El proyecto tecnolibertario de Silicon Valley y Milei es una amenaza para una democracia soberana

En el capitalismo «Estado mínimo» es aquel que, en lugar de crear o añadir nuevos axiomas, se enfoca en sustraerlos o eliminarlos para dar rienda suelta a la lógica del mercado y de la acumulación. Estado mínimo es Estado totalitario que sustrae axiomas —leyes o normas abstractas— para operar a través del mercado externo.» 

Gilles Deleuze

Estamos presenciando en los últimos años una gran cantidad de ideas audaces —a menudo desconcertantes y varias de ellas inhumanas— que surgen de las filas de la elite tecnológica del Silicon Valley, ahora presentes en el gobierno de los Estados Unidos. Esta nueva oligarquía quiere reorganizar la vida analógica al modelo digital subyacente en la red Internet.

Pensemos en los tecnolibertarios como Balaji Srinivasan y Peter Thiel, quienes alientan el Estado en red. Según sus palabras, un «Estado en red es una red social con una E, un nivel de civilidad en persona, una criptomoneda integrada, un gobierno consensuado limitado por un contrato social inteligente, un archipiélago de territorios físicos financiados colectivamente, un capital virtual y un censo en cadena que demuestra una población, ingresos y presencia inmobiliaria lo suficientemente grandes como para alcanzar una medida de reconocimiento diplomático»; o, cómo lo describe Michel Nieva en Ciencia ficción capitalista (Anagrama, 2024),  donde las ciudades flotantes en alta mar (seasteding), conforman una doctrina de escape para los aristócratas digitales, donde se imagina feudos de blockchain con ciudadanía a la carta y fuerzas policiales en la modalidad pay-per-view, etc. PeterThiel anhela plataformas oceánicas donde los ricos puedan flotar más allá del alcance de los Estados, mientras sus fantasías libertarias se mecen como yates de lujo en aguas internacionales.

En la Argentina, la demolición del Estado no empezó con el presidente Milei. El gobierno de Mauricio Macri ya había instalado la idea de la «nueva gerencia pública», un modelo de gestión que propuso administrar lo público como una empresa privada, basada en el concepto de gerenciamiento de alta calidad. En línea con las oligarquías tecnolibertarias del gobierno de Trump, Milei pretende sustituir la gestión en la administración de lo público. En lugar de gerentes y funcionarios, algoritmos.

La tecnoutopía de los magnates corporativos, como Elon Musk, sueñan con conquistar marte para los millonarios del mundo o promover islas sin Estado, pero gobernadas por accionistas y algoritmos. La fantasía de la «motosierra» libertaria imagina una administración automatizada, gobernada por algoritmos y plataformas digitales, libre de «ineficiencias humanas» y de «la política».

Esta fantasía tecnocrática es profundamente política, aunque se disfrace de neutralidad. Impone una forma de entender la administración pública como mera gestión de lo dado, negando la dimensión conflictiva, deliberativa y transformadora que tiene toda política pública.

Los problemas que se deben atender, a quién priorizar, qué derechos garantizar, lo hacen los gobiernos y las sociedades a través de la política como herramienta emancipadora y soberana o, como estamos presenciando en estos días, de entrega del patrimonio nacional.

Javier Milei se declara fanático de la inteligencia artificial. En junio de 2024, realizó su visita histórica al Silicon Valley que incluyó encuentros con los máximos referentes de la industria tecnológica. Sam Altman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google) y Tim Cooke (Apple) no sólo recibieron a Milei, sino que también se sacaron fotos con los pulgares hacia arriba plegándose a la narrativa que el presidente impuso en las redes sociales.

Además, se encontró con los CEO tecnolibertarios como Greg Brockman, el cerebro detrás de ChatGPT, y Marc Andreessen, el fundador de Napster y quien le dio el espaldarazo en los negocios a Mark Zuckerberg como se ve en la película El Efecto Facebook. También vio a Alexandr Wang —fundador y CEO de Scale AI, empresa que entrena las IA de varios de los modelos referentes como Gemini de Google y que tiene argentinos en su equipo— y a Anatoly Yakovenko, fundador de Solana.

En estos encuentros, el presidente argentino, deslizó la idea de emular a El Salvador. Allí el gobierno de Bukele firmó con Google un acuerdo estratégico de siete años, aprobado por ley, para digitalizar áreas claves del gobierno. Por este acuerdo Google localizó oficinas en el país. El acuerdo contempla digitalizar áreas como educación con Google Workspace y Chromebooks y la salud y la administración pública con Google Cloud. Esto significa que la empresa no solo provee plataformas escolares y equipos, sino que también accede y gestiona infraestructuras críticas cargadas de datos sensibles, como los sistemas sanitarios y gubernamentales. Ciertamente, no se trata de un avance técnico neutro sino de una cesión profunda de soberanía en la gestión de áreas estratégicas del estado salvadoreño.

La bese conceptual de un nuevo Estado está en las declaraciones de Milei y su equipo de asesores o funcionarios argentinos en EE. UU. como Demian Reidel, presidente del Consejo de Asesores Económicos o Mat Travizano, un emprendedor tecnológico argentino que vive en San Francisco y ayudó a tender las redes gracias a las relaciones que tiene con personas claves de la industria; quienes sostienen: «Lo primero y fundamental es señalar que las ideas de libre mercado y libre empresa son un substrato ideológico en el cual las conversaciones han encontrado un entendimiento inmediato». La idea de transformar a la Argentina en un hub de AI está inspirada en dos convicciones: la IA es una tecnología que transformará el mundo y determinará ganadores y perdedores en las próximas décadas (algo así como lo que pasó en la revolución industrial pero más rápido y amplificado); la Argentina tiene condiciones que brindan una ventana de oportunidad. Algunas de estas condiciones incluyen un posicionamiento geopolítico convenientemente alejado de los focos de conflicto, educación técnica de calidad, talento técnico, conectividad, energía, agua, etc.

Del dicho al hecho, en los primeros días de septiembre de 2025, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, presentó las jornadas de Trayectoria Formativa en Inteligencia Artificial (IA). Junto al subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, César Gazzo, convocaron en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) a referentes en nteligencia artificial de Google, META y Microsoft con el objetivo de capacitar a agentes públicos sobre la gestión del Estado mediante algoritmos de IA.

Entonces, allí donde el gobierno no pueda cerrar ministerios y organismos imagina sustituirlos con sistemas automatizados. Solo que la promesa de eficiencia tecnológica esconde un proyecto más profundo: la fantasía de un Estado reemplazado por algoritmos y los datos patrimonio de Argentina en servidores de almacenamiento de las corporaciones digitales.

Soberanía digital

Los algoritmos no son neutros: reproducen los valores y las prioridades de quienes los diseñan. En El Salvador, entregar la educación digital y los datos a Google no significó un salto técnico, sino una cesión de soberanía. Lo mismo ocurriría si se tercerizan áreas como salud, defensa o seguridad social. El control de lo público quedaría en manos de corporaciones globales; es decir, fuera de todo control democrático. La soberanía digital no es un capricho, es la condición para que la inteligencia artificial esté al servicio de los pueblos y no de intereses privados o geopolíticos. Esto implica construir capacidades propias, tanto tecnológicas como institucionales, y apostar por desarrollos regionales comunitarios, como los que comienzan a impulsarse en América Latina con LatamGPT, los Brics y otras instancias de integración global alternativa, que buscan escapar al monopolio de las grandes corporaciones tecnológicas del Silicon Valley.

Algoritmos, datos y política

El desarrollo y aplicación de tecnologías de IA en el ámbito estatal requiere una regulación robusta, basada en principios de ética pública y transparencia, control democrático, protección de los derechos fundamentales y soberanía tecnológica y de los datos. Todo esto es importante e inexistente en la regulación en Argentina. Estas acciones son necesarias, pero no suficientes. Necesitamos avanzar hacia un proyecto que nos permita decidir sobre qué bases se construyen sistemas automatizados de procesamiento y almacenamiento de datos, en particular de los millones de datos personales que se tratan diariamente.

Si la tecnología se diseña con fines de negocio, acumulará poder y datos para pocos. Si se diseña con fines de bien público, puede fortalecer la democracia, la justicia social y la soberanía digital. Eso implica que el Estado no sólo regule, sino que también diseñe y modele los sistemas tecnológicos desde el inicio, en función de objetivos colectivos. De ninguna manera se trata de rechazar la innovación, sino de recuperar la imaginación política: pensar tecnologías al servicio de la ciudadanía y del bien común.

La IA puede asistir en la producción y análisis de información para decisiones basadas en evidencia; en la detección temprana de problemas sociales, sanitarios o económicos; en la gestión de grandes volúmenes de datos; e incluso en la proyección de escenarios futuros mediante inferencias complejas. Puede ayudar a optimizar recursos, reducir tiempos administrativos y mejorar la accesibilidad de los servicios públicos. Pero debe estar subordinada a decisiones democráticas y soberanas. Lo contrario es aceptar que algoritmos y plataformas basadas en software diseñados en el norte global, con lógicas de mercado definan el rumbo de nuestras sociedades.

La promesa de eficiencia tecnológica y la «inocencia» del solucionismo tecnológico esconde un proyecto más profundo: la idea de un Estado reemplazado por algoritmos. Lo que está en juego no es solo la privacidad de la población, sino la capacidad misma del Estado de conducir sus políticas en áreas vitales.

La pregunta no es solo quién usa la inteligencia artificial, sino quién la diseña, donde se procesa, conocer el modelo de datos, con qué valores y al servicio de quién. El futuro digital puede ser emancipador, pero sólo si está guiado por un proyecto emancipador.