El Gobierno de Jujuy busca eliminar la cultura quechua
El gobernador de Jujuy Carlos Sadir —quien continúa con la misma línea política de su antecesor Gerardo Morales— ordenó al Ministerio de Educación provincial el cierre del Jardín Maternal Intercultural Wawa Huasi (casa del niño, en quechua), el único que se encuentra en la localidad de La Quiaca.

El jardín es una institución educativa de catorce años de trayectoria en la educación bilingüe (quechua y español), que alberga a más de 150 niños y niñas de entre dos y cinco años de edad, alumnos repartidos en sus diferentes salas y en los dos turnos: mañana y tarde. Cuenta con catorce docentes y ocho personas de servicio. También se ha cerrado el comedor existente.
La decisión se la ha pretendido fundar en el Decreto Nº1759-6-2016, de hace ocho años, el cual declara de interés provincial el proyecto, Eje de movilidad tren Jujuy- La Quiaca. Razón por la cual resolvieron que el jardín no podrá continuar utilizando el predio que se encuentra en las exvías del Ferrocarril General Belgrano. Sin embargo, esas vías hace veinte años que están sin usarse. Pero tampoco se reubica al jardín de infantes y directamente se lo cierra y dejará de funcionar.
Aún más, como lo refiere el periódico Ciudad de Jujuy, de fecha 20/04/2024, «el coordinador provincial del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, Jorge Angulo, consultado sobre las razones de la desafectación laboral de los docentes y del cierre de la institución educativa bilingüe expuso que representantes del Ministerio de Educación, de manera verbal, señalaron que «están en la misma línea que el Gobierno nacional, y dicen que la educación es adoctrinamiento, y en este caso la educación intercultural bilingüe, y agregan, que se promueve personas como las que el año pasado estuvieron en los cortes de ruta», en contra de la irregular reforma de la Constitución provincial.
En la provincia de Jujuy, el gobierno, desde hace tiempo, ha buscado eliminar la cultura quechua. Ya en octubre del año 2014, se indicó al profesor Cristian González (Jatun Inti, tal su nombre indígena), de la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 1 de El Aguilar, que debía abstenerse de comunicarse con sus alumnos con palabras quechuas y también que no podía enseñarles la buena alimentación utilizando productos de la zona, como la papa andina, el mote o la quinua. De esa manera, se atacó aspectos fundamentales del derecho indígena. La intimación prohibitiva negaba la identidad cultural y lingüística del profesor y de los alumnos.
Proteger la diversidad cultural
La diversidad cultural resulta esencial a la humanidad, constituye algo fundamental a su patrimonio común. Razón por la cual se debe valorar y preservar para el beneficio de todos, son derechos humanos básicos.
En este aspecto, la Declaración universal sobre la diversidad cultural de 2001 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)sostiene que «la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras». Y agrega, que «las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública».
También en la Declaración de la Unesco se afirma que «la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas».
En Argentina, la Ley 26061, de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes determina la necesidad, que a las niñas, niños y adolescentes se les garantice el derecho «a su lengua de origen» y «a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia».
Para preservar y promover las identidades culturales de todos los pueblos, en particular, ayudando a los más débiles y a los que llamamos pueblos originarios, laLey 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual señala que el objetivo de un servicio de comunicación audiovisual, entre otros, es buscar «la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los Pueblos Originarios».
Asimismo, la Ley 26206, de Educación nacional, determina como fines y objetivos de la política educativa nacional, entre otros, los de asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as…”.
Oportunamente, la Ley 23302 sobre Política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes determinó, que «es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deberán resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su integración igualitaria en la sociedad nacional».
Todo esto a su vez, conforme con la Constitución nacional reformada en 1994 que dispone que el Congreso Nacional debe «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural» y se encargará de dictar leyes, que «protejan la identidad y pluralidad cultural …», (art. 75, incs. 17 y 19).
Nada de lo señalado como normativa obligatoria en el tema se ha respetado en le provincia de Jujuy.
Etnocidios
Al destruirse la cultura de un pueblo se producen verdaderos delitos de etnocidios. La población del planeta utiliza más de siete mil idiomas, 6700 de ellos son indígenas y al menos tres mil de estos corren el riesgo de extinguirse.
Lamentablemente, las lenguas indígenas están muriendo a un ritmo de una cada dos semanas, llevándose consigo la cosmogonía singular de los pueblos que las hablan.
No se puede aceptar que el Gobierno nacional pretenda silenciar, borrar la cultura e identidad de nuestros pueblos indígenas. Resulta inaceptable que, particularmente el presidente Javier Milei, sostenga que las escuelas son ámbitos de adoctrinamiento de lo que se hace eco el gobierno de Jujuy, y actúa cerrándolas como ámbitos formativos para una sociedad democrática y plural. No lo podemos permitir. Pachamama, no los perdones, porque saben el mal que producen. ¡Jallalla!
Miguel Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés, exjuez federal de Córdoba, especialista en Derecho de la Información y periodista de opinión.
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