La inteligencia artificial y una nueva forma de subordinación: quién decide por la sociedad
Ilustración: Pixabay
La expansión de la inteligencia artificial abrió una disputa que excede ampliamente la innovación tecnológica y sus posibilidades económicas. Desde Europa hasta la Argentina, dos análisis advierten sobre los riesgos de concentrar su desarrollo y control en manos de las grandes corporaciones tecnológicas: la dependencia cognitiva, la pérdida de soberanía sobre los datos y la creciente capacidad de intervenir en la vida social, política y cultural.
La inteligencia artificial está transformando mucho más que los procesos productivos, las formas de trabajar o las maneras de acceder a la información. Su expansión está modificando las relaciones entre conocimiento y poder, entre tecnología y sociedad, y también las condiciones bajo las cuales las personas y los Estados pueden ejercer su autonomía. Detrás de la promesa de una innovación capaz de multiplicar las capacidades humanas se despliega una disputa menos visible, pero decisiva: quién controla las infraestructuras, los datos, los modelos de inteligencia artificial y, en última instancia, las condiciones en que pensamos, nos informamos y tomamos decisiones.
En esta serie de artículos, dos miradas provenientes de contextos diferentes permiten reconocer las dimensiones de un mismo problema. Desde Europa, Xavier Olessa-Daragon plantea que la dependencia tecnológica puede convertirse en una forma de subordinación cognitiva. Desde la Argentina, el investigador Martín Becerra advierte sobre los riesgos políticos y democráticos de entregar información estratégica y capacidades de vigilancia a empresas tecnológicas extranjeras. Aunque parten de escenarios distintos, ambos coinciden en señalar que la cuestión central ya no consiste solamente en aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial, sino en quién establece sus reglas y bajo qué intereses.
La soberanía cognitiva, una nueva frontera de la dependencia
En Le Grand Continent, Xavier Olessa-Daragon desarrolla una advertencia que desplaza el debate sobre la inteligencia artificial de su dimensión económica hacia un terreno mucho más profundo: la soberanía cognitiva. El autor sostiene que dejar el desarrollo de esta tecnología en manos de los gigantes estadounidenses implica resignar la capacidad de decidir sobre herramientas que intervienen cada vez más en la formación del conocimiento, el pensamiento y la percepción de la realidad.
La soberanía cognitiva supone, en su planteo, disponer de modelos propios de inteligencia artificial, centros de datos y chips, pero también desarrollar capacidades sociales para comprender, cuestionar y controlar estas tecnologías. No alcanza con utilizar herramientas producidas por otros: es necesario conservar la posibilidad de intervenir en su diseño, funcionamiento y orientación.
El problema aparece cuando la comodidad se convierte en el principio dominante de la interacción entre las personas y las máquinas. Olessa-Daragon advierte que determinados diseños de inteligencia artificial estimulan la delegación permanente de las capacidades cognitivas, reducen el esfuerzo intelectual y acostumbran a los usuarios a obtener respuestas sin atravesar los procesos de reflexión que permiten construir conocimiento. Frente a esa tendencia, recupera la importancia de introducir lo que denomina Cognitive Forcing Functions: mecanismos que obliguen a pensar, formular respuestas y realizar un esfuerzo propio antes de recurrir a la asistencia de la máquina.
La preocupación no es solamente educativa. También alcanza al trabajo, la competitividad y la formación de profesionales capaces de supervisar estas tecnologías. Si la inteligencia artificial sustituye tempranamente las tareas que permiten adquirir experiencia, advierte el autor, puede terminar debilitando las capacidades humanas que serán indispensables para controlarla.
A esta dependencia se suma otra dimensión: la lingüística y cultural. Los grandes modelos de lenguaje no son instrumentos neutrales. Sus estructuras, los datos con los que fueron entrenados y las lenguas que privilegian pueden influir en las formas de organizar y representar el mundo. La desigualdad de rendimiento entre idiomas, junto con la posibilidad de introducir modificaciones sutiles en los modelos, plantea el riesgo de que las sociedades terminen utilizando sistemas cuyos criterios y referencias culturales responden a intereses ajenos.
El autor extiende esta advertencia al terreno de la seguridad. Depender de modelos controlados desde otro país significa quedar expuestos a decisiones empresariales o políticas que podrían condicionar su disponibilidad, incluso en situaciones de emergencia. La autonomía tecnológica aparece así como una cuestión estratégica que involucra defensa, infraestructura, educación y democracia.
Argentina: datos personales, vigilancia y poder tecnológico
En una perspectiva que acerca estas discusiones a la realidad latinoamericana, el especialista en comunicación Martín Becerra analiza los efectos de la inteligencia artificial y la concentración del poder tecnológico en una entrevista realizada por Daniel Giarone y publicada en Va con Firma.
Becerra describe una transformación que atraviesa simultáneamente los procesos productivos, la economía, el periodismo y la vida cotidiana. Sin embargo, advierte que sus consecuencias no se distribuyen de manera equilibrada. En América Latina, observa, la incorporación de estas herramientas suele traducirse en una mayor presión sobre los trabajadores y en el deterioro de las condiciones de producción. En el periodismo, por ejemplo, la exigencia de generar más contenidos convive con una menor capacidad de edición, curaduría y supervisión profesional, mientras las grandes plataformas digitales fortalecen su posición económica.
Pero el núcleo más inquietante de su análisis aparece cuando aborda la relación entre inteligencia artificial, información personal y control social.
El investigador cuestiona la creación de un denominado «gemelo digital social», impulsado por el Gobierno argentino, que pretende integrar información de distintas fuentes para construir escenarios futuros. Lejos de interpretarlo como una herramienta de modernización administrativa, Becerra lo considera un mecanismo de vigilancia con una orientación esencialmente punitiva. La posibilidad de elaborar perfiles sobre comportamientos futuros y anticipar supuestas conductas delictivas, sostiene, entra en tensión con principios democráticos y constitucionales fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
La preocupación se profundiza al analizar la relación del Gobierno con Estados Unidos y el desembarco de Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies. Becerra advierte que el tratado comercial firmado por el Ejecutivo argentino habilita la transferencia de datos de ciudadanos argentinos a Estados Unidos, donde tienen su sede las principales empresas globales de Internet. En ese contexto, señala los vínculos de Thiel con los aparatos estatales y militares estadounidenses e israelíes, y cuestiona el poder que adquieren empresas privadas extranjeras en el manejo de información estratégica.
La entrevista también incorpora una dimensión menos visible, pero igualmente decisiva: la disputa por la subjetividad. La inteligencia artificial no solo interviene en la producción y circulación de información; también comienza a ocupar espacios de consulta, acompañamiento y construcción de vínculos personales. Para Becerra, esta transformación obliga a discutir qué tipo de relación queremos establecer con estas tecnologías y qué responsabilidades deben asumir quienes las desarrollan y administran.
En esa dirección, recupera la advertencia del papa León XIV sobre la falta de neutralidad de la inteligencia artificial y la necesidad de que el poder político, y no exclusivamente el tecnológico, establezca sus condiciones de funcionamiento. Una discusión que, a su juicio, permanece relegada en la agenda pública argentina y cuya ausencia constituye también un síntoma del deterioro democrático.
Una disputa que no admite espectadores
Los dos trabajos convergen en una cuestión fundamental: la inteligencia artificial se está convirtiendo en una infraestructura de poder. Su capacidad para organizar información, orientar decisiones, intervenir en los procesos productivos y modelar comportamientos hace que su control ya no pueda quedar reducido a una discusión entre empresas tecnológicas, especialistas e inversores.
La soberanía cognitiva que reclama Olessa-Daragon y las advertencias sobre vigilancia y concentración de datos que formula Becerra son expresiones de una misma preocupación: la posibilidad de que las sociedades pierdan capacidad de decisión sobre tecnologías que ya forman parte de su vida cotidiana.
La dependencia no se mide únicamente por la procedencia de los dispositivos o los programas utilizados. También se expresa en quién establece los criterios de funcionamiento, qué intereses orientan los algoritmos, qué información se recopila, quién puede acceder a ella y qué márgenes de intervención conservan los Estados y los ciudadanos.
Por eso, el debate no debería quedar atrapado entre la celebración acrítica de la innovación y la resistencia a cualquier transformación tecnológica. Como plantea Becerra, la alternativa no consiste en prohibir o habilitar indiscriminadamente, sino en discutir qué usos son socialmente deseables, qué regulaciones resultan necesarias y cómo distribuir los beneficios y los costos de esta transformación.
La pregunta que atraviesa ambos artículos es, en definitiva, política: ¿podrán las sociedades conservar la capacidad de decidir sobre las tecnologías que organizan cada vez más aspectos de su existencia o terminarán adaptándose a decisiones tomadas por un reducido grupo de corporaciones y gobiernos?
Porque la disputa por la inteligencia artificial no es solamente una carrera por producir máquinas más poderosas. Es, fundamentalmente, una disputa por el conocimiento, la autonomía y el futuro de nuestras democracias.
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