Las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia están en riesgo

En poco más de siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei empujó hacia un retroceso inédito en las políticas de memoria sobre la última dictadura. Así lo muestra un informe publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, con un balance alarmante de lo hecho hasta ahora por La Libertad Avanza.

La decisión de cancelar las políticas de memoria, verdad y justicia integra el programa del gobierno desde la campaña electoral. Con el correr de la gestión, eso se tradujo en acciones: desfinanciamiento y cierres, discursos que reivindican la represión y hasta visitas a condenados por torturas y asesinatos.

La visita a Astiz y otros represores en la cárcel de Ezeiza es un hito en el proyecto del Gobierno nacional para transformar el balance que la sociedad hace sobre el terrorismo de Estado. Por tal motivo, el CELS y Memoria Abierta armaron este informe especial con el análisis de lo que está en riesgo y una actualización del relevamiento de políticas públicas

Este especial del CELS y Memoria Abierta presenta cinco ejes que sintetizan en qué situación están las políticas públicas de memoria, verdad, justicia, reparación y restitución de la identidad.

El relevamiento del CELS y Memoria Activa busca abrir la conversación sobre las transformaciones que se propone el Gobierno y construir nuevos espacios para defender lo que está en juego. En tal sentido, la relegitimación de la dictadura no es un asunto sobre el pasado, también habilita formas de violencia en el presente.

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