Los subsidios que no se critican

Mientras la crítica está dirigida a los subsidios que perciben los sectores desclasados y empobrecidos por un modelo que no genera trabajo en el mercado interno, crecen los subsidios para los sectores más ricos de la sociedad.

El modelo económico impulsado por el Gobierno nacional es el extractivista, agropecuario exportador y financiero, merced a la renta ^[1]Renta: apropiación de una ganancia extraordinaria, que estará determinada por la diferencia entre el precio de producción individual y el precio de producción general de la rama (costos más … Continue reading del subsuelo, del suelo y la creada por la legislación vigente a favor del sector bancario, bursátil y cambiario.  Es un modelo orientado y dependiente del exterior y, por ende, requiere de costos internos baratos. Esencialmente, el modelo funciona con mano de obra barata medida en moneda dura (dólar, euro, yuan) y en poder adquisitivo de las remuneraciones.

El plan económico es el acordado con el FMI, incluso refrendado por la Ley 27668 que aprobó el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del acuerdo stand by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario.

Y las medidas anunciadas tanto por el ministro Martín Guzmán y después por Sergio Massa, se insertan y se subordinan a la prosecución de ese programa. Por eso, definen como ventajas del país sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimientos

Mientras se le otorga todo tipo de beneficios y de prerrogativas al sector más concentrado de la sociedad, la suba constante del precio del dólar, que fue de un 300 % desde el 10 de diciembre de 2019 (el dólar oficial estaba a $ 62)  hasta el 30 de diciembre 2022 cuyo precio fue de $ 182, encarece los alimentos y la energía (la inflación acumulada medida por el IPC del Indec en el mismo lapso fue del 300 %) y reduce el salario real (el salario nominal en promedio no se incrementa en la misma proporción), dado el poder concentrado de las grandes empresas alimenticias, de los supermercados y de los comercializadores de energía que les permite igualar el precio interno al externo.

Esa suba de precios implica altas tasas de ganancias a las empresas del sector y, paralelamente, carcome el poder adquisitivo de las remuneraciones en pesos, de jubilaciones y pensiones, hecho que comprime la demanda de otros bienes como, por ejemplo, manufacturas (autos, línea blanca, celulares, etc.) de parte de los trabajadores y demás que perciben ingresos en moneda nacional, que las empresas compensan vendiendo al exterior.

Esa economía desigual garantiza ingresos a los que tienen acceso al dólar, pero perjudica severamente a los que dependen de la moneda del país.

Lo único que garantiza el acuerdo con el FMI es que la mayoría de los jubilados y pensionados van a cobrar la miseria que cobran ahora y aún menos hasta 2034 que es la vigencia del acuerdo, que van a seguir subiendo los precios de los alimentos al permitirle a las empresas comercializadoras igualar el precio interno con el externo, que se prioriza vender materia prima y granos, con lo que a los asalariados les va a costar más conseguir empleo ^[2]Preguntémonos cuanta mano de obra demanda  la exportación de una tonelada de soja o de maíz. y que cada vez va a ser, en términos de poder adquisitivo, con una remuneración menor.

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Sin embargo, en ese marco se subsidia a los sectores más ricos de la sociedad:

Bono dual: No bien asumió el ministro Sergio Massa, el 8 de agosto 2022, colocó bonos duales por los vencimientos de títulos de deuda del Tesoro de la Nación de agosto, septiembre y octubre y pasarlo para los meses de junio, julio y septiembre 2022.  De igual manera procedió el 10 de noviembre para los vencimientos de títulos de deuda interna para el último bimestre del año al concluir una operación de canje en la que entregó bonos duales que expiran entre junio y septiembre del año entrante, por un total de 1, 4 billones. Los bonos duales se ajustan por inflación o por dólar linked (dólar oficial); o sea, que si el año que viene se devalúa y crece la inflación se debe pagar más a sus tenedores, asegurándole la ganancia a costa del Estado.

Dólar soja: El Gobierno devalúa nuestra moneda en general y sobredevalúa (en un 35 %) a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja, para, en forma paralela, vender dólares más baratos a algunos importadores. Primero les reconoció a los exportadores de soja $ 50 más por dólar en septiembre 2022 (ingresaron u$s 8.123.000.000, quiere decir que el Tesoro de la Nación debió endeudarse con el BCRA y colocar una Letra Intransferible por $ 406.150.000.000), Y desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre 2022, el Tesoro de la Nación completa el importe de $ 230 por dólar por la soja exportada que alcanzó u$s 3.500.000.000 (otra deuda en otra Letra Intransferible por $ 210.000.000.000). Y, sin embargo, el BCRA se lo vende a $ 170 a los importadores.

En esa perversa lógica, el ministro Sergio Massa se comprometió con la Unión Industrial Argentina (Pagani, Arcor; Rocca, Techint; Blaquier, Ledesma; Magnetto, Clarín; etcétera) que habrá más dólares a precio oficial para importar y que moderará el ritmo de suba del oficial en el intento de bajar la inflación a cuatro por ciento mensual hasta marzo 2023 que, teóricamente, es el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa.

Mineras e hidrocarburíferas: La primera reunión que tuvo en los EE. UU. a los tres días de haber asumido, Massa fue con las empresas Rio Tinto y Livent ^[3]La Dirección General de Aduana (DGA) denunció una maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio de la empresa estadounidense Livent Lithium, que es la primera empresa del … Continue reading dedicadas a la explotación del litio y minerales raros en nuestra puna. Al otro día, acuerda con los referentes de las empresas petroleras y gasíferas (Chevron, Shell, Exxon, Total, Pan American Energy, Axion, entre otras), en generar un marco regulatorio para estas empresas y ampliar el desarrollo de Vaca Muerta a cambio de permitirles tener una mayor disponibilidad de divisas para girar utilidades al exterior. En otras apalabras, no van a tener límite alguno para girar sus utilidades, cuando el límite de compra vigente es de u$s 200 dólares por mes para empresas y personas.

Igual tenor son los convenios con las empresas que incluye la construcción de un oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto Punta Colorada de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, en forma conjunta con YPF, con una inversión total estimada en u$s 1.260.000.00. El ducto se extenderá a lo largo de setecientos kilómetros, de los cuales 635 serán en territorio rionegrino. Paralelamente reforzarán el ducto a Puerto Rosales en Bahía Blanca y acuerdan con la petrolera malaya Petronas construir una planta de GNL para la industrialización del gas y aprovechar todo el potencial de recursos de Vaca Muerta

Plan Gas AR: El ministro de Economía, Sergio Massa, junto con la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunciaron la adjudicación para una nueva etapa del Plan Gas, rondas cuatro y cinco, para garantizar el abastecimiento de gas para los próximos cuatro años. Pampa Energía se quedó con el 44 % de la capacidad de transporte del futuro gasoducto Néstor Kirchner. Luego se ubicó Tecpetrol del Grupo Techint. El tercer puesto fue para PAE, fundada por la familia Bulgheroni cuyo principal socio es la petrolera inglesa British Petroleum, que explota nuestro petróleo y gas en las Islas Malvinas y en el Mar Argentino con autorización británica.

En esa oportunidad, el ministro Sergio Massa dijo que la decisión de inversión de cada una de las compañías pone a la Argentina frente a la oportunidad más grande de construir orden fiscal sobre la base de haber alineado un recurso estratégico, inversión privada e incentivos del sector público. Lo que se olvidó de decir es que Pampa Energía SA en la gestión de Cambiemos compró u$s 903.000.00 y en sus balances y estados contables puede demostrar el 60 % de esas compras. Que el Grupo Techint propietario de Tecpetrol SA compró u$s 783.000.000 y no puede demostrar la mitad de esas compras. Y que PAE compró u$s 98.400.000 e igual, las tres empresas son grandes evasores fiscales de una deuda que el gobierno de Alberto Fernández prometió investigar y no lo hizo.

Deuda con Cammesa: Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur llegaron a un acuerdo de refinanciación de la deuda que acumularon durante los últimos años con la compañía bajo conducción estatal Cammesa, cuyo monto total asciende a $ 219.615.000.000. Pero sólo deberán pagar $ 80.210.000.000 entre ambas, en 96 cuotas mensuales (ocho años) y a tasa en pesos subsidiada, ya que el resto —$ 139.405.000.000— es una condonación de deuda otorgada por el Ministerio de Economía como parte del acuerdo.

El 23 de junio de 2021 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), autorizó la venta del 51 % del paquete accionario de Edenor que controlaba Pampa Energía S. A. a favor de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti. Los dos primeros son propietarios del multimedio América y muy allegados a Sergio Massa. Filiberti, por su parte, es proveedor exclusivo de cloro a la empresa AYSA S.A., presidida por Malena Galmarini, esposa de Massa.

Otras distribuidoras del interior también fueron beneficiadas con un modelo similar de acuerdo de refinanciación. Pero Edenor y Edesur representan casi la mitad de una deuda total de las distribuidoras de todo el país con Cammesa por $ 486.419.000.000

Pero la crítica furibunda es para los subsidios que perciben los sectores desclasados y empobrecidos por un modelo que no genera trabajo en el mercado interno. Durante el 2022 la Administración nacional asistió a 1.113.899 personas discapacitadas para trabajar; 281.656 madres de siete hijos o más; 28.739 excombatientes o expresos políticos; 4.383.520 que reciben la asignación universal por hijo (AUH); 103.498 asignación por embarazo; 3.677.148 ayuda escolar a AUH; a 1.276.000 trabajadores que percibieron la mitad del salario mínimo vital y móvil en el año 2022 por el Plan Potenciar Trabajo; más políticas alimentarias y becas progresar. En conjunto este subsidio significa un gasto total de $ 1.652.300.000 millones (El 2,15% del PIB)