Milei, discurso de un virrey a los súbditos de la colonia argentina

Como colonia, ya se ha mandado y se sigue mandando nuestro oro, a disposición del monarca, mientras que el pueblo no sabe cuánto se envió y dónde está guardado. Además, como buen virrey, Milei le garantizó a la monarquía que siempre hará que se pague lo que esta pretende ella y, si hay mejoras de ingresos fiscales en el Estado colonial, se priorizará el pago de la deuda y sus intereses con la casta monárquica, pese a que muchas de esas supuestas deudas son odiosas, usurarias, írritas e ilegítimas. Por otro lado, el virrey ha dejado en claro que siempre se «honrarán» esas deudas, ya que todo lo que se honra, en este caso al «Dios Dinero Especulativo», es superior al pueblo y la propiedad privada de una deidad siempre estará garantizada.

A su vez, si bien se pregona la defensa de la propiedad privada, no se aclara que sólo que se trata de la que pertenece a la monarquía financiera. Al pueblo, y particularmente para los jubilados, no hay propiedad privada, sino que se les «priva de la propiedad». El robo a los jubilados se justifica con el argumento de no producir desequilibrio fiscal, porque puede afectar la garantía a la propiedad usuraria de la monárquica financiera.

La casta feudal que defendió el tesoro de la monarquía, o sea, los legisladores que aprobaron el veto presidencial, el virrey considera que son 87 «caballeros del rey». Así, quienes han atacado los derechos del pueblo, que tienen el deber de representar, son homenajeados como héroes con un asado argentino. Mientras tanto, los más débiles no tienen acceso a los alimentos que tiene el virrey, que los deja vencer y no se los entrega a los comedores comunitarios o populares. Todo ello, en un accionar protervo; o sea, obstinado en la maldad.

A su vez, el virrey critica a la «justicia social» porque sostiene que le saca plata a la monarquía y a los señores feudales, para dársela a quienes no la ganaron. Por ello, en el presupuesto de 2025 se rebaja un 22 % al impuesto a los bienes personales y se libera a los importadores del pago del impuesto país, mientras que los pequeños contribuyentes monotributistas deberán pagar un 198 % más.

Asimismo, a los monarcas y caballeros feudales amigos que inviertan en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), se les ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante treinta años. El capital RIGI sólo pagará el 25 % como impuesto a las ganancias y no pagarán el impuesto al valor agregado (IVA), entre otras ventajas, mientras que, a los productores o industriales patrios se les cobrará el 35 % como impuesto a las ganancias y el 21 % como IVA.

Genocidios por goteo desde la indiferencia y abandono

En esos planteos tramposos y perversos, dirigidos a súbditos maltratados, Milei pretende justificar crímenes sociales de lesa humanidad, verdaderos genocidios por goteo desde la indiferencia y abandono, generando situaciones que llevan a la indignidad y a la muerte genocida de las personas, como los adultos mayores. No se les reajustan debidamente sus jubilaciones o retiros y cobran ingresos por debajo de la línea de pobreza o la indigencia, no se les dan los medicamentos que les daba el PAMI, se precariza el acceso a la salud y quedan a merced de tener que optar entre comer o comprar los medicamentos necesarios.

El hambre gobierna el futuro y el virrey no hizo una sola referencia a la situación social, cuando un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef) afirmó que, en el país, hay un millón de niños/as que se acuestan sin cenar.

No se les reconoce a los jubilados una diferencia de sueldo a su favor de quince mil pesos promedio, al vetar la ley, mientras que al vocero presidencial Manuel Adornis se lo eleva a nivel de ministro, obviamente con mayor sueldo.

Además, todo se acomoda a lo sostenido en el Informe sobre la estabilidad financiera mundial, de 2012, realizado por el Fondo Monetario Internacional o Fondo Monárquico Intocable (FMI), que puso de relieve las implicaciones financieras del riesgo de longevidad. Se sostenía la necesidad de recortar las prestaciones jubilatorias, ante «el riesgo de que la gente viva más de lo esperado».

El virrey pretende que quienes tenemos determinada edad pidamos disculpa a la sociedad por ser una carga para ella y se habilita la «cultura de confrontación», desde la canallesca acusación dirigida a los mayores de «robar el futuro a los jóvenes».

Dentro de las graves injusticias que se provoca a la mal llamada clase pasiva, el virrey no habla de los juicios de los jubilados, perdidos por el Estado.

La ley vigente 24463 del Procedimiento Judicial de la Seguridad Social, del año 1995, determina, de una forma discriminante, en el artículo 21 que, ante los juicios de naturaleza previsional, «en todos los casos las costas serán por su orden». O sea, la norma establece que, no obstante los jubilados o pensionados hayan ganado el juicio a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), lo mismo deben pagar sus gastos y los honorarios de sus abogados. Ello trae como consecuencia que el Estado, al no tener que pagar las costas, interpone todos los recursos posibles para dilatar cualquier resolución judicial, aun cuando en el tema planteado hubiera jurisprudencia pacífica, contraria a la postura asumida por el Anses. Repárese, en este aspecto que, por lo general, el Estado nacional lleva las causas hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que significa, además, mayores costos para las personas mayores accionantes, en un extenso territorio como el nuestro, que deben terminar litigando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del máximo tribunal del país.

A su vez, la demora arbitraria, discriminatoria y cruel, en cuestiones de contenido alimentario y vital, a la que el Estado nacional somete a los/as jubilados/as, al no reconocerles sus derechos, no solo perjudica sus patrimonios, sino que, también ataca uno de los bienes escasos de las personas mayores, como es el tiempo. Un reconocimiento tardío de sus derechos les impide, muchas veces, disfrutar, adecuadamente, de lo que les es propio.

Pero ahora, Milei no dice que se van a pagar la deuda de los noventa mil juicios ganados por los jubilados y retirados. Ese dinero de propiedad de los que ganaron no queda claro cuando se abonará.

Tampoco el virrey aclara si abonará las abultadas deudas que tiene con las cajas de jubilaciones provinciales, como es el caso de la de Córdoba. Pero les dice a los gobernadores que deben ajustar aún más sus cuentas. No se puede tolerar el genocidio por goteo de nuestros ancianos.