Soberanía digital, un camino a construir
La Coalición por la Soberanía Digital Democrática y Ecológica publicó un documento titulado Recuperar la soberanía digital. Se trata de una hoja de ruta que, desde un enfoque democrático, propone construir un modelo alternativo que proteja la autonomía de las personas, reduzca el impacto ecológico y priorice el interés público frente a la dominación de las grandes corporaciones tecnológicas.
Recuperar la soberanía digital es el resultado de un esfuerzo colectivo de organizaciones que buscan un modelo alternativo de gobernanza digital, en contraposición a los modelos actuales centrados en grandes corporaciones tecnológicas. Sus principales autores —entre los que se encuentran Cecilia Rikap, (University College London), Cédric Durand (University of Geneva), Edemilson Paraná (LUT University), Paolo Gerbaudo (Universidad Complutense de Madrid) y Paris Marx, anfitrión del podcast Tech won’t save us (La tecnología no nos salvará)—proponen un marco de acción para recuperar la soberanía digital, basado en la cooperación internacional, la creación de alternativas tecnológicas abiertas y el fortalecimiento de los derechos digitales de las personas y el planeta.
Asimismo, plantean que las tecnologías digitales o las conocidas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son fundamentales para el buen funcionamiento de las sociedades modernas, pero la forma en que actualmente se organiza su desarrollo y despliegue promueve la centralización económica y una dinámica de «el ganador se lo lleva todo», lo que va en contra del interés público.
Por lo tanto, y dado el alto costo para desarrollar estas tecnologías, el plan para un modelo alternativo requiere que los Estados intervengan y diseñen instituciones públicas multilaterales con autonomía de gobiernos específicos que puedan proporcionar infraestructuras y servicios digitales esenciales como servicios públicos o bienes comunes construidos a través de la cooperación internacional.
Para ello el documento de la Coalición ofrece cuatro líneas de acción:
- Ofrecer un ecosistema digital democrático y liderado por el sector público, que deberá incluir: a) Infraestructura digital como servicio (para el entrenamiento, procesamiento y desarrollo de soluciones digitales) proporcionada por consorcios internacionales no lucrativos y democráticos; b) Plataformas universales, tales como motores de búsqueda y modelos fundacionales de IA, que deben ser bienes comunes gobernados por nuevas instituciones públicas con representación estatal y de la sociedad civil; y c) Un marketplace público donde las empresas puedan ofrecer sus servicios tecnológicos y digitales. Para garantizar la existencia de demanda, los estados deberán abastecerse de este mercado digital y finalizar los contratos que tengan con las grandes empresas tecnológicas.
- Elaborar una agenda de investigación centrada en desarrollos digitales que no estén impulsados por modas o presiones asociadas al solucionismo tecnológico, sino que tengan el potencial de resolver problemas colectivos y mejorar las capacidades humanas. Esta agenda deberá considerar los impactos éticos, económicos, ecológicos y políticos del desarrollo y la adopción de la tecnología, incluidas las aplicaciones de la IA. También deberá inspirarse en el abordaje de los principales desafíos globales de forma holística, interdisciplinaria y sin ánimo de lucro. Para ello, las redes públicas de conocimiento lideradas por una nueva agencia pública internacional de investigación (o agencias regionales) podrían contrarrestar la creciente concentración de la ciencia privada y cerrada.
- Fundamentar la soberanía digital en un internacionalismo ecológico que rechace la idea de soberanía como un campo de batalla entre países, ya que esto ignora que los actores dominantes hoy no son solo estados poderosos, sino también corporaciones líderes. El anclaje de la soberanía digital en un internacionalismo ecológico podría promoverse con un Movimiento Digital de Países No Alineados, que reconozca que las agendas tecnológicas nacionalistas agravan el colapso ecológico y exacerban el subdesarrollo. El internacionalismo también es un antídoto contra la vigilancia y abusos de poder gubernamentales, y es esencial para minimizar los recursos necesarios para construir un ecosistema digital público democrático.
- Establecer mecanismos estrictos en cada paso para desmantelar las formas existentes y potenciales de vigilancia estatal o apropiación indebida de soluciones colectivas por parte de cualquier gobierno. Los acuerdos multilaterales sobre principios y normas para internet son salvaguardas indispensables para construir instituciones y soluciones autónomas y gobernadas democráticamente.
Para complementar y facilitar todo lo anterior, se define una estrategia para la readaptación a la era digital de las autoridades de defensa de la competencia y la implementación de medidas para regular y gravar adecuadamente a las empresas tecnológicas dominantes. Para ello, se propone:
- Evitar la formación de cuellos de botella o visiones de panóptico en el espacio digital regulando las formas de ejercer control corporativo más allá de la propiedad, incluyendo la prohibición de fusiones y adquisiciones, el uso de capital riesgo por parte de corporaciones y las alianzas estratégicas entre empresas que operan en mercados complementarios que amplíen el control de un puñado de empresas a expensas del resto del ecosistema digital.
- Restringir la monopolización de activos intelectuales, como los datos, el conocimiento y el control de las narrativas, por parte de unas pocas empresas líderes. Los reguladores deben limitar la concentración indiscriminada de conocimiento social mediante el acceso a los activos intangibles que han capturado y promover el uso público de los datos y del conocimiento creados colectivamente.
- Gravar a las grandes corporaciones digitales para regular sus acciones y financiar una alternativa que amplíe la soberanía digital democrática. Se deben aplicar impuestos efectivos reconociendo sus posiciones dominantes en sectores clave, lo que les permite capturar rentas extraordinarias. También debe gravarse la apropiación de conocimiento social y de datos.
- Reconocer que no todas las tecnologías son deseables. Las tecnologías que sustituyen al trabajo sin ofrecer alternativas significativas y aquellas que amplían el control o la vigilancia sobre los trabajadores deben ser prohibidas. El nuevo marco de políticas apunta a proteger el trabajo y potenciar su autonomía creativa, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar los derechos humanos y civiles. Se podría incluir una red de seguridad para los trabajadores en la cual los Estados aseguren formación y empleo, entre otros, para el desarrollo y la operación del ecosistema digital liderado por el sector público.
Contexto
Las corporaciones estadounidenses Amazon, Microsoft, Google controlan por sí solas casi el 70 % del mercado de cloud computer (nube computacional) y más de la mitad de los cables submarinos del mundo si se incluye Meta. En otros términos, han adquirido un enorme poder sobre nuestros sistemas sociales, económicos, militares y políticos al hacerse del control monopólico de tecnologías digitales clave.
La adopción acelerada de la inteligencia artificial (IA) no ha hecho sino agravar la situación y presentar una fuerte tensión geopolítica entre EE. UU. y China por el liderazgo del nuevo ordenamiento tecnocapitalista. En todo el mundo, muchas comunidades carecen de la capacidad para trazar sus propios caminos tecnológicos. Sociedades enteras y sus instituciones se ven obligadas a depender de los gigantes tecnológicas, negando a los países el derecho a dar forma a su propio desarrollo. Esta realidad debe cambiar.
La soberanía se refiere clásicamente a la autoridad suprema dentro de un territorio, pero también puede aludir al empoderamiento de una comunidad y a su capacidad para controlar su propio destino. La soberanía digital pone de relieve cómo ninguna comunidad puede aspirar a ser soberana sin reclamar algún dominio sobre la producción y el despliegue de las tecnologías digitales de las que depende.
La soberanía digital podría definirse como «el derecho y la capacidad de las entidades políticas para utilizar y controlar de forma autónoma (independiente y/o autodeterminada) los activos tangibles e intangibles y los servicios digitales que tienen un impacto significativo en la democracia, la economía y la sociedad». El gobierno de la comunidad tiene de hecho un papel importante que desempeñar a fin de garantizar resultados positivos para todos en lugar de grandes beneficios para unos pocos.
Alfredo Moreno
Computador Científico. Director de Sistemas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) y Profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Placts).
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