Autor: Miguel Julio Rodriguez Villafañe
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | La movilización y permanencia en Buenos Aires del Malón por la Paz se realiza con tres objetivos: que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la constitución jujeña; que el Congreso de la Nación sancione la ley de propiedad comunitaria indígena; y que el Congreso tome las medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy, por violencia institucional, persecución y detención de los manifestantes.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | Agosto es el mes de la Pachamama, celebración que nos obliga a reflexionar acerca de las reivindicaciones que llevan adelante los pueblos indígenas de Jujuy y su valioso Tercer Malón por la Paz, que —pasando por diversos lugares del país, para pedir por sus derechos y que se derogue la nueva constitución de Jujuy— llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires. Desde siempre las comunidades indígenas han peleado por preservar sus territorios colectivos, con nobleza, sin egoísmos y buscando el respeto al ecosistema, al agua y a su cultura.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | En Jujuy los pueblos originarios cuestionan la «constitucionalidad» de la reforma por incumplir el derecho a consulta, sobre propiedad privada y derechos indígena y otros dejan en manos del Estado el manejo de los recursos naturales y la explotación del agua, con un enfoque netamente productivista y la explotación del litio como principal objetivo.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | Las reforma de la constitución jujeña está pensada para que la provincia actúe como Estado soberano confederado, abrir las puertas a la entrega de las tierras comunitarias y la explotación del litio. Por eso, también criminaliza la protesta social, vulnerando todo los derechos del pueblo.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | Con la finalidad de apoderarse de los recursos naturales estratégicos en función de las multinacionales, el gobierno jujeño emprendió una reforma constitucional antirrepublicana y antiderechos, realizada entre gallos y medianoche y sin debates, que introduce artículos inconstitucionales como la prohibición de la protesta pública consagrada en nuestra carta magna y así legitimar la persecución a quienes se manifiesten contrarios a estas políticas subordinadas a los intereses de las corporaciones y poderes geopolíticos dominantes.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | Hay nuevas amenazas de actuaciones de la Corte Suprema de Justicia similares a las de Tucumán y San Juan, que implicarían otra inconstitucional intervención federal. Esa situación podría darse en el caso interpuesto directamente, sin pasar por los tribunales provinciales, en contra del proceso electoral por el cual el gobernador de Formosa Gildo Insfrán busca ser reelegido, a lo que la constitución provincial lo habilita. El autor de esta nota propone una solución de civilización democrática si tal «intervención» ocurriera.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | Financiada por el Estado nacional, la Academia Nacional del Periodismo reúne algunas peculiaridades. Casi el 80 % de sus integrantes y directivos se desempeñan en los grupos mediáticos Clarín y La Nación o, en el pasado, trabajaron para esos medios, duros críticos del gasto social del Estado. Sus miembros, además, ejercen un periodismo anti-K explícito.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | En su accionar, un sector del poder judicial nacional ha puesto en serio riesgo el Estado democrático, republicano y federal, el futuro del país y la paz social a cuidar.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | Hoy, en este mayo en el que se conmemora el grito de libertad de 1810, es importante volver a repensar la patria que le dio sentido al juramento dado a la primera bandera en las barrancas del Paraná.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | Es urgente que el Congreso Nacional deje de mirar para otro lado y, conforme el mandato constitucional, determine el modo de establecer el valor del signo monetario argentino sobre la base de criterios soberanos, con instrucciones precisas y objetivas, por tiempos determinados y el control debido del cumplimiento adecuado de lo que se disponga.
POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | El juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz le exige a la provincia de Santa Fe $ 17.890.000.000 por honorarios de cuando era abogado. El pedido fue solicitado por el magistrado a partir de su actuación, junto con Ricardo Gil Lavedra, como letrado patrocinante de la provincia de Santa Fe en una causa contra el Estado nacional en reclamo de una deuda de coparticipación.
