Prohibir las redes sociales a los menores es sólo el principio: el verdadero problema son las plataformas que incumplen la ley

Que los menores estén presentes en las redes sociales no es solo un problema educativo, ni siquiera únicamente un problema de salud mental. Es, sobre todo, un problema estructural: hemos permitido que sistemas diseñados para explotar datos personales, manipular la atención y maximizar la polarización se conviertan en espacios cotidianos de socialización para los colectivos más vulnerables. Y lo hemos hecho mirando hacia otro lado durante demasiado tiempo.

En ese contexto, el anuncio del presidente del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de dieciséis años supone, contra lo que algunos se apresuran a afirmar, un paso en la dirección correcta. No es una ocurrencia improvisada ni un gesto paternalista: es una medida de protección razonable para el colectivo más vulnerable frente a un entorno digital que se ha demostrado tóxico, manipulador y profundamente asimétrico.

Como explican algunos medios españoles, el anuncio no llega solo, sino acompañado de un paquete más amplio que incluye responsabilidad penal para directivos de plataformas que no retiren contenidos ilegales y una mayor exigencia de transparencia algorítmica.

Proteger a los menores importa, y mucho, y dado que no hemos logrado hacerlo mediante la educación, como sería mi preferencia, debemos planteárnoslo con otras medidas. Odio las prohibiciones, pero los datos acumulados en los últimos años muestran con claridad el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes, desde la amplificación de trastornos de ansiedad y depresión hasta dinámicas de adicción diseñadas deliberadamente para maximizar el tiempo de exposición. Esos daños no han surgido de manera accidental: son el producto intencionado de unas compañías irresponsables y con un comportamiento abiertamente predatorio.

La discusión no termina en la edad de acceso. Limitar el uso de redes sociales a menores de dieciséis años es una medida razonable de protección frente a un entorno digital abiertamente tóxico, pero corre el riesgo de convertirse en un gesto tranquilizador si no se acompaña de una revisión más profunda del funcionamiento real de las plataformas y de su encaje —o choque— con el Estado de derecho.»

Ahora bien, sería un error gravísimo quedarse ahí. La prohibición a menores arregla algo, pero no arregla el problema de fondo. Las redes sociales dominantes siguen siendo, para adultos y menores por igual, estructuras empresariales cuyo modelo de negocio es incompatible con nuestra legislación, especialmente en lo relativo a privacidad, protección de datos, transparencia y derechos fundamentales. Como ya argumenté hace pocos días, hemos permitido durante demasiado tiempo que estas plataformas operen como si estuvieran por encima de la ley, amparadas en una supuesta neutralidad tecnológica que nunca ha existido.

Los argumentos en contra son conocidos y se repiten casi mecánicamente, cuando no directamente se convierten en ridículos e impresentables: se habla de censura, de infantilización de la sociedad o de un supuesto ataque a la libertad de expresión. Pero ninguno resiste un análisis mínimamente riguroso: no hay censura cuando lo que se limita no es el contenido de las ideas, sino un modelo de negocio basado en la explotación sistemática de datos personales. No hay paternalismo cuando el objetivo es proteger derechos fundamentales ya legislados y socialmente consensuados hace tiempo frente a empresas que han demostrado, una y otra vez, que no son capaces o no están dispuestas a autorregularse. Y no hay ataque a la libertad de expresión cuando lo que se exige es que quien quiera operar en una democracia avanzada lo haga respetando sus leyes. No se pretende «sobreproteger», lo que se busca es que las leyes que los europeos nos hemos dado y hemos aceptado desde hace mucho tiempo se cumplan como debe ser.

El núcleo del problema no es quién entra en las redes, sino cómo funcionan las redes. Plataformas basadas en la extracción masiva de datos personales, en la elaboración de perfiles psicológicos y en la manipulación algorítmica de la atención no pueden cumplir, por definición, con normativas como el GDPR sin vaciarlas de contenido. No es que incumplan la ley de forma puntual: es que su arquitectura misma se basa en vulnerarla. Y mientras eso siga siendo así, permitir su operación equivale a aceptar una excepción permanente al Estado de derecho. La experiencia acumulada en países que han empezado a imponer límites reales a las plataformas, desde las sanciones bajo el GDPR europeo hasta las restricciones impuestas por el Digital Services Act, muestra que el impacto no es la desaparición del debate público, sino todo lo contrario: una reducción de abusos, de desinformación organizada y de incentivos perversos. Debemos seguir avanzando con medidas más drásticas en esa misma línea.

Por eso, el siguiente paso lógico, y aquí es donde el debate se vuelve incómodo, es asumir que no todas las redes sociales tienen derecho a operar. Igual que una empresa alimentaria que no cumple las normas sanitarias es clausurada, o un banco que vulnera sistemáticamente la regulación es intervenido, una red social que no pueda demostrar que no procesa datos personales de forma abusiva, que no perfila usuarios y que no utiliza algoritmos opacos para amplificar contenidos en función de sus intereses (sean puramente económicos o directamente sociales o políticos) no pueda seguir operando. Igual que ocurre con cualquier otro sector económico, cuando una empresa no es capaz de cumplir de forma estructural con la normativa vigente, la consecuencia no es una negociación infinita, sino la retirada de su licencia para operar. En el ámbito digital, eso puede implicar la prohibición o el cierre de aquellas redes sociales cuyo modelo de negocio sea incompatible con la legislación en materia de privacidad y derechos fundamentales. No solo para menores. Para todos.

El verdadero problema no es quién entra en las redes, sino cómo operan las redes. Plataformas basadas en la extracción masiva de datos, la elaboración de perfiles psicológicos y la manipulación algorítmica de la atención no incumplen la ley de forma accidental: su arquitectura misma se apoya en vulnerarla, y mientras eso siga así, ninguna regulación parcial será suficiente.»

En este contexto, la idea de exigir responsabilidad penal a los ejecutivos no es ninguna barbaridad, sino una consecuencia natural de aplicar la ley con seriedad, que ya he expuesto anteriormente. Durante años, estas empresas han tratado las multas como un coste asumible del negocio, mientras seguían generando beneficios multimillonarios. Cuando la infracción sistemática deja de tener consecuencias personales para quienes toman las decisiones, el incentivo a cumplir desaparece. Si la única forma de garantizar el respeto a la legislación es que los directivos respondan penalmente por ello, entonces ese es el camino que hay que recorrer.

Algunos pretenden presentar estas medidas como un intento de controlar el discurso público o de limitar la expansión de determinadas corrientes ideológicas. Es una lectura interesada y profundamente errónea: aquí no estamos hablando de ideas, sino de reglas del juego, que hoy están siendo vulneradas por unos y mañana pueden estar siéndolo por otros. La libertad de expresión no incluye el derecho a explotar datos personales, a manipular audiencias mediante algoritmos adictivos, a lanzar y amplificar campañas socialmente corrosivas o a incumplir sistemáticamente la ley.

La prohibición de acceso a menores de dieciséis años es, por tanto, una buena noticia, pero solo si la entendemos como lo que es: el primer paso. Es, sin duda, un tema en el que mi opinión ha ido evolucionando con el tiempo, a medida que íbamos viendo cómo las redes sociales iban pasando de su propósito original, al verdadero desastre en el que se han convertido, en uno de los experimentos sociales más peligrosos que ha vivido la humanidad. No es en absoluto exagerado describir así las redes sociales: nunca antes se había expuesto de forma masiva a miles de millones de personas a sistemas de recomendación opacos diseñados para maximizar adicción, polarización y respuesta emocional, con efectos ya documentados sobre la salud mental, la radicalización política y la calidad del debate público.

Por eso, la prohibición a menores ha pasado a parecerme razonable, pero no suficiente: el verdadero reto empieza después, cuando tengamos que decidir si estamos dispuestos a aceptar que determinadas plataformas no tienen cabida en una sociedad democrática avanzada mientras sigan funcionando como lo hacen hoy. Proteger a los más vulnerables es imprescindible, pero proteger al Estado de derecho frente al negocio de la manipulación es la verdadera tarea pendiente.