Destino incierto para la Defensoría del Publico

La interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Soher El Sukaria —cuya nombramiento en agosto fue cuestionada por varios espacios políticos por carecer de antecedentes en el ámbito de los medios o los derechos de las audiencias —, designó para ocupar los cargos directivos vacantes del organismo a personas con escasa o nula experiencia en cuestiones vinculadas con la comunicación.

Las personas contratadas no parecen idóneas para llevar adelante las tareas de auditoría que debe encarar el organismo. La exdiputada macrista, y hasta hace poco concejala de la ciudad de Córdoba, nombró a no menos de cinco personas de su confianza en cargos con ingresos mensuales que superan los tres millones de pesos.

El diputado Pablo Carro alertó en su cuenta de la red social X que se trata de «al menos cinco designaciones de altos funcionarios dispuesta por Soher El Sukaria».

Las designaciones corresponden al cargo de secretario general, Pablo Steinaker; el director general. de Planificación Estratégica e Investigación, Adolfo Almada; la directora general de Protección de Derechos, Lucía De Bernardi; y la directora general Administrativa, Edith María Luisa Córdoba. También designó como asesor en la máxima categoría a Emiliano Sebastián Herrera.

En sus perfiles profesionales, uno aparece como asesor de comunicación —aunque el sitio web que dice llevar adelante en su perfil profesional está caído—; otro como comerciante de artículos de informática —también es politólogo pero tiene el sitio web de su consultora en «mantenimiento»—; otra como abogada diplomada en coaching ontológico;y otro como abogado asesor del PRO.

La designación de El Sukaría y de funcionarios carentes de idoneidad no respeta el requerimiento de aptitud ni los procedimientos establecidos por la Ley 26522, como fue señalado por los diputados Miguel Angel Pichetto (bloque Encuentro Federal) y Pablo Carro (Unión por la Patria), en cartas al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

En lugar de convocar para la constitución de la Comisión Bicameral —encargada de fiscalizar el funcionamiento de organismo y designar a la Defensora del Público— Menem y Villlaruel decidieron designar como interventora a la exdiputada del PRO con un mandato de al menos 240 días.

En el ámbito legislativo se comenta que la intención es desmantelar el organismo y romper con su independencia a la hora de proteger a las audiencias, locual estaría en línea con las políticas del gobierno de Javier Milei, en términos de desechar cualquier acción orientada a proteger a las audiencias y defender sus derechos.

Este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recibieron en la Casa Rosada a la llamada «mesa parlamentaria», integrada por diputados nacionales que apoyan las políticas del oficialismo libertario.

Una de las participantes del encuentro, la diputada Silvana Giúdici, exradical, ahora integrante del bloque del PRO en Diputados, dijo tras la reunión que «el gobierno, a través de Francos y Sturzenegger, nos expresó su apoyo para avanzar con el proyecto del PRO para privatizar Aerolíneas Argentinas y para disolver la Defensoría del Público, iniciativas que ya hemos presentado en la Cámara».

Con información de La Ranchada

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