Informe de la CPM: En seis meses hubo más personas heridas y detenidas que en todo el 2024
Con la información relevada durante el primer semestre del 2025, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el anfiteatro de la sede de ATE Nacional su segundo informe especial sobre represión a la protesta social.
Se gastan miles de millones para reprimir al pueblo, pero no hay plata para las universidades, ni los médicos. Lo que estamos viviendo con el protocolo antipiquetes es autoritarismo y es cada vez más peligroso el avance hacia el totalitarismo», señaló el nobel de la paz y presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, durante la presentación del informe.
En los primeros seis meses del 2025, las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reprimieron más de la mitad de las manifestaciones públicas y pacíficas que se realizaron en CABA, ámbito casi exclusivo de la aplicación del protocolo antipiquetes. Si se tiene en cuenta que el año pasado se reprimieron tres de cada diez manifestaciones, los datos de 2025 dan cuenta de una decisión político-institucional de responder aún con más violencia y represión a los reclamos de amplios sectores de la sociedad, en particular de los sectores más vulnerables como el caso de los adultos mayores.
El informe advierte el crecimiento exponencial de la represión que pasó de 1251 personas heridas en todo 2024 a 1251 en solo seis meses de 2025. También las detenciones arbitrarias pasaron de 93 en todo el año pasado a 130 en este primer semestre.
La consecuencia inmediata es el aumento exponencial de la violencia estatal en el contexto de las manifestaciones públicas: en sólo seis meses hubo más personas heridas y detenidas en la movilización que en todo el 2025.
Los datos del informe fueron presentados públicamente en un acto en el anfiteatro de la sede nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. Junto con Adolfo Pérez Esquivel estuvieron en la mesa el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Juan Manuel Irrazábal, el secretario ejecutivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA-Defensoría del Pueblo, Ezequiel Paulicci, y el Secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García, y la directora general, Sandra Raggio.
Este informe especial sobre represión a la protesta social es el resultado de las tareas de monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad en el contexto de movilizaciones que viene realizando la Comisión Provincial por la Memoria desde la implementación del protocolo antipiquetes. Labor de control que desarrolla en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense y en el marco del trabajo conjunto con el CNPT y el Mecanismo Local de CABA.
En ese sentido desde los tres organismos, que integran el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, se destacó la labor de control de las fuerzas de seguridad que se ejerce en el marco de las atribuciones que les confiere la ley. Asimismo, valoraron el compromiso de esa tarea para la producción de datos que permitan documentar la violencia estatal en el marco de la protesta social desde la aplicación del protocolo antipiquetes. Ese trabajo, incluso, fue reconocido por nueve relatorías especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas en la advertencia que enviaron al Estado argentino por las graves violaciones a los derechos humanos en la protesta.
En el periodo analizado se reprimieron cinco de cada diez movilizaciones, contra tres de cada diez el año pasado.
Este nuevo informe señala que en todas las manifestaciones se registró un despliegue policial desproporcionado en número y recursos en relación a la cantidad de manifestantes convocados, tanto en el lugar de la concentración como en las zonas aledañas. En distintas marchas llegaron a duplicar y hasta triplicar la cantidad de participantes. El objetivo principal de las fuerzas de seguridad se centró en el control del espacio público y la aplicación extralimitada y arbitraria del denominado protocolo antipiquetes, llegando a reprimir sobre las veredas y las plazas.
En ese despliegue represivo, las fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria— y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires utilizaron contra los manifestantes armas menos letales de manera irracional y desproporcionada, sin respetar los protocolos de usos. Dispararon con postas de goma a corta distancia y contra zonas vitales, también de manera directa contra los manifestantes con granadas de gas lacrimógeno, arrojaron gases químicos directo sobre los rostros, lanzaron agua a presión, y golpearon con tonfas y escudos. No cumplir con estos protocolos transforman estas armas en letales.
Al menos 1251 personas fueron heridas, 36 más que en todo el año 2024. Las víctimas tuvieron lesiones de distinta gravedad, dos de ellas muy graves: uno perdió la visión de su ojo, el otro, el fotorreportero Pablo Grillo, estuvo internado en terapia intensiva durante 83 días, con una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica producto del impacto con una bomba de gas lacrimógeno; aún hoy, Grillo continúa internado recuperándose de las graves lesiones.
El incremento de la cantidad de fuerzas policiales que se despliegan duplican o triplican en muchos casos a los manifestantes.
Entre las víctimas, hubo 132 adultos mayores y cuatro niños, niñas y adolescentes. Estas personas integran grupos especialmente vulnerables y es importante considerar que la mayor parte de las represiones fueron precisamente sobre las movilizaciones que realiza cada miércoles el frente de Jubilados.
Además, fueron víctimas de la represión 179 periodistas que cubrían los hechos y al menos veinte defensores de derechos humanos, entre ellos integrantes del equipo de monitoreo de la CPM, que desempeñaban tareas de control del despliegue policial.
También hubo más detenciones en estos meses que en todo el año anterior: 93 contra 130. Como ocurrió en el primer año, se trató en todos los casos de detenciones arbitrarias, la mayoría de ellas durante las desconcentraciones. Entre las personas detenidas había periodistas, vendedores ambulantes, dos jóvenes y transeúntes que pasaban por el lugar sin tener participación alguna con las manifestaciones.
La continuidad de acciones de inteligencia ilegal en las marchas, la nula investigación judicial o administrativa de estos hechos de violencia estatal también son analizados en el informe.
El caso más grave se dio durante la represión del 12 marzo, mismo día de la agresión al fotorreportero Grillo. Durante esa jornada se detuvieron a 114 personas, en lo que se constituyó como el mayor despliegue represivo desde el 2001. Esas detenciones se hicieron sin las mínimas garantías legales, sin informar los motivos ni los lugares de las detenciones. Por ese motivo, la jueza Karina Andrade ordenó a las pocas horas la libertad de todas las personas y advirtió sobre las graves irregularidades en estas detenciones.
El informe describe, además, otras graves vulneraciones a los derechos que se observan durante estas movilizaciones: la presencia de efectivos policiales con sus armas reglamentarias, a pesar de estar prohibido su uso en las movilizaciones, la realización de tareas de inteligencia ilegal y la falta de condena sobre estos graves. Los sumarios internos administrativos se cerraron sin sanciones y las causas penales que tramitan en la justicia casi no tienen avances significativos.
Además de la mesa que presentó el trabajo de monitoreo y los datos de este segundo informe especial de la CPM, acompañaron el acto los integrantes del organismo Víctor de Gennaro, Ana Barletta, Elsa Pavón, María Sondéreguer, Ana Soffiantini, el padre Miguel Velo, Víctor Mendibil y Guillermo Torremare.
Desde el público, participaron el secretario general de ATE Nacional Rodolfo Aguiar, el secretario general de la CTA Autónoma Hugo cachorro Godoy, el exdiputado Claudio Lozano, la militante política y feminista Nina Brugo, el comisionado del CNPT, Kevin Nilsen, y el secretario ejecutivo del CNPT, Alan Iud.
A pesar de la represión acelerada e indiscriminada, que busca infundir el miedo y desalentar la protesta, todos quienes tomaron la palabra destacaron la capacidad de resistencia, organización y movilización del pueblo frente a las políticas que cercenan los derechos de las grandes mayorías.
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