Intervienen la Defensoría del Público
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual —organismo que tutela los derechos de las audiencias y que fuera creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual— será intervenida por un periodo de 180 días.
La medida fue llevada a cabo con la firma de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien designó a una persona sin antecedentes en el ámbito de los medios o los derechos de las audiencias. Se trata de la exdiputada del partido Propuesta Republicana (PRO) y concejala de la ciudad de Córdoba, Soher El Zukaria. La medida de Villarruel fue interpretada por sectores críticos como un ataque a la normativa vigente en materia de derechos de las audiencias.
La Defensoría del Público fue creada en 2009 como parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, bajo la Ley 26522, con el objetivo de garantizar el derecho a la información y promover una relación más equitativa entre las audiencias y los medios de comunicación. La función principal del organismo es recibir denuncias, consultas y reclamos de las audiencias, además de fomentar la participación ciudadana en los medios.
Según la ley 26522 el titular de la Defensoría del Público debe ser designado por resolución conjunta de ambas cámaras a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Sin embargo, en esta ocasión la Comisión Bicameral no realizó el nombramiento a tiempo, lo que facilito la intervención de Villarruel y Martín Menem, titular de Diputados. De hecho, la Comisión todavía no está conformada.
En junio de 2020 la Bicameral designó a Miriam Lewin defensora del Publico de Servicios de Comunicación Audiovisual, quien finalizó su mandato en junio de este año.
Entre los argumentos para la intervención, Villarruel y Menem señalaron que hubo «irregularidades» y, además, destacaron la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio) en octubre de 2020, lo que «habría generado un incremento en la contratación de personal, gastos operativos, financiamiento de manuales, publicaciones, etc.».
También apuntaron que el Observatorio tenía como fin real la estigmatización y persecución de periodistas, ciudadanos o cualquier persona con ideas que no fueran afines a la administración anterior.
El principal elemento que utilizó el oficialismo para fundamentar la resolución fue una nota presentada por los diputados aliados Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet. En la carta, presentada en marzo de este año, los legisladores pedían la intervención de la Defensoría «en razón de tales irregularidades, llevadas a cabo durante la gestión que finalizó su mandato en el mes de junio de 2024».
En los considerandos se menciona que Ritondo, Giudici, Lombardi y Ajmechet aseguraron que el organismo lleva «tres años sin el debido control parlamentario, administrativo, de evolución de recursos humanos, de topes presupuestarios o de rendición de cuentas periódicas».
Nodio fue una iniciativa que buscaba combatir la desinformación y los discursos de odio en los medios. La propuesta recibió duras críticas por parte de la oposición y sectores del periodismo, que la consideraron un intento de censura encubierta. A pesar de la defensa oficial, que argumentó que el proyecto tenía como objetivo proteger la calidad de la información, el dispositivo se instaló en la opinión publica como un ataque a la libertad de expresión.
La resolución establece que habrá una auditoria, a fin de «elaborar y elevar a las Presidencias de ambas Cámaras del Congreso nacional un informe sustanciado del estado de situación» de la Defensoría; además de «evaluar la actual estructura de sus recursos humanos y determinar —en su caso— una reorganización funcional y operativa». La comisión tendrá un plazo de sesenta días para mostrar sus resultados a ambas cámaras del Congreso.
Esta es la segunda vez que la Defensoría es intervenida. Anteriormente, la decisión fue tomada por el gobierno de Mauricio Macri. Esta decisión había sido rechazada por organizaciones como la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
A principios de año, durante la discusión de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, impulsada por el gobierno de Javier Milei, estuvo en agenda la intención de eliminar la Defensoría del Público, algo que finalmente no se llegó a concretar.
La opinón de dos expertos
Santiago Marino, doctor en ciencias sociales, manifestó que la decisión es un «avance contra la normativa vigente» y que, la Comisión Bicameral del Congreso debería haber designado al presidente o presidenta del organismo, que es un «puntal institucional a nivel mundial».
Por otro lado, Marino agregó que no se encuentran «antecedentes vinculados a los medios de comunicación ni a los derechos de las audiencias», dentro del recorrido de la interventora designada.
Otro destacado analista, Martín Becerra, sostuvo en su cuenta de X que el rol del organismo es similar al que cumplen varios organismos como el Reino Unido, Alemania o Suecia, y destacó que no tiene facultades sancionatorias. »Es una entidad que realiza mediaciones entre licenciatarios de radio y TV y las audiencias. Además, su alcance es recortado porque no tiene competencias sobre medios digitales», añadió.
