarar lo que nos está mostrando Minneapolis y por qué la postura actual del Gobierno estadounidense es importante más allá de una ciudad.

Las redadas de inmigración son operaciones diseñadas para generar un alto nivel de conflicto. Se llevan a cabo rápidamente, a menudo sin visibilidad pública, y exigen a las comunidades afectadas que acepten como legítima una fuerte presencia federal. Cuando se producen asesinatos en ese contexto, la verdad y la transparencia son esenciales. Protegen la legitimidad del gobierno ante la opinión pública.

La información sobre el caso Pretti muestra porqué. A pesar de que los líderes del Gobierno federal emitieron declaraciones definitivas sobre el supuesto comportamiento amenazante de la víctima —dijeron que Pretti se acercó a los agentes apuntándoles con un arma—, las pruebas en vídeo contradicen esa versión oficial.

La cuestión no es que cada detalle controvertido de un suceso complejo y vertiginoso cause daño al público. Se trata de que, cuando los funcionarios hacen afirmaciones que parecen claramente incompatibles con las pruebas disponibles —como en las versiones iniciales de lo que ocurrió con Pretti—, esa discrepancia es en sí misma perjudicial para la confianza del público.

Las declaraciones distorsionadas, junto con la divulgación tardía, las pruebas selectivas o la resistencia interinstitucional a las investigaciones externas, llevan al público a la conclusión de que los relatos oficiales son una estrategia para controlar la historia, y no una descripción de la realidad.

La verdad es un bien público

La política no es un seminario de claridad absoluta, y las afirmaciones contradictorias siempre forman parte del proceso. Las democracias pueden sobrevivir a la manipulación, las relaciones públicas e incluso a falsedades ocasionales. Pero las observaciones de Arendt muestran que la normalización de la deshonestidad flagrante y la ocultación sistemática amenaza a la democracia. Esas prácticas corroen la base factual sobre la que se construye el consentimiento democrático.

La Constitución de los Estados Unidos asume que el pueblo es capaz de lo que Arendt denominó «juicio»: ciudadanos que pueden sopesar las pruebas, asignar responsabilidades y actuar a través de la ley y la política.

Si se enseña a la gente que la «verdad» es siempre contingente y siempre táctica, el daño va más allá de la desinformación. Un público confuso y desconfiado es más fácil de manejar y más difícil de movilizar para una participación democrática significativa. Se vuelve menos capaz de actuar, porque la acción requiere un mundo compartido en el que las decisiones puedan ser comprendidas, debatidas y cuestionadas.

Los tiroteos de Minneapolis no son solo una discusión sobre el uso de la fuerza. Son una prueba de si las instituciones públicas tratarán los hechos y la verdad como un bien público, algo que se le debe a la comunidad, precisamente cuando las tensiones son más altas. Si la vida democrática depende de un contrato social entre los gobernados y los gobernantes, ese contrato no puede sostenerse sobre arenas movedizas. Requiere una realidad compartida suficiente para soportar el desacuerdo.

Cuando los funcionarios reescriben los hechos, el daño no es solo para el registro. El daño afecta a la creencia básica de que un público democrático puede saber lo que ha hecho su gobierno.

Nota publicada por The Conversation, que comparte sus contenidos por medio de una licencia de Creative Commons CC BY-ND 4.0