Cambios en la ley ómnibus: los «juegos del hambre» entre la cultura y la comunicación
La nueva versión de la ley ómnibus retrocede en algunos aspectos vinculados al sector cultural y propone derogar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la financiación para medios comunitarios e indígenas prevista en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Luego de la ola de respuestas y críticas por parte del sector cultural, que incluyó visitas a las comisiones de representantes de las industrias culturales, la nueva versión de la ley ómnibus y el dictamen de mayoría retrocedió en algunos –no todos– de los artículos destinados a trastocar el funcionamiento actual de sus instituciones más relevantes, pero a cambio agregó modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cancelando la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la financiación dispuesta por ley del 10% de lo recaudado por Enacom para «proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios» a través de un Fondo de Fomento Concursable (Fomeca) cuyas adjudicaciones se definen a través de un jurado. La idea de que uno es a cambio del otro fue expresada por la propia diputada Silvana Guidici al celebrar que la ley siga financiando el «Arte y la Cultura»: «Basados en nuestro proyecto 4900/23, de disolución de la Defensoría, y la sugerencia de eliminar los millonarios fondos asignados a medios comunitarios y de pueblos originarios podrá mantenerse el financiamiento del Incaa, el FNA y el INT. Celebramos que se hayan tomado estas sugerencias», dijo en la red social X. De este modo, la diputada insinúa una especie de competencia entre ambos sectores en un contexto de una reducción del Estado simbólica y material.
Giudici fue vicepresidenta y presidenta del Enacom durante la presidencia de Mauricio Macri. Luego, fue directora del organismo en representación de la oposición. Durante su gestión, ya había dado signos de retracción relativa y una relación con el sector signada por la desconfianza desde el comienzo, condicionada por la ralentización de los Fomeca, la detención de programas destinados a promover el sector y la “marca de origen” de esos medios, en pleno fulgor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, según documentaron los investigadores Alejandro Linares y Denise Altieri. Aun así, durante sus años a cargo del Enacom Giudici difundía algunas convocatorias de los Fomeca, llamaba a participar y hasta promovía sus “casos de éxito” con el lema de «otra televisión es posible».
Los nuevos aires políticos habilitaron un discurso virulento, y la misma Giudici acusa al Fomeca de insumir «$2.028.505.145 en los últimos tres años para solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo, ONG’s de la ley de medios, radios originarias y org. militantes como el Hormiguero, Barricada, MTL, Centro Boliviano, Mapuches, Madres de Plazo de Mayo etc.”, como expresó en dicho hilo de X.
Los medios comunitarios pertenecen al sector de los medios sin fines de lucro y tienen como antecedente una historia de ninguneo, represión y reivindicación: vedados por ley hasta 2005, fueron una de las incorporaciones más simbólicamente relevantes de la popularmente conocida como Ley de Medios, que les asignaba un porcentaje del espectro radiofónico y les garantizaba un presupuesto a partir de los ingresos que percibía el entonces Afsca, hoy Enacom, si bien los concursos comenzaron recién en 2013, tres años después de sancionada la Ley. El 60 % de estos medios está presentes en poblaciones con menos de cien mil habitantes y el 41 % llegaba a áreas rurales, según un relevamiento de Riccap (Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular) de 2019 que citan Linares y Altieri en su artículo.
