Free Press revela los métodos de la administración Trump para coartar la libertad de expresión
Un informe reciente de Free Press registra más de quinientas acciones del gobierno de Donald Trump que, entre intimidaciones, presiones regulatorias y uso intensivo de fuerzas de seguridad, configuran un clima amenazante para el ejercicio de la libertad de expresión en 2025. Aunque varios de estos intentos fueron frenados por la justicia, el documento advierte un retroceso democrático que exige contrapesos institucionales y participación ciudadana sostenida para preservar el pluralismo y los derechos constitucionales.
El grupo de defensa de la libertad de expresión estadounidense Free Press publicó el lunes 8/12 un informe que examina cómo el presidente Donald Trump y «sus facilitadores políticos han trabajado para socavar y limitar las libertades más básicas protegidas por la Primera Enmienda»[1]La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, adoptada el 15 de diciembre de 1791, impide que el Congreso sancione leyes que restrinjan la libertad de religión, expresión, prensa, … Continue reading desde que el republicano regresó a la Oficina Oval en enero.
Estas prácticas, según Free Press, tienen como finalidad deslegitimar a voces disidentes y consolidar una versión oficial de los hechos. Al respecto, el texto remarca que, aunque la desinformación política no es nueva en EE. UU., el volumen y la constancia de estas acciones habrían alcanzado niveles sin precedentes. Este estilo se apoya en un círculo de funcionarios y aliados dispuestos a traducir las declaraciones presidenciales en políticas concretas, muchas veces bajo interpretaciones expansivas de sus facultades regulatorias.
Para la realización de Chokehold: Donald Trump’s War on Free Speech & the Need for Systemic Resistance (Presión sofocante: la guerra de Donald Trump contra la libertad de expresión y la necesidad de una resistencia sistémica),[2]Chokehold significa literalmente «llave de estrangulamiento» o «estrangulamiento» en el sentido de una maniobra de control físico. En lenguaje metafórico —como en el título del informe— se … Continue reading Free Press analizó más de quinientos informes de amenazas verbales, órdenes ejecutivas, memorandos presidenciales, declaraciones de la Casa Blanca, acciones de reguladores y agencias, despliegues y actividades militares y policiales, litigios, eliminación de sitios web.gov y de información oficial en parques y museos nacionales, además de suspender la recopilación de datos por parte del gobierno federal.
«Si bien el gobierno de Estados Unidos ha hecho esfuerzos a lo largo de la historia de esta nación para censurar la expresión y asociación de las personas (ya sea el ejercicio de la libertad de expresión, religión, prensa, reunión o el derecho a solicitar reparación al gobierno), los incesantes ataques de la administración Trump contra el discurso opositor son excepcionalmente agresivos, generalizados y crecientes», afirma el informe.
Los cinco métodos de ataque recurrentes que identificó Free Press son: hacer amenazas de represalias contra posibles oponentes; envalentonar a los reguladores para que impongan sanciones; sobrecargar el estado policial militarizado; aprovechar la capitulación de grandes corporaciones; e ignorar los hechos, eliminar información, reescribir la historia y mentir oficialmente.
«La estrategia de censura de Trump es responsable de la filosofía basada en la represalia de la administración e inspira un conjunto de estrategias que los actores leales del gobierno utilizan para silenciar la disidencia y coartar la libertad de expresión», afirma la autora del informe, Nora Benavidez, asesora principal de Free Press. «Esta estrategia consiste en mentir, distorsionar la realidad para el público y desplegar un grupo de secuaces para ejecutar las amenazas de represalia de Trump».
Free Press compiló una cronología de «casi doscientos de los ejemplos más potentes», incluido el indulto general de Trump a los insurrectos del 6 de enero de 2021 poco después de comenzar su segundo mandato, la toma de control del grupo de prensa presidencial por parte de la Casa Blanca en febrero, el alarmante discurso del presidente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en marzo y el bloqueo de la administración a Associated Press de la Oficina Oval en abril por su negativa a referirse al Golfo de México como el Golfo de América.
En mayo, Trump, entre otras cosas, firmó una orden ejecutiva para desfinanciar la Radio Pública Nacional y el Servicio Público de Radiodifusión. En junio, desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles. En julio, demandó a Rupert Murdoch y al Wall Street Journal por diez mil millones de dólares por informar sobre los vínculos del presidente con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. En agosto, desplegó la Guardia Nacional en Washington, D. C.
En septiembre, bajo presión de Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Trump, ABC suspendió temporalmente al presentador nocturno Jimmy Kimmel. En octubre, entró en vigor la nueva política de prensa del Pentágono, que periodistas de todo el espectro político se negaron a firmar. Y en noviembre Trump amenazó con demandar a la BBC por su documental sobre el 6 de enero de 2021.
La administración también ha atacado a académicos y periodistas extranjeros por criticar la política estadounidense por el apoyo federal al ataque genocida de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza hasta la iniciativa del presidente de deportaciones masivas. El informe subraya que «nadie está a salvo de los ataques en el afán de Trump por controlar el mensaje, aunque la administración ataca sobre todo a la prensa».
La publicación también rechaza «las afirmaciones de Trump de que está protegiendo a la gente y defendiendo la libertad de expresión» y reconoce que «las tácticas de censura de la administración están acumulando una tremenda resistencia con muchas personas preocupadas por los ataques del gobierno a la libertad de expresión».
Benavidez enfatizó que «si una sola persona se pronuncia contra la injusticia, su discurso es notable, pero también es más vulnerable al ataque y la subversión bajo esta administración». «Si más personas denuncian la injusticia, el clamor colectivo puede resistir con mayor facilidad las represalias del gobierno», continuó. «Las democracias se erosionan poco a poco; los aspirantes a dictadores solo necesitan asustar a algunos, y el resto los seguirá. La razón por la que debemos alzar la voz juntos es para que podamos aprovechar nuestro poder colectivo».
El capítulo final subraya que distintas formas de resistencia —protestas, acciones legales, cobertura mediática crítica y presión pública coordinada— han logrado revertir algunas decisiones gubernamentales, como el retiro de programas televisivos o medidas policiales específicas. El informe sostiene que la experiencia histórica muestra que la participación activa es un elemento indispensable para frenar tendencias autoritarias y evitar un deterioro democrático mayor. Señala asimismo que, pese al clima de intimidación, EE.UU. conserva instituciones fundamentales como elecciones competitivas y un sistema de medios aún diverso.
El documento concluye que las tendencias observadas configuran un escenario en el que la libertad de expresión enfrenta desafíos significativos. Destaca que la combinación entre amenazas retóricas, acciones estatales, presión sobre instituciones y estrategias comunicacionales amplifica los riesgos para la deliberación pública y el pluralismo. Frente a ello, propone una serie de recomendaciones que buscan fortalecer la independencia institucional, proteger a quienes ejercen derechos constitucionales y promover ecosistemas informativos más robustos. El informe afirma que revertir el deterioro democrático requiere priorizar principios constitucionales por encima de intereses partidarios y sostiene que la vigilancia ciudadana, la acción colectiva y el fortalecimiento de contrapesos institucionales serán claves en los próximos años.
Editor de Esfera Comunicacional
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Notas
| ↑1 | La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, adoptada el 15 de diciembre de 1791, impide que el Congreso sancione leyes que restrinjan la libertad de religión, expresión, prensa, reunión y petición. Igualmente, estas protecciones impiden que el gobierno federal coarte estas libertades esenciales para los ciudadanos |
|---|---|
| ↑2 | Chokehold significa literalmente «llave de estrangulamiento» o «estrangulamiento» en el sentido de una maniobra de control físico. En lenguaje metafórico —como en el título del informe— se usa para describir una situación de asfixia, bloqueo o control extremo que limita severamente la libertad de acción de alguien o de algo. En este caso, alude a una «presión sofocante» sobre la libertad de expresión. |
