Informe sobre Libertad de Expresión 2024

El lunes 9 de diciembre, la víspera del primer aniversario de la asunción del presidente Milei en la Argentina y del Día Internacional de los Derechos Humanos, se presentó en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) el Informe sobre libertad de expresión en la Argentina 2024, que documenta un gran número de afectaciones a la libertad de expresión de periodistas y personas que tomaron la voz pública en la Argentina durante este año.

Elaborado con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Federación Argentina de Prensa (Fatpren) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), el documento evidencia un deterioro sin precedentes en las condiciones para el ejercicio del periodismo y el acceso a la información en el país, como un aumento significativo en los ataques a periodistas, el vaciamiento de medios estatales y educativos y el favorecimiento de la concentración de las empresas de medios.

La presentación estuvo a cargo de Larisa Kejval directora de la Carrera de Comunicación de la UBA; Carla Gaudensi, secretaria general de la Fatpren; Agustín Lecchi, secretario general del Sipreba; y Diego De Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias sociales de la UBA. Además, se desarrolló un panel con periodistas víctimas de agresiones y estuvieron presentes representantes del colectivo Periodistas Argentinas, entre otros.

El Informe revela que, desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, se ha consolidado un escenario donde el gobierno ha promovido políticas que vulneran los derechos comunicacionales y laborales de los trabajadores de prensa, desmantelan estructuras estatales esenciales y favorecen la concentración mediática.

«Desde su llegada a la presidencia, los casos de agresión a periodistas protagonizados por el presidente Milei se multiplicaron. El hostigamiento a diversos periodistas no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de troles o “patotas digitales”. Este fenómeno se reveló a lo largo de 2024 como una estrategia desplegada de manera sistemática por el actual gobierno», indica el informe.

El documento está estructurado en dos grandes secciones: la primera aborda el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo; la segunda pone el foco en las retracciones en materia de políticas públicas y el papel del Estado en la comunicación, que incluye la habilitación y fomento de deterioro de las condiciones laborales de quienes trabajan de prensa. También analiza e incluye el ataque a las empresas periodísticas como unidades productivas y generadoras de empleo.

Entre otros aspectos, se detallan:

– Un aumento notorio en los ataques a periodistas, alimentados por discursos oficiales y estrategias sistemáticas de hostigamiento digital: las agresiones a periodistas promovidas desde la narrativa gubernamental tienen gran presencia en las redes sociales, pero también en la calle, donde los trabajadores de prensa han sufrido violencia policial mientras desarrollaban su trabajo en numerosas oportunidades. En igual sentido, funcionarios del gobierno han iniciado acciones judiciales contra periodistas por sus opiniones o expresiones en el marco de su trabajo.

– El desmantelamiento de los medios públicos: los recortes presupuestarios en la TV Pública, Radio Nacional, el intento de cierre de la agencia Télam, entre otros, han marcado una línea de acción sostenida, al igual que la eliminación de los programas de apoyo económico a los medios comunitarios, alternativos y populares.

– El aval en el discurso oficial a la violencia contra las comunicadoras: El ciberacoso hacia mujeres periodistas ha crecido de manera alarmante. Campañas organizadas de troles y patotas digitales no solo buscan desprestigiarlas, sino también generar un clima de autocensura. A esto se suma la falta de instrumentación de la Ley de Equidad de Género en los Medios, reglamentada en 2023 pero bloqueada por el actual gobierno.

– El intento de imponer una matriculación obligatoria para ejercer la profesión en un sentido restrictivo, que finalmente no proliferó y motivó el rechazo del gremio.

– Abandono del papel del Estado como garante del derecho a la comunicación y el desarrollo de medidas que favorecen la concentración de las empresas de medios.

Al analizar el impacto del doxe, que consiste en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo, el informe retoma el trabajo Ciberacoso a Periodistas Mujeres: la Tecnocensura”, que presentó Periodistas Argentinas en septiembre. «Un dato preocupante es que 80 % de las periodistas censadas considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo», indica el relevamiento.

El documento también refleja la pauperización de las condiciones laborales del gremio de prensa en la Argentina, expresada en datos de un relevamiento realizado por Sipreba: el 76 % de los trabajadores de prensa no alcanza la línea de pobreza con el ingreso de su principal trabajo, mientras que el 52 % tiene dos o más trabajos. Entre quienes tienen más de un empleo, el 77 % afirma que lo hace por cuestiones económicas.

La secretaria general de la Fatpren, Carla Gaudensi, señaló: «Tener registrado lo que vivimos en la prensa y en la comunicación en nuestro país durante el último año es fundamental para el presente y el futuro. Nos permite señalar y denunciar responsabilidades estatales y paraestatales. Y a su vez nos marca el escenario urgente en el que tenemos que seguir organizándonos, con unidad entre sectores, para poner un freno a estas gravísimas situaciones».

La actividad también contó con un saludo especial de Zuliana Lainez, vicepresidenta de FIP y de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, quien mediante un video expresó: «Creemos que este trabajo es clave para precisar cada uno de los ataques y los patrones de los que están siendo víctimas los compañeros y las compañeras, que a su vez afectan el derecho a la información de toda la sociedad argentina».

Como cierre, quienes elaboraron el informe reivindicaron ese compromiso: «Somos los trabajadores y las trabajadoras de la prensa y de la comunicación quienes tenemos que defender la información. Vamos a continuar con el trabajo conjunto y documentando las restricciones al derecho a la comunicación, porque consideramos que es una herramienta clave para testimoniar y accionar en tiempos de creciente autoritarismo y silenciamiento de las voces críticas».

La presentación estuvo acompañada por referentes políticos, gremiales y académicos, como Cristian Castillo y Vanina Biasi, diputados nacionales; Juan Pablo Morandelli, Juan Manuel Valdés y Gabriel Solano, legisladores de CABA; Maria Ana Mandakovic, dirigenta de CTA, Fatpren y Cispren; Damián Loreti y Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y sociales (CELS); Diego Rossi, docente y asesor del diputado Pablo Carro; Miriam Lewin, ex defensora del Público; Daniel Escribano, de la UNDAV; Yair Cybel, de la Red de Medios Digitales y Luis Lázaro de la Coalición por una Comunicación Democrática; entre otros.

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