Amnistía Internacional llevará ante la CIDH y la ONU los ataques de Milei contra periodistas
La decisión de Amnistía Internacional de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los nuevos ataques de Javier Milei vuelve a poner en primer plano una cuestión central para la democracia: las consecuencias de convertir a periodistas críticos en blanco de la descalificación pública. Las cifras de agresiones registradas por Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y los reclamos formulados ante organismos internacionales dan cuenta de un problema que excede a las personas directamente afectadas.
La relación entre el poder político y el periodismo crítico atraviesa un nuevo episodio de tensión en Argentina. Esta vez, los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA motivaron la decisión de Amnistía Internacional de llevar los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para la organización, las expresiones presidenciales no constituyen una mera controversia sobre la cobertura de un asunto de interés público: forman parte de una escalada de hostilidad que puede comprometer la seguridad de quienes informan y deteriorar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.
Durante su discurso en la Fundación Faro el pasado viernes 23 de octubre, Milei mencionó por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio. A los periodistas los calificó de «ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones». En el mismo discurso, sostuvo que «los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta», una expresión que incorpora una imagen de violencia extrema al ataque verbal contra quienes cuestionan su gestión.
La gravedad de estos episodios no reside solamente en el tono de las descalificaciones. Cuando quien ocupa la presidencia señala públicamente a periodistas y los presenta como enemigos o actores ilegítimos, el mensaje adquiere una dimensión que trasciende la disputa coyuntural. La investidura presidencial otorga a sus palabras una exposición y una capacidad de amplificación particulares, capaces de contribuir a un clima de intimidación y de alentar nuevas agresiones.
«El hostigamiento desde el poder deteriora las condiciones del debate democrático y afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada», advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. La organización sostiene que las autoridades tienen una responsabilidad reforzada: deben garantizar que el periodismo pueda investigar, preguntar e informar con libertad y seguridad, incluso cuando sus publicaciones resulten críticas o inconvenientes para el Gobierno.
Una escalada que tiene antecedentes y consecuencias
Los ataques recientes no pueden analizarse como hechos aislados. Los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) muestran la dimensión que adquirió el problema. Según el relevamiento, durante 2025 se registraron 278 casos de ataques contra periodistas, un 55 % más que en 2024 y la cifra más alta desde que comenzó el registro, en 2008.
El informe también identificó al presidente Milei como autor de 119 de esos hechos, lo que lo ubicó como el principal agresor individual. Entre los casos registrados se contabilizaron, además, 139 discursos estigmatizantes, veinte demandas contra periodistas y veintiocho restricciones de acceso a la información.
Las cifras permiten dimensionar una tendencia, pero también invitan a mirar más allá de cada episodio. La libertad de prensa no se debilita únicamente cuando se prohíbe publicar una información o se impide el acceso a una fuente. También se deteriora cuando la descalificación sistemática convierte el ejercicio del periodismo en una actividad expuesta a la intimidación, el descrédito y las represalias.
En ese escenario, el efecto más profundo puede no recaer exclusivamente sobre quienes reciben los ataques. La reiteración de los agravios puede desalentar investigaciones, inducir a evitar determinados temas y favorecer la autocensura. Cuando el costo de informar aumenta, se resiente la capacidad del periodismo para controlar al poder y, con ella, el derecho de la ciudadanía a conocer asuntos de interés público.
La advertencia llegó a los organismos internacionales
En un comunicado, Amnistía recuerda que la preocupación por estas condiciones ya había llegado al sistema interamericano. El 19 de noviembre de 2025, participó, junto con organizaciones de derechos humanos, entidades periodísticas y sindicatos de prensa, en una audiencia ante la CIDH dedicada a la situación de la libertad de expresión en Argentina.
En esa instancia se denunció el incremento de las agresiones, la violencia en línea, el acoso judicial y los ataques sufridos durante la cobertura de protestas, en un contexto de expansión de prácticas autoritarias. La Comisión solicitó al Estado información sobre las medidas de prevención y protección y manifestó su interés en realizar una visita al país.
La nueva iniciativa de Amnistía Internacional se inscribe en ese recorrido. No se trata solamente de cuestionar declaraciones presidenciales, sino de poner en conocimiento de los organismos internacionales hechos que, según la organización, profundizan un deterioro más amplio de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.
Las obligaciones del Estado en esta materia son claras: prevenir la violencia contra periodistas, evitar discursos oficiales que incrementen los riesgos para quienes informan y reconocer la legitimidad de su tarea, también cuando sus investigaciones cuestionan a los funcionarios públicos. La crítica periodística no es una concesión del poder ni una actividad que deba ejercerse bajo condiciones de aprobación gubernamental. Es una función esencial para el control democrático.
El derecho a informar también es el derecho a saber
Asimismo, Amnistía Internacional expresó su solidaridad con los periodistas señalados y reclamó al presidente y a los demás funcionarios públicos que cesen los mensajes intimidatorios y estigmatizantes, reconozcan el valor del periodismo y garanticen condiciones para su ejercicio libre y seguro.
La cuestión de fondo excede, sin embargo, la relación entre un presidente y determinados periodistas. Una sociedad democrática necesita que quienes investigan las decisiones del Gobierno puedan hacerlo sin temor a represalias y que la ciudadanía disponga de información plural para evaluar a sus representantes. Cuando el poder político transforma la crítica en una marca de enemistad y a quienes informan en blancos de ataques públicos, ese espacio común se vuelve más frágil.
La libertad de prensa no consiste en que el periodismo esté exento de críticas, ni impide que los funcionarios respondan a informaciones que consideran incorrectas. Lo que exige es que las controversias se desarrollen sin intimidación y con respeto por las garantías que hacen posible el debate público.
La denuncia que Amnistía Internacional llevará ante la CIDH y la ONU vuelve a poner esa exigencia sobre la mesa. Porque investigar al poder no es una agresión contra la democracia: es una de las condiciones que permiten sostenerla. «Cuando informar se convierte en una actividad sometida al hostigamiento, lo que está en riesgo no es solamente la libertad de los periodistas, sino el derecho de toda la sociedad a conocer, preguntar y cuestionar», concluye el comunicado de la organización de derechos humanos.
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