Uruguay: Avanza el nuevo proyecto de ley de medios que promueve más concentración y menos pluralismo
Los legisladores de los partidos Nacional, Colorado y Cabildo Abierto en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados aprobaron el miércoles el nuevo proyecto que crea un nuevo marco regulatorio, echando por tierra la ley de medios del gobierno de José Mujica.
La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados deroga gran parte de la normativa actual, habilitando una mayor concentración mediática, permitiendo más extranjerización y suprimiendo controles y obligaciones de transparencia sobre grupos mediáticos. Por ahora, a iniciativa de la sociedad civil, se ha logrado mantener disposiciones relacionadas con derechos de personas con discapacidad visual y auditiva, protección a la niñez y el derecho a objeción de conciencia de los periodistas.
La coalición de partidos que gobierna en Uruguay logró destrabar la falta de consensos interna después de más de tres años y el pasado 8 de noviembre aprobó en la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados de la Cámara de Representantes su proyecto de nueva Ley de Medios, el cual pasará a discutirse en el pleno de la cámara baja y, en caso de aprobarse, seguirá su trámite en el Senado.
Si bien la propuesta tuvo algunos cambios con respecto al proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo en abril de 2020, sigue derogando más de la mitad de los artículos de la normativa actual —Ley N° 19307—, algo que generó rechazo en el Frente Amplio —partido de oposición que impulsó esta norma— y sectores de la sociedad civil.
El proyecto aprobado aumenta de tres a seis la cantidad de licencias para radio y TV —hasta cuatro en la zona metropolitana— que una persona física o jurídica, o grupo económico, puede poseer de forma parcial o total. Mientras que en el caso de la TV paga, se impone un nuevo tope de ocho licencias, cuando la ley vigente permite acumular solamente tres.
Por otro lado, la nueva propuesta autoriza que las empresas de TV cable puedan vender el 100 % de sus acciones a grupos extranjeros, cuando la normativa actual sólo permite un 49 % de capital extranjero.
En términos de transparencia, se elimina la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), un organismo de control independiente compuesto por el gobierno, la academia, las empresas de medios y la sociedad civil, que era consultada en aspectos como «los pliegos y procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias». Además, se quitan los procesos de consulta pública en los procedimientos de transferencia y renovación de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual.
Por otro lado, se quita la disposición que obligaba a los titulares de servicios de comunicación audiovisual comerciales que empleen espectro radioeléctrico —excluyendo los satelitales—, a abonar por «el derecho a la utilización y aprovechamiento de frecuencias», un recurso que era destinado a un fondo de promoción audiovisual.
¿Qué se mantiene?
Varios artículos dispuestos en la actual ley que protegían los derechos de niños, niñas y adolescentes, se mantuvieron con una votación unánime, luego que varias organizaciones sociales reclamaran que no se perdieran derechos adquiridos. Y se volvió atrás en la derogación de la disposición que establece que los menores «tienen derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que los perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona».
En el nuevo proyecto, se preserva la disposición que determina los horarios de protección para niños desde las 6.00 horas hasta las 22.00, evitando que en ese horario se emitan imágenes de excesiva violencia. Adicionalmente, se mantuvo el artículo de la Ley de Medios vigente, que dispone que la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes no les produzca «perjuicio moral o físico».
Otro de los puntos que se conservarán es el artículo que establece el derecho a objeción de conciencia de los periodistas, en el cual se determina que «los periodistas tendrán derecho, en el ejercicio de su profesión, a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento».
Asimismo, se mantiene la disposición para que los servicios de TV cuenten con «sistemas de subtitulado, lengua de señas, audio descripción, o cualquier otro medio o tecnología que permita mayor accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva o visual».
El diputado del Partido Colorado —integrante de la coalición de gobierno—, Martín Melazzi sostuvo que el proyecto «fue mejorado» con respecto al original, buscando aggiornarse a la realidad actual y que, a su vez, «recoge una cantidad de artículos de la actual ley de medios que no habían sido incluidos en el proyecto del Poder Ejecutivo».
Repercusiones y posturas
Con respecto al proyecto, la central sindical única del Uruguay (PIT-CNT), manifestó que el texto era «antidemocrático por la forma en la que fue discutido y porque su contenido recorta la participación de la sociedad civil organizada».
Desde el PIT-CNT sostuvieron que la propuesta permitirá más concentración y que habilita a que «un puñado de grupos de capital, vinculados al más alto poder político y económico, sigan siendo los dueños de la mayoría de los medios de comunicación en nuestro país». «No se puede anular de un plumazo y entre gallos y medias noches el esfuerzo que integrantes de la sociedad civil, periodistas, organismos nacionales e internacionales hicieron a lo largo de años», manifestaron.
Fabián Werner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), manifestó «preocupación» por el proyecto, argumentando que es un «retroceso normativo para libertad de expresión del Uruguay», consolidando la situación de algunos medios hegemónicos que actualmente violan la ley vigente en términos de la cantidad de licencias que se pueden poseer y abriendo el camino a la «extranjerización».
En sintonía, el director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, sostuvo que la «derogación de más de cien artículos y permitir más concentración mediática, es inaceptable y un golpe enorme a la libertad de expresión y el pluralismo». Por otro lado, Gómez puntualizó que el número de aumento de licencias no es algo que se decidió arbitrariamente, «sino que busca legalizar a los grupos mediáticos Romay, Sarandí, Magnolio y Zorrilla».
Por otra parte, el diputado del Frente Amplio, Pablo Fuentes, manifestó su malestar con el tratamiento de proyecto, asegurando que desde el bloque de la oposición se enteraron de los aditivos y sustitutivos dos días antes «a través de un mensaje de WhatsApp», lo cual calificaron como una situación «nada seria».
«Se están apresurando, porque la idea de ellos es sacarlo de la Comisión lo más rápido posible y enviarlo posteriormente al plenario para que se vote antes de fin de año», sostuvo Fuentes.
Con información de Observacom
