Cuando la tecnología deja de ser herramienta y empieza a organizar el poder
Cuatro lecturas recorren problemas diferentes —la cobertura de la guerra en Gaza, la concentración de los medios, la intervención digital en elecciones latinoamericanas y la relación entre tecnología, trabajo y control—, pero dejan una pregunta común: quién diseña las infraestructuras que organizan lo que vemos, lo que pensamos y hasta el tiempo del que disponemos.
IDEAS CLAVE
- El lenguaje también organiza el poder. La cobertura periodística no consiste solamente en seleccionar hechos. Las palabras, los marcos y el contexto pueden modificar la interpretación de aquello que ocurre y condicionar qué responsabilidades aparecen o desaparecen.
- La concentración mediática es también una cuestión democrática. Para Victor Pickard, el problema no se reduce al comportamiento de determinados propietarios: una estructura informativa demasiado concentrada limita la diversidad y subordina crecientemente el periodismo a las lógicas de rentabilidad.
- Las campañas electorales se convirtieron en infraestructuras de datos. Segmentación, perfiles de votantes, influencers, bots, automatización e IA permiten intervenir sobre la circulación de mensajes y construir artificialmente determinados niveles de visibilidad o apoyo.
- La tecnología no es solamente un conjunto de dispositivos. Celulares, plataformas educativas, sistemas de gestión y mecanismos financieros también producen relaciones, hábitos y obligaciones. Su impacto depende de la infraestructura social en la que funcionan.
- El poder contemporáneo puede estar escondido en el diseño. Quién fija las reglas, qué datos se recogen, qué comportamientos se consideran normales, cuánto tiempo exige una plataforma y quién puede modificarla son preguntas políticas, aunque se presenten como cuestiones meramente técnicas.
La agenda pública vuelve una y otra vez sobre cuestiones que parecen pertenecer a mundos distintos: la cobertura mediática de la guerra de Gaza, el poder de los grandes conglomerados de comunicación, las nuevas formas de intervención electoral y el impacto de las tecnologías sobre el trabajo y la vida cotidiana. Cuatro artículos permiten recorrer esas zonas de contacto desde perspectivas muy diferentes.
En Counterpunch, el politólogo M. Reza Behnam[1]Reza Behnam es un politólogo especializado en política comparada, con especial atención a Asia Occidental. cuestiona la cobertura occidental de la guerra de Israel contra Gaza y pone el foco en el lenguaje, los marcos informativos y la falta de contexto histórico.
En The Progressive Magazine, el investigador Victor Pickard, profesor de Política de Medios y Economía Política de la Universidad de Pensilvania, analiza la concentración de la propiedad de los medios estadounidenses y sus efectos sobre la democracia.
El consorcio La Internacional Reaccionaria, por su parte, reconstruye en «Cómo robar un hemisferio» la trayectoria de Fernando Cerimedo y la red de consultores, empresas tecnológicas, bases de datos, influencers y bots que, según la investigación, interviene en procesos electorales latinoamericanos.
Finalmente, Juan Di Paolo Morcos,[2]Juan Di Paolo Morcos es mendocino y se desempeña en varios ámbitos vinculados a la comunicación, la docencia y la política en la provincia. Es docente de Historia, streamer y comunicador. … Continue reading en Panamá Revista, parte de Sarmiento, la fórmula civilización/barbarie y la genealogía tecnológica reconstruida por Michel Nieva para llegar a una cuestión contemporánea: cómo celulares, plataformas educativas, sistemas de gestión y deuda pueden convertirse en infraestructuras que organizan el tiempo y las conductas.
Cuando informar también es construir una mirada
El artículo de Behnam parte de una acusación severa: los grandes medios occidentales no se habrían limitado a cometer errores o a omitir información sobre Gaza, sino que habrían contribuido a construir un marco interpretativo que vuelve aceptables determinadas formas de violencia. Su crítica apunta especialmente a la supuesta neutralidad del lenguaje periodístico.
El argumento resulta interesante porque desplaza la discusión desde qué información aparece hacia cómo se la nombra y desde qué contexto se la presenta. Palabras como «conflicto», «legítima defensa», «operación» o «daño colateral» no serían, para el autor, elecciones inocentes. Pueden producir una determinada percepción de los hechos y establecer una simetría allí donde, según su lectura, existe una relación profundamente asimétrica de poder.
Behnam también cuestiona lo que considera una descontextualización histórica de la cuestión palestina. Para comprender la situación actual, sostiene, no alcanza con reconstruir los acontecimientos desde el 7 de octubre de 2023: es necesario incorporar la historia de la ocupación, el desplazamiento y las relaciones de poder que precedieron a la guerra. Su crítica alcanza incluso a los medios que privilegian las declaraciones oficiales por encima de las evidencias recogidas sobre el terreno.
El punto más potente del planteo aparece entonces en una idea sencilla: la neutralidad no garantiza por sí misma la objetividad. Un lenguaje aparentemente aséptico puede esconder responsabilidades, borrar sujetos y convertir procesos políticos en acontecimientos naturales. La pregunta periodística no sería solamente si algo ocurrió, sino quién actuó, quién padeció las consecuencias y qué contexto permite comprenderlo.
El texto de Behnam formula acusaciones muy amplias sobre la prensa occidental y utiliza categorías como «complicidad institucional» o «ceguera genocida» que forman parte de su propia interpretación. Su aporte más fértil para una discusión sobre periodismo no necesita aceptar necesariamente todas esas conclusiones: consiste en recordar que las decisiones editoriales sobre lenguaje, fuentes, contexto y jerarquización también son decisiones políticas en sus efectos.
El problema no termina en la concentración
Victor Pickard lleva la discusión a otro terreno. Su preocupación no es solamente qué dicen los medios, sino «quién los posee». Para el autor, la concentración corporativa del sistema mediático estadounidense constituye una amenaza estructural para la democracia: cuando unas pocas empresas controlan grandes porciones del ecosistema informativo, disminuye la diversidad de propietarios, voces y perspectivas.
Pickard vincula esa concentración con una lógica económica más amplia. Las grandes fusiones generan conglomerados endeudados que, para sostener la rentabilidad, reducen costos, fusionan redacciones, eliminan puestos de trabajo y sustituyen periodismo original por contenidos más baratos. El resultado no es solamente laboral. También puede afectar la calidad y diversidad de la información disponible.
El fenómeno adquiere una dimensión particularmente preocupante cuando la propiedad mediática se concentra en manos de multimillonarios con intereses económicos y políticos propios. El poder de controlar un medio importante puede convertirse así en una herramienta de influencia sobre el debate público. El problema, sostiene Pickard, no depende de que cada propietario actúe de manera deliberadamente maliciosa: ningún individuo debería disponer de semejante capacidad de intervención sobre el sistema informativo.
La genealogía que propone ayuda a evitar una explicación demasiado personalizada. La actual oligarquía mediática no habría nacido con Trump ni con los empresarios que hoy protagonizan las controversias. Pickard la vincula con decisiones políticas anteriores: la privatización y comercialización del sistema de medios, la desregulación y el debilitamiento de las restricciones a la concentración. La Ley de Telecomunicaciones de 1996 aparece en su relato como uno de los puntos de inflexión.
Por eso su respuesta tampoco consiste simplemente en reemplazar a unos propietarios por otros. Desarmar monopolios sería, para él, apenas el comienzo. Su propuesta apunta a reconstruir un ecosistema de medios públicos e independientes, especialmente en el ámbito local, capaz de tratar la información como un servicio democrático y no exclusivamente como una mercancía.
La tesis puede resultar deliberadamente radical, pero plantea una pregunta difícil de esquivar: si la información es indispensable para la democracia, ¿puede quedar su infraestructura sometida exclusivamente a las reglas de concentración y rentabilidad del mercado?
El laboratorio electoral llega a América Latina
La investigación de La Internacional Reaccionaria cambia nuevamente de escala. El caso de Fernando Cerimedo es presentado como una puerta de entrada a una red mucho más amplia de intervención política. El interés del trabajo no reside únicamente en la figura del consultor argentino, sino en mostrar cómo la política electoral contemporánea puede combinar bases de datos, segmentación de votantes, influencers, bots, publicidad digital, automatización e inteligencia artificial.
La transformación tecnológica modifica aquí algo más profundo que las herramientas de campaña. Las bases de datos permiten reunir información proveniente de registros públicos, censos electorales, visitas territoriales y fuentes comerciales para elaborar perfiles detallados de los votantes. A partir de esos perfiles, los equipos de campaña pueden seleccionar a quién hablarle, a quién ignorar y qué mensaje resulta más eficaz para cada segmento.
El salto posterior es la automatización. El artículo describe sistemas capaces de producir y distribuir mensajes a gran escala, redes de bots destinadas a simular apoyo orgánico y contenidos diseñados para adquirir la apariencia de información periodística. La combinación puede generar un efecto especialmente difícil de detectar: una noticia falsa no necesita convencer por sí sola si una infraestructura digital consigue multiplicar artificialmente su circulación.
El caso Cerimedo permite observar además la dimensión transnacional del fenómeno. La investigación reconstruye su participación —con distintos grados de evidencia en cada caso— en campañas y operaciones políticas en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Honduras y otros países, y vincula esas actividades con operadores estadounidenses e israelíes. El propio artículo advierte que no todas las conexiones tienen el mismo grado de confirmación: algunas aparecen documentadas y otras son presentadas como plausibles o sujetas a investigación. Esa distinción es importante porque evita convertir una investigación periodística en una trama donde todas las piezas parecen probadas por igual.
La conclusión más significativa, de todos modos, no depende exclusivamente de Cerimedo. El argumento sostiene que la verdadera novedad es la infraestructura: una tecnología electoral sofisticada puede ser trasladada de un país a otro y de un operador a otro. Si desaparece un intermediario, quedan las bases de datos, las plataformas, los métodos de segmentación y las herramientas de automatización.
La cuestión democrática, entonces, no es solamente quién gana una elección. También importa qué capacidad tienen actores privados o extranjeros para intervenir en la formación de preferencias, en la circulación de información y en la percepción de aquello que otros ciudadanos consideran verdadero o relevante.
De la frontera territorial a la frontera del tiempo
El cuarto texto introduce una conexión menos evidente y, justamente por eso, especialmente sugerente. Juan Di Paolo Morcos parte de la relación entre Sarmiento, la idea de civilización y la tecnología para recuperar una tesis de Michel Nieva: el proyecto civilizatorio argentino puede leerse también a través de las tecnologías que permitieron conquistar territorio, coordinar acciones, cercar poblaciones y disciplinar cuerpos. Entre ellas aparecen el fusil Remington, el telégrafo, el alambre de púas y, posteriormente, la picana eléctrica.
La cuestión no es establecer una equivalencia histórica entre esos dispositivos, sino observar una continuidad en la relación entre tecnología y poder. Una tecnología no sería simplemente un objeto neutral que después alguien utiliza bien o mal. También organiza relaciones, habilita determinadas conductas y vuelve otras más difíciles.
Desde allí, Morcos desplaza la mirada hacia el presente. El celular, la virtualidad educativa, el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI)[3]La Ley 9599 de Mendoza convirtió al GEI en herramienta obligatoria y canal oficial de comunicación digital para la comunidad educativa. Allí confluyen calificaciones, asistencias, … Continue reading y la deuda aparecen como cuatro tecnologías o infraestructuras diferentes que, sin responder a un plan único, pueden converger sobre una misma frontera: la separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo propio.
El celular vuelve permanente la disponibilidad. La escuela virtual desarma la coincidencia entre aula, edificio y horario. GEI convierte buena parte de la gestión educativa en información registrable y potencialmente accesible desde cualquier lugar. La deuda, finalmente, compromete una porción del futuro: el ingreso todavía no percibido ya tiene un destino asignado.
La observación más interesante aparece cuando el autor deja de pensar en términos de aparatos y comienza a hablar de infraestructuras. WhatsApp, por ejemplo, no es solamente una aplicación: forma parte de una relación que incluye el teléfono personal, la expectativa de respuesta, las jerarquías laborales y la costumbre de permanecer disponible. Del mismo modo, GEI no es solamente un software, sino una combinación de dispositivos, conectividad, normas, plazos, bases de datos y trabajo humano.
Eso permite formular una pregunta distinta frente a la habitual promesa de modernización: ¿de quién es el tiempo que una tecnología dice ahorrar? Si una plataforma reduce tareas administrativas para una institución pero obliga a cientos de trabajadores a completar registros fuera de horario, la eficiencia existe; lo que queda en discusión es quién paga su costo.
El texto lleva esa cuestión hasta el terreno sindical. En lugar de limitarse a reclamar el derecho a desconectarse, propone discutir las infraestructuras que producen la necesidad de desconexión: quién diseñó la plataforma, qué datos recoge, cuánto tiempo exige, quién fija los plazos y quién puede modificar sus reglas. La propuesta final es pasar de un sindicalismo que solamente responde a las consecuencias a otro capaz de intervenir también sobre el diseño tecnológico.
Una disputa que cambia de lugar
Las cuatro lecturas no dicen lo mismo ni parten de los mismos supuestos. Behnam formula una crítica política y ética al periodismo occidental; Pickard analiza la estructura económica de los medios; la investigación sobre Cerimedo estudia nuevas formas de intervención electoral; Morcos explora la relación entre tecnología, trabajo e infraestructura.
Pero hay un hilo que permite leerlas juntas sin borrar sus diferencias. El poder contemporáneo no se ejerce solamente mediante decisiones visibles. También se incorpora a las infraestructuras que organizan la circulación de información, la atención, los datos, las conductas y el tiempo.
En el primer caso, la infraestructura es también lingüística: determinadas palabras y marcos pueden hacer visibles unas dimensiones de un conflicto y ocultar otras. En el segundo, es económica: la estructura de propiedad condiciona qué medios sobreviven y bajo qué incentivos trabajan. En el tercero, es tecnológica y electoral: bases de datos, algoritmos y redes artificiales permiten intervenir sobre la circulación de mensajes a una escala difícil de percibir. En el cuarto, es cotidiana: dispositivos y plataformas pueden convertir el tiempo personal en disponibilidad laboral.
Quizás allí esté la cuestión que atraviesa estas lecturas. La tecnología no necesita comportarse como un actor autónomo para producir efectos políticos. Basta con que alguien diseñe las reglas, controle los recursos y determine qué relaciones hace posibles una infraestructura.
La vieja frontera podía verse: una frontera territorial, un alambrado, una fábrica, una redacción, una emisora. Las nuevas fronteras son menos visibles. Pueden aparecer como una palabra aparentemente neutral, una plataforma que todos deben utilizar, una base de datos electoral, un algoritmo que decide qué contenido circula o una notificación que llega cuando la jornada laboral ya terminó.
La discusión democrática se desplaza, entonces, hacia un terreno menos espectacular pero probablemente más decisivo: quién controla las infraestructuras que organizan nuestra experiencia común. Las cuatro notas recomendadas ofrecen distintas entradas para pensar ese problema. Y también una advertencia: cuando una infraestructura deja de parecer una decisión y empieza a presentarse como «la manera en que funcionan las cosas», discutir el poder que contiene se vuelve bastante más difícil.
Marcelo Valente
Editor de Esfera Comunicacional
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Notas
| ↑1 | Reza Behnam es un politólogo especializado en política comparada, con especial atención a Asia Occidental. |
|---|---|
| ↑2 | Juan Di Paolo Morcos es mendocino y se desempeña en varios ámbitos vinculados a la comunicación, la docencia y la política en la provincia. Es docente de Historia, streamer y comunicador. Participa en espacios de divulgación y debate sobre tecnología e inteligencia artificial. |
| ↑3 | La Ley 9599 de Mendoza convirtió al GEI en herramienta obligatoria y canal oficial de comunicación digital para la comunidad educativa. Allí confluyen calificaciones, asistencias, documentación, trayectorias, servicios y buena parte de la información que permite gestionar el sistema |
