Diecisiete postulados para pensar la excelencia periodística en las Américas

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó diecisiete postulados para debatir qué significa hacer periodismo de excelencia en las Américas, frente a los desafíos de la concentración mediática, las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la desinformación y las amenazas a la libertad de expresión.

IDEAS CLAVE

1. El interés público como punto de partida

La excelencia periodística no se reduce a informar: supone ofrecer información confiable, contextualizada e independiente que permita comprender la realidad, fiscalizar al poder y participar de la vida democrática.

2. Independencia, rigor y rendición de cuentas

El documento coloca en el centro la independencia frente a gobiernos, empresas, anunciantes y plataformas, junto con la verificación de los hechos, la transparencia, la corrección de errores y la apertura a la crítica.

3. La tecnología redefine el ecosistema informativo

Las plataformas, los algoritmos y la inteligencia artificial modifican la producción, circulación y consumo de noticias. La propuesta reclama transparencia, supervisión humana y una compensación justa por el valor de los contenidos periodísticos utilizados por los sistemas de IA.

4. El pluralismo también es una condición del rigor

Incorporar distintas fuentes, regiones, lenguas y perspectivas no es solamente una cuestión de diversidad: omitir voces relevantes produce una comprensión incompleta de la realidad y empobrece la deliberación democrática.

5. La excelencia periodística necesita un ecosistema que pueda sostenerla.

Seguridad para periodistas, medios locales y comunitarios, innovación, formación, colaboración y mecanismos de financiamiento aparecen como condiciones necesarias para preservar un periodismo independiente, plural y comprometido con el interés público.

En junio de 2026, en el marco de la 56.ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó la Iniciativa Rickey Singh, un proceso de consulta destinado a sistematizar un piso común de estándares para la excelencia periodística en el continente. El insumo surgió de dos instancias de diálogo: un primer encuentro en Ciudad de Panamá, el 22 de junio de 2026, con cerca de treinta periodistas, editores, directivos de medios y representantes de organizaciones especializadas de distintas subregiones americanas; y una segunda instancia durante el Festival Gabo 2026, en Bogotá, entre el 24 y el 26 de julio, con participación de periodistas y actores del ecosistema informativo de América Latina y el Caribe. A esto se sumaron aportes escritos recibidos por correo electrónico durante todo el proceso.

Pedro Vaca Villarreal, relator de la RELE

El diagnóstico de partida es que el periodismo atraviesa una transformación profunda del orden informativo, democrático y tecnológico. La revolución digital modificó la producción y circulación de noticias, los modelos de financiamiento, las formas de consumo y, más ampliamente, la relación entre prensa, audiencias, sociedad y Estado. Los consultados coincidieron en que el periodismo de excelencia cumple una función democrática esencial: informar de manera veraz, oportuna y comprensible para que la ciudadanía pueda fiscalizar el poder, participar del debate público y tomar decisiones informadas. También reafirmaron que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia y condición para el ejercicio de otros derechos.

El texto pone especial énfasis en la incidencia de las plataformas tecnológicas, los sistemas algorítmicos y la inteligencia artificial en el acceso a la información, la sostenibilidad de los medios y la calidad de la deliberación democrática. La RELE subraya que las empresas de inteligencia artificial deben compensar de manera justa el valor económico de los contenidos periodísticos utilizados para entrenar y operar sus modelos, como condición para la sostenibilidad de los medios y para garantizar condiciones económicas dignas a periodistas.

También se identifican graves desafíos regionales —expansión del crimen organizado, corrupción transnacional, cooptación de instituciones, violencia y captura territorial, depredación ambiental, desapariciones, desplazamientos y desigualdad social— frente a los cuales el periodismo independiente y de investigación aparece como condición de comprensión pública. A la vez, se advierte sobre la concentración económica, tecnológica e ideológica del espacio digital, la expansión de la propaganda, la desinformación, la manipulación coordinada y los discursos de odio, fenómenos que erosionan la búsqueda de la verdad y profundizan la polarización.

Un punto doctrinario importante: el documento aclara que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas que en ningún caso pueden ser impuestas por el Estado. Los diecisiete postulados no pretenden ser reglas obligatorias ni sustituir los códigos de ética o mecanismos de autorregulación existentes, sino ofrecer una base conceptual para el debate dentro de las redacciones, asociaciones de prensa, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Los diecisiete postulados abordan, entre otros aspectos, el interés público como propósito central del periodismo; la independencia editorial frente a intereses políticos, económicos y particulares; la precisión y la verificación; la honestidad profesional; la rendición de cuentas y la apertura a la crítica; el pluralismo y la inclusión; la protección de fuentes y la reportería responsable; y el uso responsable de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para preservar la integridad e impulsar la innovación periodística.

La excelencia periodística se funda en una vocación de servicio público que va más allá de recolectar y difundir información: implica ofrecer información confiable, contextualizada e independiente sobre asuntos que inciden en la vida de las personas y en el funcionamiento democrático, con atención prioritaria a la fiscalización del poder público y privado, los derechos humanos, la corrupción y la desigualdad. Exige criterio editorial para distinguir lo relevante del ruido coyuntural y hacer accesible la información compleja sin simplificarla indebidamente.

Reclama distancia crítica frente a gobiernos, propietarios, anunciantes, plataformas y actores criminales, junto con transparencia sobre las fuentes de financiamiento y los mecanismos de decisión editorial. La sostenibilidad económica no puede lograrse a costa de la independencia, y las métricas de audiencia o los incentivos algorítmicos no deben definir qué se investiga o publica. Los apoyos públicos, privados o filantrópicos deben contar con garantías de transparencia que impidan que el financiamiento condicione los contenidos.

La verificación rigurosa de los hechos antes de publicar es la base de la credibilidad. Exige distinguir con claridad la información verificada de la opinión o la hipótesis, y aplicar el mismo estándar de precisión a títulos, redes sociales y material audiovisual que al cuerpo de la nota. La velocidad o la búsqueda de la primicia no pueden primar sobre informar correctamente.

El ejercicio investigativo y crítico debe evitar la difusión de información no verificada que dañe injustificadamente la honra de terceros, recordando que el periodismo no sustituye la función judicial y debe respetar garantías como la presunción de inocencia. Incluye también la atribución transparente del trabajo ajeno como forma de integridad profesional.

Los medios deben corregir errores sustantivos de forma pronta, visible y proporcional, sin ocultarlos ni minimizarlos, y ofrecer a las personas gravemente señaladas una oportunidad razonable de respuesta, salvo que exista riesgo para las fuentes o las investigaciones en curso. Se valoran mecanismos como las defensorías de audiencias.

Las audiencias deben poder distinguir con claridad entre información, opinión, publicidad y contenido de marca. El uso de formatos periodísticos no convierte automáticamente una iniciativa de comunicación en periodismo: lo determinante es el compromiso con la verificación y el interés público.

Pide narrativas comprensibles que no sacrifiquen la complejidad y eviten el sensacionalismo, los eufemismos que diluyen responsabilidades y las omisiones relevantes. Destaca la investigación con datos, la diversificación de fuentes y la comprensión de las estructuras de poder. La cobertura rigurosa no debe limitarse a reproducir declaraciones contrapuestas, sino identificar quién ejerce poder, quién influye en las decisiones públicas y quiénes resultan beneficiados o afectados.

 La confidencialidad de las fuentes es una garantía esencial del periodismo de investigación, pero no exime del deber de verificación ni puede convertirse en vehículo de propaganda o ataques personales. La búsqueda de información encubierta o la grabación oculta deben ser excepcionales, solo cuando exista un interés público significativo y no haya medios menos intrusivos disponibles.

La cobertura de violencia, tragedias, discriminación, migración y violaciones de derechos humanos debe ser rigurosa y sensible a los riesgos que enfrentan las víctimas y las comunidades vulnerables, evitando la revictimización, la exposición innecesaria del sufrimiento privado y el lenguaje discriminatorio.

Exige incorporar una pluralidad de fuentes, regiones, lenguas y perspectivas. Advierte que un ecosistema mediático concentrado o económicamente frágil empobrece la deliberación pública y plantea el pluralismo no como una cuestión meramente de diversidad, sino como una condición del propio rigor periodístico: omitir perspectivas relevantes produce una comprensión incompleta de la realidad.

Las amenazas, la vigilancia ilegítima, el hostigamiento judicial y la censura afectan tanto a quienes ejercen el periodismo como al derecho social a recibir información. Pide protocolos actualizados frente a riesgos físicos, digitales, legales y psicosociales, con atención particular a periodistas independientes, mujeres periodistas y medios comunitarios, así como a quienes cubren crimen organizado, corrupción o procesos electorales.

Los principios periodísticos deben mantenerse independientemente del formato o la plataforma: sitios web, pódcast, redes o transmisiones en vivo. La búsqueda de viralidad o interacción no puede prevalecer sobre la precisión o la independencia editorial, y elementos como titulares o miniaturas deben corresponder fielmente al contenido.

La IA puede ampliar las capacidades del periodismo, pero no debe sustituir el criterio editorial ni la verificación humana. Pide políticas claras y transparentes sobre su uso en investigación, transcripción, traducción, análisis de datos y generación de contenidos, con revisión humana obligatoria y salvaguardas frente a la fabricación de información, los sesgos y el plagio. Cuando la IA incida sustantivamente en la producción de una pieza, eso debe informarse a las audiencias. También advierte sobre el riesgo de que las fuentes que alimentan los sistemas de IA sean limitadas, opacas o condicionadas por intereses comerciales, y llama a abogar por mayor pluralidad y transparencia en esos sistemas.

Exige información precisa y plural que permita a la ciudadanía comprender las opciones en juego, distinguiendo con claridad entre afirmaciones de campaña, opiniones y hechos verificados. Señala riesgos específicos: uso indebido de recursos estatales, presiones contra autoridades electorales, violencia política, acoso basado en género e injerencia extranjera.

Reivindica el periodismo hecho desde los territorios —incluidas las experiencias indígenas, afrodescendientes, rurales, fronterizas y migrantes— como ampliación del pluralismo y como función de documentación y memoria que reduce los espacios para la tergiversación de los hechos.

El periodismo debe contribuir a que las audiencias entiendan cómo se verifica un hecho y cómo se identifica una manipulación, en un contexto de puesta en duda sistemática de hechos comprobados y saturación de información de baja calidad. Vincula esto con la función de memoria histórica: reconstruir la verdad exige incorporar las voces y responsabilidades de todos los actores relevantes, incluidos quienes participaron en abusos o violaciones.

Cierra con un llamado a la innovación narrativa y la colaboración entre periodistas, medios e instituciones, participando en redes nacionales, regionales e internacionales que ofrezcan formación, protección, fondos para producción y espacios de intercambio profesional, como forma de reducir el aislamiento y sostener un ecosistema plural e independiente.

El documento se presenta explícitamente como una herramienta de autorregulación y no de imposición estatal, pensada para alimentar el debate en redacciones, consejos editoriales, universidades y organizaciones de la sociedad civil de todo el continente.

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