La Corte condiciona inconstitucionalmente a los otros poderes
El Poder Judicial pierde la autoridad constitucional y moral necesaria cuando se asume como superpoder por sobre los otros poderes democráticos y las necesidades del país todo.
Vivimos una grave ruptura de la dinámica propia de la arquitectura institucional básica del país. Los poderes Legislativo y Ejecutivo están neutralizados en el cumplimiento de tareas esenciales para el funcionamiento constitucional y los partidos políticos transcurren su existencia diluyendo su identidad en coaliciones que condicionan cualquier acuerdo con dirección clara en políticas de Estado para el bien común. Entre otros aspectos urgentes a encarar —de manera integral entre todos los responsables—, hace trece años que no se logra nombrar al defensor del Pueblo de la Nación; hace cinco años al procurador general de la Nación; y hace casi un año a la reemplazante mujer en la vacante existente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La lista sigue, tampoco se avanzó en la sustitución de jueces puestos en comisión, indebidamente, con carácter «provisorio» (Bruglia y Bertuzzi) durante la gestión de Mauricio Macri. Y otra tanto sucede con la necesidad de reformar la dinámica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), además del 25 % de cargos vacantes en la justicia nacional y federal sin cubrir.
En ese contexto, el máximo tribunal del país ha sido cooptado irregularmente en su poder por Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte y, simultáneamente, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, ejerciendo la suma del poder público judicial. Además, con el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, se autoeligieron para esos cargos —en una reunión electiva irregular en la que se autovotaron con la colaboración del otro miembro, Juan Carlos Maqueda— por tres años, desde octubre de 2021 hasta octubre de 2024. No se esperó, para dicha ocasión, a los otros dos miembros, como debió hacerse, a Ricardo Lorenzetti y a la ministra Elena Highton de Nolasco, que renunció luego en noviembre de 2021.
A su vez, en los últimos tiempos Rosatti y Rosenkranz se han dedicado a recorrer el país haciendo proselitismo judicial entre jueces y juezas y dejar en claro un poder soberbio por sobre los otros poderes del Estado. Por cierto, actitudes que no tienen justificativo constitucional alguno.
Así, recientemente, al cerrar el XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales Federales y Nacionales de la Argentina, celebrado en la ciudad de Catamarca el 29 y 30 de septiembre de 2022, Rosatti expresó: «Creo que la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y procesales, va a ser la que cuente con el consenso del Poder Judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la CSJN». Pero, después, condicionó la aceptación de los cambios y dijo, que: «En la medida de nuestras posibilidades vamos a llevar adelante las reformas que sean necesarias».
O sea, la CSJN ha limitado, inconstitucionalmente, a los otros dos poderes democráticos. Una cosa es consultar a la Corte y otra muy distinta que los planteos del tribunal se hagan amenazando que, como poder contramayoritario no electivo por el pueblo, pueda condicionar lo que puedan decidir constitucionalmente los poderes democráticos (el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Nación) y que agreguen que las normas que se dicten las llevarán adelante en la medida de sus posibilidades y mientras las consideren necesarias.
Los dichos de Rosatti implican un verdadero alzamiento al orden constitucional, con el agravante que lo hizo transformando en cómplices involuntarios al resto de las cabezas de diversos tribunales del país, reunidos en el Encuentro en Catamarca. Lo dicho se agrava, toda vez que la declaración se hace, luego que la gran mayoría de los gobernadores de Argentina consensuaron un proyecto de reforma de la CSJN, que recientemente tuvo media sanción en el Senado de la Nación.
Por otro lado, ha quedado claro, como revelan las discusiones en la comisión del Senado que trató el proyecto, que los ministros de la Corte no puedan ver y analizar la gran mayoría de los fallos, ya que firman, en promedio, entre 71 y 80 resoluciones diarias. Es decir, como lo declaró en la dicha comisión el exmiembro del tribunal Eugenio Zaffaroni el 5 de mayo de 2022, sacan entre quince y diecisiete mil resoluciones al año, lo que hace que las sentencias del tribunal sean, en los hechos, una gran escenografía y no el resultado de jueces que se ocupen personalmente de cada caso o decidan sobre temas acerca de los cuales no tienen especialidad.
Además, la CSJN, con modos monárquicos, funciona sin tiempos para resolver sus casos y muchas veces con resoluciones tardías sin fundamentos, a tenor del inconstitucional artículo 280 del Código Procesal de la Nación que habilita, a poder decidir sin dar razones y sólo mencionando el artículo del Código.
Esto último se potencia negativamente cuando se advierte que, en medio de ajustes incrementará los sufrimientos de muchos sectores sociales, la CSJN mandó su presupuesto para el año 2023, que el Ministerio de Economía agregó textualmente al proyecto general de presupuesto de la nación, en el que destina el 87,6 % para gastos de sueldo de 4732 cargos. Publicado el 15 de septiembre en el Boletín Oficial, la lectura del presupuesto de la Corte muestra que los miembros de la Corte fijaron el presupuesto de gastos de la CSJN para el ejercicio 2023 —aprobado por Acordada 21/22— en la suma de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($ 54.672.144.449). De dicho monto, $ 47.905.179.309 se destina al pago del personal del tribunal; es decir, un 87,6% del total del gasto se destina a sueldos para 4732 cargos. ¿Puede ser que solo la Corte tenga un gasto promedio de $ 10.123.664 anual, por cada persona de su dependencia (desde magistrados, funcionarios a empleados) o, dicho de otra forma, que para mantener la CSJN se deban destinar en gastos de empleados, en proporción, por cada uno de los cinco miembros que la integran, la suma de diez mil millones de pesos por año?
La CSJN intima a los otros poderes que le consulten cualquier reforma para que, si está de acuerdo, garantizar que las hará cumplir, pero a la vez exige que se les otorgue, sin consultar con los otros poderes, los montos referidos y no demuestran pautas alguna de austeridad en gastos, necesarias en la crisis económica que vivimos.
Mientras tanto, a tenor del presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, el monto solicitado por la Corte para el pago de sueldos de su personal es igual al monto de cincuenta mil millones de pesos que se le recorta al Plan Conectar Igualdad del Ministerio de Educación.
