Peter Thiel en la Argentina: la pregunta que quedó abierta después de cinco horas de debate en Diputados

Más de treinta especialistas participaron de la audiencia «¿A qué viene Peter Thiel a la Argentina?», convocada en la Cámara de Diputados. Inteligencia artificial, vigilancia, datos personales, defensa, recursos naturales, trabajo y desregulación fueron algunos de los ejes de una discusión que puso en cuestión el papel que el magnate de Palantir podría desempeñar en el país. Thiel y los funcionarios del Gobierno invitados no asistieron.

La pregunta parecía sencilla, pero las respuestas fueron múltiples. ¿A qué viene Peter Thiel a la Argentina? Durante más de cinco horas, una treintena de especialistas de distintos campos intentó desarmar las posibles respuestas en una audiencia realizada el viernes 28/8 en la Cámara de Diputados. Inteligencia artificial, vigilancia, datos personales, defensa, recursos naturales, trabajo, desregulación y nuevas formas de poder tecnológico aparecieron como partes de un mismo problema.

La jornada, convocada por un grupo de diputados de la oposición y encabezada por Juan Marino (Unión por la Patria), tuvo seis bloques temáticos y reunió a académicos, investigadores, informáticos, periodistas, abogados, ambientalistas, sindicalistas y legisladores. El propio Thiel había sido invitado, al igual que el presidente Javier Milei y varios funcionarios que participaron de encuentros con el empresario, pero ninguno asistió ni respondió a la convocatoria.

La ausencia fue, de hecho, uno de los primeros datos políticos de la audiencia. En el comienzo, Marino señaló las sillas reservadas para el magnate, el presidente y los funcionarios del Ejecutivo. Recordó además que había presentado pedidos de informes y de acceso a la información pública que, según explicó, todavía no habían sido respondidos.

La pregunta que planteó el diputado atravesó buena parte de la jornada: ¿Thiel es simplemente un inversor privado interesado en hacer negocios en la Argentina o su presencia expresa algo más?

De los negocios al laboratorio

Una de las hipótesis más contundentes fue planteada por Diego Fernández Slezak, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

«No sé a qué viene Peter Thiel a la Argentina», planteó, antes de arriesgar una respuesta: no se trataría de negocios tradicionales, porque para eso no sería necesario establecer vínculos directos con el presidente, ministros y otros funcionarios. Su hipótesis es que el empresario podría estar evaluando la posibilidad de convertir a la Argentina en un «banco de pruebas para inteligencia artificial», algo que, según señaló, no está habilitado de ese modo prácticamente en ningún país.

La idea del país como laboratorio apareció, con distintos matices, en varias de las exposiciones. Pablo Serdán habló de la posibilidad de un sandbox,^[1]Un sandbox (o caja de arena) es un entorno de prueba aislado y seguro dentro de un sistema informático. Permite ejecutar programas, código o archivos sospechosos sin el riesgo de que alteren, … Continue reading mientras que Micaela Mantegna propuso preguntarse directamente si la Argentina está siendo pensada como un territorio de experimentación tecnológica.

Pero esa hipótesis abre una segunda pregunta: ¿qué instituciones deberían controlar semejante proceso?

Para Fernández Slezak, si la Argentina fuera efectivamente un banco de pruebas, necesitaría universidades públicas y un Conicet fortalecidos para desempeñar tareas de supervisión. La contradicción, señaló, es evidente frente al proceso de desfinanciamiento que atraviesan esas instituciones.

La discusión, así, dejó de ser exclusivamente tecnológica. El problema pasó a ser institucional y político: qué capacidad tiene el Estado argentino para conocer, controlar y eventualmente limitar tecnologías cuyo funcionamiento puede quedar fuera del alcance de los mecanismos tradicionales de regulación.

La tecnología como forma de poder

Natalia Zuazo colocó el debate en otro plano. La politóloga y especialista en gobernanza y regulación tecnológica señaló que Thiel lleva décadas ocupando un lugar central en el desarrollo tecnológico y que comparte con el Gobierno argentino una concepción basada en la desregulación de los mercados. Pero su advertencia apuntó especialmente al modelo de negocios de Palantir.

Según explicó, la compañía desarrolla tecnologías destinadas al monitoreo y la vigilancia de poblaciones, con aplicaciones tanto para políticas internas como para cuestiones militares. En esa lógica, sostuvo, la inteligencia artificial no puede pensarse únicamente como una innovación económica: también es una tecnología vinculada con la seguridad, la vigilancia y la guerra.

La discusión sobre los datos personales apareció entonces como una dimensión inseparable de la inteligencia artificial. Emilse Garzón fue contundente al señalar que hablar de IA sin hablar de datos y privacidad supone dejar afuera una parte central de la discusión sobre derechos humanos y democracia.

La periodista cuestionó además la confusión entre vigilancia y seguridad. El problema, sostuvo, es que determinadas tecnologías pueden ser presentadas socialmente como herramientas destinadas a proteger a la población cuando, al mismo tiempo, habilitan mecanismos de seguimiento y control cada vez más amplios.

En la misma dirección, Esteban Magnani advirtió sobre la posibilidad de que sistemas informáticos opacos terminen reemplazando decisiones administrativas y políticas que deberían permanecer bajo control democrático.

El periodista y docente puso como ejemplo la expansión de contratos de Palantir con organismos estatales y fuerzas de seguridad en Estados Unidos y Europa. El problema no sería solamente qué hace una determinada tecnología, sino también qué sucede cuando un Estado delega decisiones sensibles en sistemas cuyo funcionamiento no puede ser auditado de manera transparente y cuya sustitución, una vez incorporados a la estructura estatal, puede resultar costosa.

La Thielogia y una nueva idea del poder

Micaela Mantegna propuso ir todavía más lejos: comprender a Thiel no solamente como empresario, sino como exponente de una corriente ideológica.

La abogada especializada en ética y tecnología definió ese universo como una suerte de Thielogia: una cosmogonía política y económica que excedería una estrategia empresarial para proyectarse sobre una determinada idea de sociedad, poder y futuro.

En esa visión, la tecnología aparece como una herramienta capaz de modificar las instituciones y, eventualmente, de sustituirlas.

Mantegna señaló que la inteligencia artificial funciona también como un «intermediario epistémico»; es decir, como una tecnología que interviene en nuestra propia percepción de la realidad. Si los sistemas tecnológicos median cada vez más entre las personas y el mundo, advirtió, quien controla esas tecnologías adquiere también capacidad para condicionar la manera en que ese mundo es visto e interpretado.

La discusión sobre Thiel dejó así de ser una discusión sobre una empresa o un empresario. Se transformó en una discusión sobre quién controla las infraestructuras que organizan información, vigilancia, seguridad y conocimiento.

Desregulación, legislación y recursos naturales

Otro de los ejes de la audiencia fue el proceso de reformas impulsado por el Gobierno de Javier Milei y su eventual relación con las condiciones que necesita el desarrollo de estas nuevas tecnologías.

Los expositores cuestionaron particularmente la ausencia de un marco específico para regular la inteligencia artificial y plantearon la necesidad de actualizar la legislación sobre protección de datos personales.

Zuazo vinculó esta discusión con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y reclamó revisar las condiciones que establece para las grandes inversiones, al tiempo que cuestionó la posibilidad de avanzar con nuevos esquemas de incentivos.

La cuestión de los recursos naturales apareció, de este modo, vinculada con la tecnológica. La preocupación no se limita a quién desarrolla los sistemas de inteligencia artificial, sino también a quién controla los recursos energéticos, naturales y estratégicos que permiten sostener la nueva infraestructura tecnológica.

En este punto, la exposición de Luciana Ghiotto aportó un antecedente especialmente significativo: Próspera, en Honduras.

La investigadora del Conicet y Clacso explicó el funcionamiento de esta zona económica especial, concebida bajo un régimen propio de leyes, impuestos y tribunales y con Peter Thiel como uno de sus inversores más conocidos. El conflicto entre ese proyecto y el Estado hondureño mostró, según su exposición, hasta qué punto determinadas experiencias pueden tensionar las capacidades regulatorias de los Estados nacionales.

El caso fue presentado como una advertencia para pensar qué ocurre cuando los proyectos tecnológicos y económicos comienzan a construir espacios con reglas propias y con grados crecientes de autonomía respecto de las instituciones democráticas tradicionales.

Trabajo, democracia y responsabilidad

La discusión también alcanzó al mundo del trabajo. Luis Papagni y Juan Manuel Ottaviano analizaron las transformaciones que las nuevas tecnologías pueden producir sobre el empleo y las relaciones laborales, mientras que Jorge Zaccagnini abordó sus implicancias desde la perspectiva de la política industrial.

Otros expositores pusieron el acento sobre la responsabilidad.

Pablo Serdán cuestionó los mecanismos mediante los cuales empresas tecnológicas pueden diluir responsabilidades detrás de sistemas automatizados. Si una decisión es tomada o condicionada por una herramienta informática cuyo funcionamiento no resulta transparente, la pregunta por quién responde frente al daño se vuelve más compleja.

Ese desplazamiento de responsabilidades constituye uno de los problemas centrales de la expansión de sistemas automatizados: la tecnología puede acelerar decisiones, pero no necesariamente hace más claro quién debe responder por ellas.

En paralelo, Emilse Garzón introdujo una dimensión particularmente sensible para el periodismo. Señaló que los mecanismos de vigilancia y control también pueden afectar la circulación de información y denunció los intentos de silenciar a periodistas que investigan y difunden información de interés público.

La preocupación por la democracia apareció así como un hilo conductor de la audiencia. No solamente por el uso de tecnologías de vigilancia, sino por la posibilidad de que decisiones que deberían ser públicas y discutibles pasen a depender de sistemas privados, automatizados y difíciles de auditar.

Más que un inversor

En distintos momentos de la jornada volvió la misma inquietud: ¿qué significa realmente la presencia de Peter Thiel en la Argentina?

Marino recordó que el empresario adquirió participación en Vista Energy y vinculó ese movimiento con un interés que excedería una visita circunstancial al país. Pero la audiencia intentó mirar más allá de una inversión determinada.

Para algunos expositores, la cuestión central es la posibilidad de que Argentina se convierta en un espacio particularmente atractivo para experimentar con tecnologías que encuentran mayores restricciones regulatorias en otros lugares.

Para otros, el problema está en la convergencia entre una ideología fuertemente desreguladora y un Gobierno que impulsa una reducción de los controles estatales sobre la actividad económica.

Y para otros, finalmente, lo que está en juego es una transformación más profunda: el avance de actores privados con capacidad tecnológica y financiera suficiente como para intervenir sobre áreas que históricamente estuvieron bajo control de los Estados.

En ese marco puede leerse también la intervención de Esteban Magnani, quien advirtió sobre mecanismos que permiten «saltear a la democracia» mediante contratos entre empresas tecnológicas y organismos estatales. La cuestión no sería entonces solamente si una tecnología funciona, sino qué lugar ocupa la democracia cuando determinadas decisiones públicas comienzan a quedar incorporadas en sistemas privados.

La ausencia también fue parte de la respuesta

Thiel no estuvo en la audiencia. Tampoco asistieron Milei ni los funcionarios del Gobierno que habían sido invitados a explicar sus reuniones y proyectos vinculados con el empresario.

La audiencia no pudo, por lo tanto, responder definitivamente la pregunta que le dio nombre. Pero sí logró ampliar sus términos.

Después de más de cinco horas, la cuestión ya no parece ser solamente a qué viene Peter Thiel a la Argentina, sino qué encuentra en la Argentina: qué marco regulatorio, qué instituciones, qué recursos, qué capacidades estatales y qué disposición política para recibir y desarrollar tecnologías cuyo impacto puede extenderse mucho más allá del mercado.

La respuesta, en definitiva, no depende únicamente de Thiel. También depende de la capacidad de la sociedad argentina para discutir qué tecnologías quiere incorporar, bajo qué reglas, con qué controles y en beneficio de quién. Ese fue, acaso, el verdadero eje de la jornada en Diputados: antes de preguntarnos qué puede hacer la inteligencia artificial en la Argentina, preguntarnos quién decidirá qué hacer con ella.

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