Silenciar a través del miedo

Desde el cambio de gobierno, en diciembre del año pasado, las autoridades políticas de la Argentina y funcionarios judiciales tomaron decisiones que provocaron restricciones a los derechos y libertades en el espacio cívico. En el documento Silenciar a través del miedo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presenta las principales medidas que se tomaron en los últimos diez meses y que han despertado preocupación a nivel nacional e internacional.

Foto: Francisco Loureiro

En estos meses se volvió cada vez es más difícil participar en el espacio público y en la esfera digital, expresarse o incidir en los debates y las políticas públicas sin correr riesgos de distinto tipo. Las medidas del Gobierno nacional que buscan generar miedo y desincentivar la participación de distintos actores sociales en la discusión pública son las siguientes:

Restricciones a las manifestaciones públicas

En diciembre de 2023 el nuevo gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad (Resolución 943/23), anunció un «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación» que restringe el ejercicio de los derechos de reunión y expresión. A partir de esta decisión administrativa, el Gobierno considera que cualquier manifestación pública que disminuya la circulación de vehículos constituye un delito en flagrancia, y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan sin orden judicial a quienes se manifiestan. También habilita a la policía a recabar información sobre las personas y organizaciones que se manifiesten con el fin de perseguirlas penal- mente. Este «protocolo» funcionó durante todo 2024 como una justificación para que, en cualquier situación, las policías actúen de manera violenta y arbitraria. A partir de estas nuevas reglas, la actitud policial en las calles durante los operativos es de hostigamiento constante hacia los manifestantes.

Ciberpatrullaje

El Ministerio de Seguridad publicó también un protocolo de «ciberpatrullaje» (Resolución 428/24) que otorga amplias facultades a las fuerzas policiales para realizar tareas de monitoreo en fuentes abiertas (páginas de internet, plataformas, redes sociales). Con la excusa de prevenir delitos, se permite a la policía observar cualquier tipo de actividad en fuentes abiertas, lo cual genera de por sí un efecto disuasivo que limita la libertad de expresión en el entorno digital.

Pero además esta práctica está autorizada para prevenir «cualquier delito del que se pueda tener noticia en el ciberespacio», y a partir de la Resolución 943/23 antes mencionada casi todas las formas de protesta son consideradas delitos en flagrancia, con lo que existe un riesgo cierto de que estas tareas de monitoreo de redes y plataformas se oriente a producir información y criminalizar expresiones de disidencia política.

Represión de manifestaciones públicas

Desde la aprobación de la Resolución 943/23, la política del Gobierno nacional es reprimir y dispersar manifestaciones públicas. En estos episodios se reiteraron el uso abusivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, malos tratos y vejaciones a los detenidos, y su posterior judicialización. Hasta septiembre de 2024 se contabilizaban al menos 723 personas que sufrieron heridas de distinta gravedad por la represión policial. cincuenta de ellas eran trabajadores de prensa.

Persecución a organizaciones sociales

El Gobierno nacional inició una persecución contra las organizaciones conocidas en Argentina como movimientos sociales, que en general aglutinan a personas desocupadas o que se desempeñan en la economía popular informal. En los últimos años estas organizaciones se convirtieron en un actor político relevante al organizar y expresar en las calles las demandas de estos sectores.

Por medio de las ya mencionadas decisiones administrativas que restringen la protesta y establecen multas para las organizaciones que convoquen, difundan o participen de manifestaciones públicas. El Estado se desentiende así de una de sus funciones clave (proteger a los manifestantes y garantizar el ejercicio de sus derechos), pero además deja en claro que concibe a las manifestaciones como situaciones irregulares o desmanes por los que deben pagar quienes las organizan.

Ataques de milicias digitales a defensores de derechos

En los últimos años, pero sobre todo en 2023 durante la campaña electoral que llevó al partido La Libertad Avanza a la presidencia, se repitieron campañas de ataques en línea coordinados contra defensores de derechos. El objetivo de estos ataques es la tergiversación de posiciones políticas, el cuestionamiento de la información, el desprestigio de las vocerías y finalmente el silenciamiento, amedrentamiento y la expulsión del espacio público digital de los movimientos progresistas, feministas, antirracistas, decoloniales y de derechos humanos y a quienes identifican con ellos, como periodistas, referentes sociales o simplemente seguidores.

Desde diciembre de 2023 algunos de estos actores pasaron a integrar la nómina del Estado nacional en el área de Comunicación Digital. Información periodística dio cuenta de que estos grupos orgánicos e inorgánicos son financiados con fondos gubernamentales reservados. Es decir, cuentan con legitimidad estatal.

El aparato de seguridad pública al servicio de las empresas en los conflictos sociales

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió una serie de resoluciones que adelantan un posicionamiento del Gobierno ante potenciales conflictos sociales que involucren a empresas de determinados sectores de la economía que, según el propio gobierno, «requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías» (Resolución 499/2024). Para ello creó una Unidad de Seguridad Productiva, que en principio implica a las fuerzas de seguridad federales, pero que a través de una resolución posterior (893/2024) busca ampliar a las provincias con la creación de un Comando Unificado de Seguridad Productiva.

La idea de «seguridad productiva» es un eufemismo bajo el que se esconde la decisión política de impedir cualquier protesta o conflicto que pueda implicar algún tipo de obstáculo a las actividades de la minería extractiva, la explotación de hidrocarburos o el agronegocio. De esta manera, las fuerzas de seguridad, un recurso público, son puestas al servicio de intereses privados. No se orientan a brindar seguridad a todos, sino que, en sintonía con las otras medidas tomadas contra la protesta social, se anticipa que su rol será abordar las situaciones conflictivas de manera de evitarlas, reprimirlas o disolverlas con el único objetivo de garantizar el funcionamiento de las empresas.

Limitación del acceso a la información y creciente opacidad del Estado

El gobierno argentino está limitando el acceso a la información. La lógica del «secreto de Estado» se viene ampliando en los últimos meses como justificación para no brindar información o para no someter a debate decisiones de gobierno que afectan derechos.

Hostigamiento a periodistas

El entorno para el trabajo periodístico viene siendo cada vez más complejo y riesgoso. A los periodistas heridos en la cobertura de las protestas y al hostigamiento por parte de las milicias digitales, deben sumarse los ataques sistemáticos contra periodistas de parte de altos funcionarios del Gobierno; sobre todo del propio presidente, que en los pocos discursos públicos que brindó (en el parlamento, en declaraciones o entrevistas, en foros internacionales) define a los periodistas como «mentirosos», «corruptos», «imbéciles», «profetas de la verdad», entre otros términos, además de afirmar constantemente que están «pagados» para atacar a su gobierno. Este tipo de comentarios del presidente sobre los periodistas se hace más habitual en su red social X, la que utiliza para contestar en esos mismos términos cualquier disenso que expresen periodistas, referentes sociales o políticos.

Estos mensajes son replicados muchas veces por integrantes de su gobierno, que en algunos casos promovieron acciones penales en contra de periodistas (como el ministro de Justicia contra Nancy Pazos y Darío Villaroel) o amenazan con iniciarles causas civiles millonarias. El propio vocero presidencial hostiga o ridiculiza a periodistas que formulan preguntas en las conferencias de prensa oficiales.

Consideraciones finales

Las medidas de estos últimos meses caracterizadas en el documento del CELS afectan libertades fundamentales para la vida democrática, como la posibilidad de movilizarse en las calles, expresarse en el espacio digital, pertenecer a organizaciones sociales, ejercer la labor periodística, informarse y dar (o no) consentimiento a proyectos de alto impacto ambiental, acceder a información pública, e incluso ejercer el derecho a huelga. Vistas en conjunto, muestran un panorama de creciente cierre del espacio cívico en la Argentina, un retroceso que se produce al mismo tiempo que se intensifica la degradación de la situación socioeconómica de la mayor parte de la población.

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